El vacío de representación en el campo: «La democracia no ha llegado plenamente»

El pasado 2 de febrero, pocos días antes de que las protestas de campesinos que han marcado la agenda europea durante los dos primeros meses del 2024 llegaran a Cataluña, un grupo de campesinos catalanes viajó a Madrid. Delante los problemas del sector y la incertidumbre a Europa, el ministerio de Agricultura, Pesca y Alimentación, dirigido por Luis Planas, convocó las organizaciones representativas del sector por debatir las medidas a tomar. En el Estado hay tres: Asaja, UPA y COAG. Solo una de las tres tiene más del 15% de votos requeridos en Cataluña –COAG, mediante los Jóvenes Agricultores y Ganaderos Catalanes (JARC), la segunda organización agraria del país–. Los productores catalanes que se concentraron ante el ministerio, pero, formaban parte de Unió de Pagesos, el sindicato agrario más votado en el campo catalán el pasado 2021, con un 56% de los sufragios y un 66% de la voz sectorial, según los datos del Departamento. Miembros de la entidad presentes a las concentraciones recuerdan a Món Economía que la jornada no salió como se esperaba: no solo el ministerio no se los permitió la entrada, sino que acabaron recibiendo una sanción por ocupación de la vía pública. «Siempre vayamos con el mismo cachondeo: los que son dentro de la reunión son los otros», explica Joan Caball, presidente de la Unió.

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La rendija de representación que deja fuera Unión de Campesinos del diálogo del campo en el Estado tiene un origen, por así decirlo, técnico. Como recuerda Caball, el año 2011, el ministerio de Agricultura reconoce las tres entidades que a estas alturas ostentan la representatividad sectorial, de acuerdo con certificaciones emitidas por las entidades territoriales –unas entidades, en muchos casos, elegidas por elecciones celebradas a finales de los 90–. Posteriormente, en 2014, bajo la autoridad del ministro del ramo Miguel Arias Cañete, para decidir la representación de las organizaciones agrarias en el Estado. Si bien la norma contempla que se tienen que volver a celebrar elecciones, una disposición adicional supedita los nuevos comicios en la aprobación de un nuevo reglamento electoral. «Somos al 2024, y el reglamento todavía no se ha hecho», lamenta, sentenciando que «la democracia todavía no ha llegado plenamente al campo español». Esta disfunción, apunta el dirigente, es la que sostiene Asaja, UPA y COAG al frente de las conversaciones oficiales con el campo. En Cataluña, donde sí que se celebran votaciones para cerrar la representación agrícola, Asaja y UPA no llegan al 14% de los votos emitidos; mientras que COAG  participa mediante la JARC, que ahora hace cuatro años rozó el 30% de la representatividad.

La participación de la JARC dentro de COAG, según la entidad, garantiza que se trasladen las necesidades catalanas a la conversación española. Así lo constata Joan Carles Massot, presidente de la JARC, que defiende a Món Economía la necesidad de participar en todos los niveles administrativos. «Entre todas las propuestas, algunas son competencia de Cataluña, otras del ministerio, e incluso a Europa»; recuerda Massot. Así, para Unión de Campesinos, la carencia de reconocimiento por parte del Estado es «como si te falta una pata». Falta una pata, también, en el campo catalán: la base de las dos entidades más representativas de Cataluña es muy diferente. Mientras que la JARC, en palabras de su presidente, «es una patronal, representa empresarios», las filas de Unió se componen «de los que no son grandes, el modelo familiar de agricultura», con intereses específicos, como apunta Caball. «Producimos alimentos y basura más cosas: gestionamos y damos vida en el territorio», declara el presidente, subrayando la diversidad interna del campesinado catalán. «Es una falacia decir que todos los campesinos son iguales», añade.

Este punto ciego, denuncia el dirigente, hace que «muchas cosas de la realidad catalana no se ven». Buena parte de subsectores liderados por el campo catalán, como por ejemplo el porcino, el fruto seco o la fruta fresca, surgen a las conversaciones con el Estado solo parcialmente. «Hablar de fruta en España sin que haya la parte catalana es una entelequia», reflexiona Caball. La distancia territorial la reconoce también la JARC: el mismo Massot apunta que «no son el mismo las necesidades de un campesino catalán que las de uno de Castilla y León»; una complejidad que, más allá de los actores designados por el ministerio, «dificulta todavía más el trabajo de la administración». Con todo, el presidente de Unió se muestra crítico con una situación de conservación institucional que, en sus ojos, responde a los intereses complementarios de ministerio y grandes patronales. Las tres organizaciones españolas, remacha, «tienen un estatus que hacen valer»; mientras que el ministerio está cómodo porque, declara, «los tiene cogidos» –tiene cierto control sobre Asaja, COAG y UPA bajo la amenaza de activar convocatorias electorales que podrían hacer virar la representatividad–.

