El Gobierno se enfrenta a la estabilización masiva de trabajadores de la administración pública que se encuentran en situación de interinato. La carencia de rumbo fijo del gobierno español durante la última década ha frenado la convocatoria de oposiciones, puesto que rae a Madrid el poder de dar luz verde al ejecutivo catalán para contratar funcionarios -tal como queda reflejado en el artículo 5 del Decreto Legislativo 1/1997-. Esta situación, pues, ha hecho aumentar significativamente el número de interinos de la plantilla de la Generalitat. A pesar de que el artículo 2.3 de la Ley estatal 20/2021 de 28 de diciembre, el cual hace referencia a las medidas urgentes para la reducción de la temporalidad de la ocupación pública, fija que la tasa máxima establecida de temporalidad en los trabajadores de la administración pública es del 8%, en estos momentos, según datos del conjunto de interinos en relación con los laborales y funcionarios inscritos al Registro General de Personal, la cifra se ensarta hasta el 22%.
El grupo de interinos que forman parte de las administraciones catalanas está dividido en tres casuísticas diferentes: En primer lugar, las personas que cumplen los requisitos impuestos por los baremos de estabilización y han podido acontecer funcionarios mediante un concurso de méritos. En segundo, los trabajadores que han entrado después del
A pesar de que la ratio de interinidad supera anchamente la marcada por ley, no es, ni mucho menos, el máximo que ha logrado la Generalitat. En algunos momentos de la década pasada, de hecho, se logró el 40%. A partir de un decreto del gobierno español, la Generalitat pudo empezar a estabilizar muchas de estas plazas, bajando la ratio hasta el borde del 20% actual y con el objetivo de llegar al 8% que marca la ley española de la función pública. Según asegura Función Pública a
Contraposición sindical
Por parte de los sindicatos, hay visiones contrapuestas, si bien el conjunto de los representantes de los trabajadores alerta que faltan muchas manos en la Generalitat. Desde CCOO, el secretario de políticas públicas, Manolo Fages, asegura que “se está avanzando en la buena dirección” para acabar con las deficiencias de la administración. El problema, continúa, llega por las escasas convocatorias desde la crisis del 2008, un hecho que está claramente en contra del que dicta la ley. En definitiva, el sindicalista reclama que se cubran cuanto antes mejor todas las plazas estructurales de la administración para evitar que se cronifiquen las carencias. Por otro lado, Fages avisa que el elevado envejecimiento de la plantilla de la administración catalana hace que la actual convocatoria acontezca insuficiente. El representante sindical recuerda que en los próximos 10 años se jubilará entre un 25 y un 40% de los funcionarios dependientes de la Generalitat.
Desde la Intersindical, la responsable de la sectorial de administración pública Àngels Torrent coincide que se han sacado menos plazas a concurso de las que son necesarias. Además, lamenta que el concurso de mérito para estas oposiciones no es bastante amplio: una parte significativa de los trabajadores interinos que han estado además de una posición, critica, quedan aislados, en cuanto que no pueden contabilizar toda su experiencia efectiva dentro de la administración. Trabajadores que han ocupado varias posiciones a lo largo de una carrera de años a la función pública se encuentran, así, que no pueden acceder como funcionario en la plaza que ya ocupan como interino; un hecho que la sindicalista califica de «ERO encubierto». Además, Torrent denuncia que la compensación que mujer la Generalitat por los ceses es claramente inferior a un despido tradicional, un hecho que considera intolerable. Es por eso que reclaman que Función Pública convoque un concurso excepcional de méritos para que los trabajadores afectados puedan estabilizar su posición -una medida que, por ejemplo, ya ha tomado el Aragón-.
Lo TJUE pandilla la Moncloa por el abuso de temporalidad
Los estragos de la temporalidad que denuncian los sindicatos son, de hecho, uno de los agravios que más sufren los trabajadores interinos que prueban de regularizar su situación. “Hace más de 20 años que formo parte de la administración, pero como que he trabajado en diferentes departamentos no se ha tenido en cuenta toda mi trayectoria profesional en la hora de evaluar mis méritos”, asevera en Jordi Cerdà, portavoz de la Plataforma de Afectados por la Función Pública en conversación con
Ambos casos hace años que se encuentran en situación de abuso de temporalidad sin ningún tipo de apoyo por parte de la administración. El jueves de la semana pasada, el Tribunal de Justicia de la Unión Europea (TJUE) avaló convertir los trabajadores interinos en indefinidos para “sancionar” un agravio que hace años que denuncian: “Estamos muy satisfechos con la resolución de la sentencia”, asevera Cerdà. Así, el proceso que se ha hecho en Cataluña es válido a ojos del tribunal europeo, que puntualiza que a pesar de ser indefinidos no se los puede considerar funcionarios, hecho que supone una pequeña victoria por este colectivo, pero no el fin de la guerra. De hecho, este pasado sábado por la mañana cerca de 350 personas -según datos de los organizadores- se concentraron en las puertas del Palau de la Generalitat para hacer sentir su voz.
Hay que tener en cuenta, pero, que la resolución del TJUE es una sentencia europea que se opone frontalmente a la posición del gobierno español, por lo cual, a estas alturas, los interinos siguen sin regularizar su plaza. En consecuencia, reclaman una ley que haga efectiva la resolución judicial: “Ahora el que toca es plasmar este mandato judicial a uno de político”, espeta el portavoz de la Plataforma de Afectados por la Función Pública. Para evaluar la situación, la comisión interterritorial del ministerio con el resto de administraciones se ha convocado de urgencia por este mismo lunes para valorar si se aplica o no la sentencia del TJUE. Así pues, de nuevo, queda en manos de Madrid resolver la estabilización de miles de interinos que hace años que forman parte de la función pública.
