El dato de inflación interanual de los alimentos del mes de febrero de 2023 denota un aumento de precios del 16,6%. Juan Roig, amo de Mercadona, no se esconde y hace unos días decía “Hemos subido los precios una burrada”, por a continuación matizar: «Si no los hubiéramos subido, el desastre en la cadena de producción habría sido impresionante». Claramente, el empresario no pierde la oportunidad de trasladar su mensaje sobre el alza de precios, que podemos resumir de la forma siguiente: no había más remedio que subir los precios y no lo hemos hecho para aumentar los beneficios.
Según datos de la consultora Kantar, los cinco supermercados con más peso en la distribución de alimentos en España durante los últimos tres meses del 2022 sumaban el 49,8% de la cuota de mercado. Mercadona es el que más tiene: un 25,3%. Claramente, Roig tiene poder. Entonces, aparte del que argumenta el empresario, que sube los precios por no malograr la cadena de distribución, podemos plantear una según posibilidad: que sube precios por aumentar beneficios gracias al poder de que dispone.
Max Weber definía el poder como la posibilidad de imponer la voluntad propia sobre el comportamiento de otra gente. Si Mercadona tiene poder, entonces tiene la capacidad de aumentar los precios para aumentar sus beneficios, el que sería la voluntad propia, según Weber. Y esto lo hace a expensas de muchos hogares que seguro querrían pagar menos dinero por sus alimentos o comprar comer más sano. En otras palabras, lo hace pisando la voluntad ajena. Y tampoco se tiene que preocupar mucho de muchos de los otros supermercados. O son demasiado pequeños para hacerle sombra o simplemente siguen las decisiones de precios que dicta la empresa valenciana. Parece ser, pues, que el pensador alemán se inclinaría hacia la segunda opción. Mercadona puede aumentar precios para tener más beneficios y no para cuidar la cadena de distribución.
Yo pienso que la hipótesis correcta es la segunda. La izquierda parlamentaria y los sindicados, con sus declaraciones, piensan el mismo. Pero esto no es solo una cosa de progresistas. Estoy seguro de que muchos empresarios que han fijado los precios de sus productos gracias al poder de mercado del cual disponen piensan el mismo sobre la estrategia de Mercadona. Pero Roig seguirá insistiendo en qué esto no es así. No me interesa aquí hacer recuento de opiniones, sino pensar sobre cómo podemos tener una conversación más objetiva sobre este tema.
Supervisión de precios
Si el estado procesara muchos de los datos de que dispone para tener información detallada de la evolución de precios y márgenes empresariales, daríamos un paso adelante muy sustancial. En realidad, las instituciones públicas ya disponen de mucha de esta información, pero no la convierten en conocimiento útil para mejorar la discusión pública sobre el reparto de los beneficios y costes dentro de la sociedad, ni para poder diseñar mejores políticas basadas en los datos y en la evidencia empírica. A continuación detallo una propuesta, que es muy similar a la que plantea CCOO para mejorar la negociación colectiva.
En principio, utilizando dos fuentes de datos de las cuales ya dispone la administración pública tendríamos bastante. Por un lado, la Agencia Tributaria tiene información sobre las ventas y las compras de cada empresa trimestralmente a través de las declaraciones del IVA. Esta información ya sería suficiente para conocer la evolución del precio de un producto. Por ejemplo, podríamos saber si Mercadona sube precios por cada uno de sus productos. Igualmente, podríamos saber cómo reaccionan los otros supermercados a las decisiones del líder de su sector. ¿Suben precios cuando Mercadona los sube? ¿Hay guerras de precios entre las diferentes cadenas de distribución? ¿Cuándo las presiones de costes inflacionarias desaparecen, los precios bajan?
Por otro lado, necesitamos también vincular los cambios en los precios a la evolución de los márgenes empresariales sobre ventas. Por eso podemos combinar los datos de la administración del IVA con las de la Seguridad Social. Esta conoce los trabajadores que tiene cada empresa y sus salarios, puesto que es la información que utiliza para gestionar las cotizaciones de empresarios y trabajadores a sus arcas. La suma de las compras que una empresa realiza y la suma de sus costes laborales nos informa sobre los costes en que incurre la empresa para llevar a cabo su actividad. Por otro lado, la suma de las ventas nos informa sobre los suyos ingresos. La diferencia entre los dos es el margen empresarial sobre ventas.
Por lo tanto, el Estado no tiene que hacer ninguno gran inversión en recolección de datos para tener información de fiabilidad altísima sobre la evolución de los precios y, a la vez, saber si una subida de precios se acompaña de aumentos en los márgenes empresariales. Solo hace falta que ponga sus estadísticos e informáticos a trabajar los datos de las cuales ya dispone actualmente. En la era del big data y la digitalización no es ciencia ficción, sino poner al día la capacidad institucional del gobierno democrático. Y en este caso, redundaría en beneficio del debate público sobre el reparto de los costes dentro de nuestra sociedad. La discusión acontecería más transparente. Quién saldría perdiendo sería Juan Roig, porque sería fácil señalarlo cuando el comportamiento real de su empresa no se corresponda con el que él anuncia.
Regulación de precios
La información sobre la evolución de los precios y de los márgenes empresariales no tendría que servir solo para mejorar la transparencia y el debate público, sino que se tendría que orientar a la acción. Dedo de otro modo, poder regular los precios en aquellos momentos en que se considere necesario. Por ejemplo, cuando sea evidente que una empresa ha aumentado los precios para incrementar sus márgenes de beneficio aprovechando un contexto inflacionario. O también cuando se sabe que el poder monopolístico de una empresa le permite tener unos márgenes desproporcionados. La transparencia sobre los beneficios en cada sector también sería útil para que nuevas empresas entraran a competir en aquellas actividades económicas en que las inversiones tienen un retorno mayor.
Muchos economistas deslegitiman la utilidad de la regulación de precios. Aun así, su uso puede ser útil, siempre que se haga en determinadas circunstancias. El economista de Harvard John K. Galbraith explica una lección muy importante de su experiencia como regulador de precios durante la Segunda Guerra Mundial: la mejor manera de regular un precio es ponerle un tope de acuerdo con los últimos precios más altos observados. De este modo se impide que un precio siga subiendo y, además, sabes que las empresas son viables al precio actual. Y siempre se puede utilizar la información que tienes sobre otros precios para garantizar esta viabilidad. Ante las crisis múltiples originadas tanto por el calentamiento global como por la guerra en Ucrania, haríamos bien de experimentar con este tipo de medidas. Incluso, podríamos crear una Oficina de Supervisión y Regulación de Precios que se encargara de estas tareas, institucionalizarlas y garantizar su continuidad.
