Desde que Ferrovial tomó la decisión anunciada de trasladar la sede social a los Países Bajos, las presiones -públicas y privadas- que ha recibido del gobierno que preside Pedro Sánchez han estado continuas e intensas. Las más coactivas han sido las del ministerio de Hacienda, a través de la Agencia Tributaria, concretadas en un intercambio epistolar del cual solo se ha filtrado una parte. La parte que no se conoce debe de ser todavía más intimidatoria.
Las formas -al menos las aparentes- de un gobierno socialista no son exactamente las de un gobierno del Partido Popular, pero los socialistas españoles tampoco han despuntado nunca por la bonhomía y la humildad. La ministra de Asuntos Económicos, Nadia Calviño, y la misma titular de Hacienda, María Jesús Montero, ni siquiera se han molestado a esconder el agror en este episodio. Incluso el mismo Pedro Sánchez ha aludido directamente al presidente de Ferrovial, Rafael del Pino, afirmando que se ha enriquecido “en buena parte gracias a los españoles”. El presidente del gobierno todavía ha estado más incisivo: “La patria no es solo hacer patrimonio. Es ser solidario, apoyar y ayudar cuando tu país tiene necesidad. Estamos hablando de la tercera fortuna de España”.
Queda claro, pues, y por si alguien encara no se había dado cuenta, que la “patria” de Pedro Sánchez es la misma de siempre. Y que el patriotismo europeo es solo un recurso útil para los discursos institucionales en instancias comunitarias o para reprochar a los independentistas catalanes el “vuelo gallináceo y antisolidario” que los caracteriza desde la óptica del PSOE. El hecho que los Países Bajos sean un Estado de la Unión no cambia ni un milímetro la percepción de
Esta alteración tiene un punto de sentido cuando se constata de que viven la mayoría de las empresas de la Ibex-35, la relación viciosa que han establecido con los sucesivos gobiernos del Estado y los privilegios que han obtenido a copia de concurso y adjudicación públicos. Estos gobiernos -todos- han fortalecido las grandes compañías y los grandes bancos con una perspectiva patriótica autárquica y a menudo burlando las reglas de libre competencia fijadas por la normativa europea.
En este sentido, también llama la atención la respuesta del Partido Popular y de la prensa de la corneta y el tambor -que en Madrid hace mayoría absoluta- ante la decisión de Rafael del Pino. Han insistido una y otra vez en la idea que Ferrovial “se va de Pedro Sánchez, no de España”, y han defendido con ardor guerrero la pretensión de la empresa. Unos dirigentes y unos medios caracterizados por un discurso patriótico ultramontano ahora reivindican el cambio de sede social de la empresa “porque quiere ser más competitiva y crecer buscando cotizar en la Bolsa de los Estados Unidos antes de que no acabe el 2023. Este es el claro y legítimo deseo de la compañía”. Seguro que es esto. El que podría llamar la atención a algún ingenuo es la aplicación de criterios financieros estrictos en una cuestión que la derecha en España suele tomarse desde las vísceras nacionales más alteradas. Obviamente, la actitud solo tiene sentido como maniobra de desgaste dirigida contra Sánchez y el PSOE.
El caso Ferrovial ha alterado los papeles de los dos frentes ideológicos en España. Al final han sido las autoridades europeas las que han tenido que recordar en el gobierno español qué significa ser miembro de la UE. La Comisión Europea ha abierto un nuevo expediente sancionador en España por haber superado el plazo marcado para adecuar la legislación interna a la norma comunitaria que armoniza los traslados, las fusiones y las divisiones de empresas.
