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Un año de la revuelta campesina: el campo está «igual o peor» y prepara más protestas

La campesinado catalán decía basta hace justo un año. La caída de las condiciones de vida de los trabajadores del sector impulsaba unas movilizaciones sin precedentes en los tiempos recientes y que llevaron a miles de agricultores y ganaderos de todo el territorio a ocupar las principales carreteras y arterias del país, con una marcha lenta hasta Barcelona que reunió 2.000 tractores en el centro de la capital catalana. Estas protestas tuvieron lugar en un momento en el que se estaban produciendo levantamientos en toda Europa en contra de las políticas agrícolas de los 27 y en Cataluña se tradujeron en el nacimiento de Revolta Pagesa y, después, del Gremi de la Pagesia, un nuevo interlocutor en un sector marcado por la hegemonía de Unió Pagesos (UP).

365 días después, el escenario no ha experimentado una mejora sustancial. De hecho, algunos de los promotores de estas primeras protestas alertan que la situación está «igual o peor» y la amenaza de una nueva oleada de movilizaciones ya sobrevuela el ambiente. En declaraciones a la ACN, Toni Martínez -el campesino de la Horta de Lleida que comenzó la llamada de protestas por WhatsApp que desembocó en la marcha histórica- reconoce que aquella manifestación ha servido para que haya más comunicación con la administración, pero los avances son pocos y continúan con problemas como la burocracia, los precios y ahora nuevas amenazas como el acuerdo de la UE con el Mercosur. El sector sigue sufriendo igualmente, con pérdidas, y esto podría fácilmente traducirse en nuevas concentraciones, defiende Martínez. Este descontento ya se ha hecho presente en varios municipios catalanes, que han visto en los últimos días cómo los carteles de entrada y salida en las carreteras estaban boca abajo, en una acción simbólica tras la cual están los promotores de aquellos cortes del 6-F.

Hay que recordar que el ejecutivo de Pere Aragonès prometió en plena ola de protestas la llegada de la ventanilla única entre marzo y abril del año pasado, un mecanismo que permitiría reducir este exceso de burocracia que denuncia el sector, pero aún no se ha implementado. Además de esto, los campesinos también critican los robos en el campo y en las granjas, los daños de la fauna salvaje y cinegética, los efectos de la sequía, el acuerdo comercial de la Unión Europea con los países del Mercosur o la entrada de productos que no tienen los controles que tienen los locales.

Un proceso demasiado lento para una demanda de «resultados inmediatos»

Una de las consecuencias de este levantamiento en el campo fue la constitución a finales de septiembre del año pasado del Gremi de la Pagesia Catalana, que actualmente tiene 1.400 miembros. El movimiento lo encabezó una nueva generación de campesinos y ganaderos, que querían interlocución directa con las administraciones y también estaban preocupados por la falta de relevo. La entidad sigue rechazando recibir ayudas de las administraciones para financiarse, pero exige poder tomar parte en las diferentes mesas sectoriales y organismos de representación del sector, ya que consideran que los avances desde el último año han sido «poco evidentes» y necesitan «resultados inmediatos» para paliar la crisis que vive el sector.

Por su parte, desde Unió de Pagesos apuntan que se debe tener en cuenta que las movilizaciones de hace un año se produjeron en un escenario marcado por «una serie de coyunturas» como las elecciones al Parlamento Europeo, una mayor exigencia de burocracia o los «primeros recortes» de la nueva PAC, así como una fuerte sequía por la que se requerían ayudas. «Hubo muchos inputs para que la gente saliera», destaca también en declaraciones a la ACN Joan Cavall, coordinador nacional de UP. Cavall reconoce que resolver los problemas con la burocracia es «un tema pendiente», pero pide ser realista. «No podemos decir al campesinado que conseguiremos que pasado mañana la eliminen toda, eso es mentira, y por tanto tenemos que ir paso a paso«, remarca el coordinador nacional de la entidad, que cree que hay que seguir trabajando y exigiendo a las administraciones respuestas a los diversos retos del sector.    

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