La crisis de los temporeros podría llegar a su punto álgido en la campaña agrícola de 2025. Con las buenas previsiones de producción, las empresas agrícolas sostienen que necesitarán más manos para poder recoger toda la fruta. En concreto, Unió de Pagesos asegura que el número de temporeros necesarios aumentará en unos 45.000, una cifra que desde la patronal expresan que exigirá un cambio de las normas que rigen a los trabajadores del campo. Por eso, Unió de Pagesos reclama más intervención por parte de la administración pública y comunica que es necesario cerrar diferentes flecos antes de que comience la campaña de recolección de fruta. Unas demandas que chocan frontalmente con la opinión que cada campaña defienden los sindicatos, quienes reconocen que hay un grave conflicto a escala contractual, pero niegan que falten manos. Más bien recuerdan que los efectos llamada solo empeoran la situación.
Unió de Pagesos ha estimado que, de cara a la próxima campaña agraria que arrancará en mayo, necesitará incorporar 30.000 personas en el campo y 15.000 en las cámaras de fruta. En una rueda de prensa este jueves, la patronal ha indicado que la buena previsión de cosecha hará que la campaña de Ponent se solape con la de otros puntos frutícolas del Estado. Esto provoca que, de momento, los productores catalanes solo tengan garantizados 15.000 de estos trabajadores. Así, los empresarios agrícolas reclaman más medidas y más intervención por parte de la Generalitat, así como algunas modificaciones que les permitan contratar más trabajadores. Ahora bien, no es ningún secreto que en materia de temporeros aún hay muchas irregularidades y en algunos casos, las personas trabajan con contratos fraudulentos. Un conflicto que amenaza no solo su seguridad, sino que perpetúa las malas prácticas en el sector.
Más allá de la necesidad de tener más personas trabajando en el campo, la realidad es que los empresarios agrícolas deben poder garantizar ciertos derechos de los temporeros, por lo cual también reclaman más predisposición por parte de la administración pública. Unió de Pagesos ha sobrevolado diferentes puntos a mejorar, ya que no solo se trata de la contratación de más personas, sino que se requieren cambios en la estructura laboral de los trabajadores del campo. Para incrementar el número de personas trabajadoras del campo, dado que hay un claro problema con la gente que trabaja sin contrato, la patronal exige el despliegue urgente del nuevo Real decreto de extranjería. Esta medida «debe incluir permisos excepcionales de trabajo para las personas que acrediten residencia en el Estado y dispongan de una oferta laboral», han explicado desde Unió de Pagesos. En otras palabras, la patronal busca regular esta situación de manera rápida bajo la premisa de que les faltan trabajadores. Además, también exigen que se les pueda hacer contratos temporales, ya que califican de «medida ineficiente» la contratación de fijos discontinuos. Así, Unió de Pagesos quiere más mano de obra, pero dada la excepcionalidad que aseguran tiene el sector agrícola, quieren medidas personalizadas, porque para ellos las actuales no cubren sus necesidades.
Más ayudas para el alojamiento de personas trabajadoras
Otro de los grandes problemas de los temporeros son los alojamientos. Teóricamente, las personas trabajadoras del campo que viven a más de 75 kilómetros de su lugar de trabajo tienen derecho a un piso donde vivir durante la campaña de recogida de fruta. Sin embargo, en muchos casos faltan casas y muchos temporeros acaban durmiendo en algún pabellón que habilitan los ayuntamientos, como por ejemplo en Lleida. Por eso, los empresarios agrícolas sostienen que necesitan más ayudas gubernamentales para rehabilitar y construir más viviendas para los trabajadores del campo. De hecho, el mismo Gobierno dio el visto bueno a una nueva línea de ayudas para estos casos, pero aún no se ha hecho efectiva. Según parece, si no se pone en marcha en un breve plazo de tiempo, la patronal advierte que «esto comprometerá gravemente la capacidad de las explotaciones para acoger a los trabajadores». Una situación, pues, que aunque está estipulada dentro de la ley, los empresarios agrícolas no siempre pueden cumplir por falta de presupuesto y ayudas públicas.
Reducir las inspecciones laborales en el campo
Finalmente, los empresarios agrícolas también exigen una reducción de las inspecciones laborales que se realizan en el campo. En este sentido, denuncian que en 2024 se realizaron alrededor de 500 controles a la agricultura y aseguran que menos del 1% terminaron en sanción. Es por eso que exclaman que buena parte de sus adscritos hacen las cosas bien y aunque no niegan que «es imprescindible velar por la seguridad y los derechos de los temporeros», creen que todo este control puede acabar derivando «en un perjuicio para las explotaciones que actúan correctamente».