El campo catalán no se comunica

El escollo regulador que deja fuera –con las parrillas electorales del Departamento en la mano– cerca del 56% del campo catalán de las conversaciones con Agricultura se resolvería, según Caball, eliminando la disposición adicional que obliga a aplicar un nuevo reglamento. La confederación de entidades de todo el Estado de la que forma parte Unión de Campesinos –Unión de Uniones–, sería, según los resultados electorales de cada territorio, la segunda organización más representativa de todo el Estado si volviera a convocarse el sufragio. Las entidades agrarias, pero, están lejos de una unidad de acción que permita presionar el ministerio. Como reconoce Massot, la comunicación entre las organizaciones catalanas «es bastante mejorable, las estatales tienen mucho más». Si bien desde la JARC reiteran la «mano extendida» al resto de entidades, desde Unión denuncian instancias de exclusión por parte de Asaja, COAG y UPA. Según Caball, de hecho, cuando Agricultura ha invitado organizaciones fuera de las tres representativas, las incumbentes han llegado a amenazar de levantarse de la mesa. Unión, así, busca otros caminos para trasladar sus exigencias al ejecutivo –mediante los grupos parlamentarios, tanto a Madrid como Bruselas, por ejemplo–.

Encaje con las movilizaciones

Más allá de la capacidad representativa de las entidades catalanas, las dos con más sufragios coinciden a detectar cierta incomodidad de las plataformas convocantes de las movilizaciones campesinas en Cataluña. Se trata de un hecho que no se da en la mayoría del Estado: fuera del territorio catalán, las estructuras vinculadas a Unión de Uniones tienen, en palabras de Caball, «el copyright» de la plataforma 6F; y convocan, de hecho, la manifestación que llevará los tractores a la sede del ministerio de Agricultura el próximo día 21 de febrero. En Barcelona, pero, se llegaron a presenciar gritos de «fuera sindicatos» durante la concentración en la Plaza San Jaime. «Esto pasa por un desconocimiento de la tarea que hacemos las organizaciones», diagnostica Massot. «No hemos acabado de difundir bien nuestro trabajo». Similar es la percepción del presidente de Unión de Campesinos, que comenta como «a medida que vas hablando, vas explicando lo que haces»; y se acaban encontrando puntos de unión entre las organizaciones y muchos manifestantes que no forman parte.

Durante las jornadas de ocupación de Barcelona, de hecho, muchos campesinos sin afiliación apuntaban a la carencia de afiliación de Revuelta Campesina –la entidad que ha puesto su sello a las movilizaciones en Cataluña– como un factor de atracción para nuevos manifestantes. Aun así, con el paso del tiempo y la interlocución de la administración, los mismos campesinos apuntan que «los sindicatos han aportado mucho», especialmente en cuanto a la estructura. «Si yo truco al Departamento y digo que soy de Revuelta Campesina, no sé si me atenderán», ironiza Caball, recordando la capacidad de diálogo con las instituciones que conservan las entidades representativas. Una percepción que, más allá de las diferencias, comparte Massot: «cuando se tiene que salir, los que estamos más acostumbrados somos las organizaciones». «Las cosas se tienen que hacer de manera correcta», apostilla el presidente de la JARC.

Las fichas de Madrid y Bruselas

Las movilizaciones en el campo catalán, añadidas a las del conjunto de la UE, han arrancado gestos de unas administraciones a todos niveles. Mientras que el Gobierno se ha comprometido a mejorar las ayudas por la sequía y reducir la burocracia, mientras que el ministro Planas ha puesto sobre la mesa la retirada de la obligación del Cuaderno de Camp Digital –una controvertida medida de fiscalización que la Unión Europea solo recomendaba–. Bruselas, por su parte, se ha comprometido a retirar restricciones fitosanitarias, así como a reducir las exigencias de emisiones en el sector agrario. Las reacciones a estos ofrecimientos de las administraciones, dentro de las entidades del campo catalán, han sido recibidas entre la celebración y el recelo. Massot confía más, y llega a describir la movilización del 21 como «simbólica, porque el ministro ya ha lanzado las medidas». Caball, por su parte, es más incrédulo, y exige hechos. «Vuelven a sentar, y ponen cosas sobre la mesa, pero en los próximos días se tiene que concretar», sentencia el presidente, que equipara las reacciones ministeriales a la larga tarea del cultivo. «El que han hecho es ir a comprar la semilla; queremos que rieguen las normas y que las normas den sus frutos», reflexiona.