Unión de Campesinos prepara nuevas movilizaciones para solucionar la crisis que sufre el campo catalán. La principal organización agraria del país se integrará el próximo miércoles 21 a una concentración de campesinos de todo el Estado -convocada por Unión de Uniones– ante la sede del ministerio de Agricultura, a Madrid. El presidente de la Unión, Joan Caball, ha afeado a las administraciones la suya «política de hipócritas» respecto del campesinado, especialmente como respuesta a las movilizaciones de las últimas semanas. Las medidas propuestas por el ministro Luis Planas, así como las que ha puesto sobre la mesa la Comisión Europea, son «insuficientes» a ojos de la entidad. «Acabaremos haciendo más movilizaciones, porque no se han concretado medidas» que satisfagan el sector del campo. Desde la entidad alertan que, sin un paquete normativo concreto, se pone en entredicho «la continuidad del modelo agrario» catalán, articulado alrededor de pequeñas explotaciones familiares.
En este sentido, desde la Unión han reiterado las medidas clave necesarias para fundamentar la situación del campesinado a Europa. En primer lugar, los campesinos se han mostrado especialmente críticos con la gran distribución alimentaria, a quien acusan de fijar precios mediante sus posiciones de dominio. Para resolver este conflicto, la organización exige que la ley de la cadena alimentaria recoja una cifra concreta que defina la posición de dominio de un supermercado -es decir, qué porcentaje del mercado ocupado permite a una empresa operar para fijar los precios de un producto en su beneficio-. El responsable de jóvenes de la Unión, Sergi Claramunt, reclama que la norma española concrete «donde se van los márgenes» de las cadenas de venta. «Por qué al campesino le pagan 20 céntimos por un producto y el consumidor acaba pagando tres euros?», espeta Claramunt.
Dentro de la cuestión de los precios, Caball ha reiterado una de las principales rendijas que el campesinado detecta en la Unión Europea: la competencia desleal por parte de los productores internacionales. «La política agraria común pide unas exigencias a los productores, pero pone el sector del campo como moneda de cambio», declara el presidente, denunciando que las regulaciones ambientales y sanitarias que Bruselas impone sobre los campesinos europeos no apliquen sobre los productos importados. En este sentido, Caball ha denunciado la carencia de disposición de la CE para igualar el mercado: cómo lamentan los campesinos catalanes, el primer tratado internacional del año, el entendimiento con Chile que votará el Parlamento Europeo a finales de este mes de febrero, no amplía las medidas que tienen que cumplir los productos agrarios comprados al país andino. «Deja a la buena voluntad de la otra parte el cumplimiento», critica el presidente. Así, desde la Unión pedirán a los partidos su voto negativo en el Eurocámara. «Si hay algún campesino que lo sabe hacer bien como nosotros, pero más barato, nos fijaremos; pero no puede ser que se nos use de moneda de cambio», reitera Caball.
Papeleo excesivo en el campo
La burocracia es otro de los puntales de las protestas campesinas las últimas semanas. A pesar de que el ministro Planas ya ha confirmado que retirará la obligatoriedad del Cuaderno Digital -una medida que Bruselas marca como optativa, pero que Madrid quería imponer a los campesinos del Estado-, desde la organización reclaman que se «concrete» esta retirada. La responsable de Mujeres de Unió de Pagesos, Raquel Serrat, se ha mostrado especialmente crítica con el titular de Agricultura, a quien cuestiona «por qué ha tardado tanto a rectificar?». Ante la retirada del Cuaderno, además, la Unión exige que se retiren las subvenciones para promoción a las tres patronales agrarias del Estado. «Las subvenciones tienen que volver al sector», remachan.
Más allá del papeleo, la entidad reclama también una mejora de la fiscalidad del campo, especialmente para la juventud que se incorpora a la actividad agraria. En este sentido, Unión pide una reducción del 50% de la tributación para los campesinos noveles, así como doblar la subvención por incorporación de nuevos activos al campesinado -unas ayudas que, para el sindicato, tendrían que estar exentas de tributación-. Finalmente, reclaman una aceleración administrativa mediante un anticipo del 100% de estas ayudas porque «se pueda disponer de ellos cuanto más rápido, mejor», en palabras del representante sectorial Ricard Huguet.
Nuevas movilizaciones
Más allá de la convocatoria articulada por Unión de Uniones a Madrid, Caball asume que Cataluña verá «nuevas movilizaciones» de los profesionales del campo, en cuanto que las administraciones todavía no han dirigido las demandas que han puesto sobre la mesa. La respuesta «insuficiente» de Madrid y Bruselas a las movilizaciones, detalla el presidente, provoca que «la presión no pueda bajar». En este sentido, además de la colaboración con el campesinado del Estado, Unión de Campesinos confirma «conversaciones para hacer movilizaciones transfronterizas», principalmente con los campesinos franceses. «En algunas cosas no nos entenderemos, pero en los tratados internacionales, que nos afectan a todos», declara Caball, los campesinos de todos los mercados europeos pueden levantar la voz conjuntamente. En cuanto al próximo miércoles, el presidente ha confirmado que el contingente de campesinos catalanes será «importante», si bien la presencia de tractores irá a cargo del campo castellano, más próximo a la capital española.
