Lo Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económico (OCDE) pide aumentar la vigilancia sobre los contratos fijos discontinuos en el Estado. El ente internacional recomienda al diálogo social que haga «seguimiento» de esta modalidad contractual, en auge desde la Reforma Laboral del 2021. Estaría a cargo de ejecutivo, sindicatos y patronales, asegura su secretario general Mathias Cormann, evitar «una nueva fuente de precariedad» equiparable en los contratos temporales, ahora extremadamente regulados. Cormann ha destacado la escalada en dureza de la regulación española contra la temporalidad: a raíz de la medida estrella de la vicepresidenta segunda Yolanda Díaz, esta ha acontecido «la tercera más estricta» de los países miembros en cuanto a los acuerdos laborales con plazo establecido. Por su parte, el director de Ocupación, Trabajo y Asuntos Sociales de la entidad, Stefano Scarpetta, ha alabado el «robusto» recorte de los contratos por tiempo definido al mercado laboral español; si bien anima a asegurar que los fijos discontinuos sean «sólidos e indefinidos». La negociación colectiva, así, ha de asegurar el seguimiento normativo de estas contrataciones.
Una buena subida del SMI
Según el último informe de la OCDE dedicado a la economía española, la alarma económica generada por las grandes empresas del Estado en cuanto a las subidas del SMI no ha estado perniciosa para la ocupación. Frente a los reproches patronales, que aseguraban que un mínimo retributivo destruiría ocupación, la entidad asegura que la subida de sueldos ha tenido «un impacto prácticamente nulo para la ocupación». El retroceso provocado por el incremento salarial se habría limitado al 0,6%, una cifra negligible. En el mismo sentido, Cormann ha insistido en el buen funcionamiento del mercado laboral a raíz de la última reforma. La nueva legislación en términos de trabajo impulsada por el gobierno de Pedro Sánchez «puede contribuir a aumentar la productividad, y ayuda a hacer que los trabajadores con salarios más bajos se puedan beneficiar del crecimiento».
Por otro lado, la vicepresidenta Díaz ha gritado a mejorar la productividad en el Estado, si bien pone la carga de responsabilidad sobre el capital. En las últimas décadas, las ganancias por la mejor capacidad productiva del factor trabajo se han repartido «de forma injusta y de manera tremendamente desigual». Así, contra los lamentos empresariales por el absentismo y otros agravios por parte de los empleados, la ministra de Trabajo ha exigido a «mejoras en las inversiones en formación y en I+D+y».
Sí a rebajar la jornada laboral
La OCDE se ha pronunciado, en su informe, también a favor de la rebaja de la jornada laboral hasta las 37,5 horas propuesta por Moncloa. «Se puede, en cierto modo, reducir la jornada laboral sin impacto negativo para el crecimiento económico», argumenta Scarpetta. El secretario puntualiza que preferiría ejecutar la medida mediante la negociación colectiva, si bien reconoce que «quizás habrá que legislarlo, porque algunos trabajadores no están cubiertos por los convenios colectivos». Así, la ausencia previa de concesiones por parte del empresariado forzaría a Moncloa a implementar de sede el recorte horario. Ahora bien, alerta que, sin diálogo, «hay empresas que no se lo podrán permitir»; del mismo modo que muchos trabajadores continuarán «haciendo horas extras que no se pagan» -un «enorme fraude», en palabras de Díaz-. «Hay que continuar trabajando en esto», sentencia. La ministra, por su parte, asegura que esta es «la medida más importante que se tiene que implementar esta legislatura»; en cuanto que beneficiaría hasta 12 millones de trabajadores.
