El ministerio de Trabajo multará con hasta 10.000 euros las empresas que no apliquen la reducción progresiva de la jornada laboral. Así consta al borrador del anteproyecto de ley con que el departamento dirigido por la vicepresidenta segunda del gobierno español Yolanda Díaz pretende recortar las horas trabajadas hasta las 38,5 el 2024, con el objetivo de lograr las 37,5 el próximo año. A diferencia de la respuesta legal a los incumplimientos de jornada actuales, que retoman los negocios en global, la nueva norma multará las compañías por cada trabajador obligado alargar la jornada por encima del límite. Se trata del endurecimiento legal más significativo, dado que actualmente se contempla la infracción como conjunta para todos los trabajadores afectados; mientras que, en lo sucesivo, cada empleado afectado generará una multa individual. Este cambio, pero, se aplicará solo en los casos de ausencia de registro horario o inclusión de datos falsos.
Las penas, además, serán superiores a las actuales. Las infracciones consideradas como graves reciben, hoy por hoy, una multa de hasta 7.500 euros -una cuantía que escalará en 2.500 euros por trabajador una vez la norma esté vigente-. Los incumplimientos en su grado mínimo se castigarán con entre 1.000 y 2.000 euros; mientras que los de grado mediano podrían llegar hasta el 5.000. Más allá de las sanciones, el ministerio propone cambios al registro de jornada para evitar que se puedan «falsear» los datos que se introduzcan. Así, la aplicación será accesible «para todos los trabajadores»; a fin de ponerlos a disposición de sindicatos e inspección durante cuatro años. La carga de la prueba, así, se atribuirá a las empresas, responsables no solo del cumplimiento de la norma sino también de demostrar que esta se aplica correctamente. Ahora bien, la norma abre a la negociación colectiva los aspectos más concretos de su funcionamiento.
Subidas de sueldo en los contratos parciales
Con la aplicación de la nueva norma, los trabajadores a tiempo parcial verán aumentada, si se tercia, su retribución; dado que las jornadas reducidas pasarán a representar una fracción más elevada de la completa. Aquellos que trabajen bajo este tipo de contratos, pues, tendrán derecho a mantener su asignación horaria, con una ampliación del valor retributivo. Con todo, trabajo habría trasladado este borrador al diálogo social, con quien espera consultas en los próximos meses. Una vez este pase a ser ley, el ejecutivo propone crear una tabla de diálogo específica para analizar los efectos de la reducción de jornada y «continuar avanzando» en este ámbito, siempre «teniendo en cuenta las características de los diferentes sectores de actividad, la evolución de la productividad y las circunstancias económicas» de cada empresa.
