El campesinado catalán pone el foco de sus reivindicaciones en la «competencia desleal» de los mercados exteriores. La imposibilidad de aplicar sobre países terceros las normativas ambientales de la UE supone una clara rendija en cuanto a costes: los productores de fuera de la Unión Europea no tienen que hacer las inversiones necesarias para garantizar los niveles de sostenibilidad y salubridad que exige Bruselas. A consecuencia, frutas y verduras extranjeras aterrizan al mercado catalán a precios mucho más bajos del que podan ofrecer los campesinos locales. No va, el manifiesto de la organización Revuelta Campesina –una de las plataformas convocantes de las protestas–, reclama «aranceles para los productos importados de países terceros y el cumplimiento de las mismas exigencias que marca la UE». Este mismo martes, el campo se ha concentrado en algunos de los nodos logísticos que concentran la distribución alimentaria, local y foránea, del país, con Mercabarna en el centro. Para los manifestantes, la reivindicación es clara: “Es un punto estratégico donde entran muchos productos de fuera sin las mismas condiciones”, ha explicado la María, una campesina debajo su tractor aparcado ante una de las puertas del complejo.
Uno de los principales problemas que reclaman tener los campesinos catalanes es «la priorización de los productos extranjeros por su precio», tal como la describe Josep, un campesino catalán, que se manifestaba ante Mercabarna. El afectado asegura que competir con los precios de los alimentos que vienen del exterior es muy complicado, puesto que las condiciones de foráneas son diferentes de las del interior del estado español. Además, con los cambios de regulaciones entre los diferentes países, los productos que acaban llegando a Cataluña lo hacen a unos precios más bajos. “A veces hay mucha diferencia de precios entre productos, y esto es una injusticia”, explica Josep. De hecho, uno de los reclamos más sentidos en las últimas protestas de los campesinos catalanes es la necesidad de tener más aranceles por los productos de fuera, así como la obligación de los supermercados a priorizar los alimentos de proximidad. “No dejan de ser nuestra competencia, a pesar de que estamos seguros que con estos precios, los campesinos de fuera tampoco se ganan la vida”, describe la María.
La sospecha de los campesinos es que el bajo coste de algunos productos es a causa de la precariedad laboral de fuera del estado español. La suma de las supuestas malas condiciones de los trabajadores con las pocas restricciones que reciben por parte de la administración pública para vender dentro del país, crean la situación perfecta para agraviar la precariedad de los pequeños productores catalanes. Es por eso que el sector primario catalán ya ha asegurado en más de una ocasión que las protestas continuarán hasta que se llegue a un acuerdo. Xavier Oliva, secretario de la Cooperativa Agraria del Prat asegura que “las reivindicaciones son fuertes y objetivas”. De este modo, el campesinado catalán quiere prioridad en la comercialización de sus productos o, ”como mínimo igualdad de condiciones”, ha remachado la María. En este sentido, el campo catalán continúa luchando para mejorar su vida, pero se dirige a diferentes interlocutores. El de este martes es “lo mercado central de Barcelona y el epicentro de las desigualdades de precios”, ha afirmado Josep.
Un «espejo» regulador
Más allá de la protección fiscal en forma de aranceles a los productos importados, el campesinado catalán –y del conjunto de la UE– se enfoca a exigir los mismos estándares sanitarios y ambientales a los productos importados que a los locales. Implementar esta igualdad de condiciones como medida general, justo es decir, es imposible: cómo recuerdan voces expertas del sector, el Organización Mundial del Comercio ha trasladado a menudo a Europa que las exigencias adicionales que Bruselas impone sobre su producción alimentaria no se aplican, a priori, sobre productos comprados a mercados internacionales. La solución potencial se encuentra, de hecho, en los tratados bilaterales de comercio: Europa tendría que pactar con terceros países el que se conoce como a «cláusulas espejo», es decir, acordar país a país la vigencia de sus regulaciones sobre cualquier producto que tenga que llegar a los mercados comunitarios. El campesinado, justo es decir, ha estado muy crítica con estos acuerdos internacionales, en cuanto que, generalmente, sirven para facilitar la entrada de productos alimentarios del exterior.
No es el caso de las instituciones comunitarias que, de hecho, los defienden a capa y espada. El comisario europeo de Asuntos Económicos, el letón Valdis Dombrovskis, ha reivindicado pactos como por ejemplo los ratificados con Nueva Zelanda o Canadá, que, asegura, han servido para aumentar las exportaciones del primario, hecho que «beneficia los agricultores». También blinda el acuerdo que el ejecutivo de la Unión cerró el 2019 con los países del Mercosur, «el más importante en materia agrícola». Un acuerdo, justo es decir, que no ha sido ratificado por los estados miembro, a causa de una importante oposición liderada por Francia. El presidente Emmanuel Macron, de hecho, ha aprovechado las movilizaciones campesinas para reiterar el rechazo en un acuerdo bilateral de comercio que amplía sustancialmente la cuota de importaciones cárnicas permitidas desde los países de la América Latina. El entendimiento incrementa hasta las 180.000 toneladas los derechos de importaciones de carne avícola, hasta 90.000 toneladas los de vacuna y hasta los 25.000 los de porcina –unos aumentos que, en declaraciones del grupo europeo de productores avícolas Avec, supondría una «pérdida significativa de puestos de trabajo» al sector–.
Entre los valedores de la medida, por otro lado, consta, el ejecutivo español, mediante el ministro de Agricultura, Pesca y Alimentación Luis Planas. Los acuerdos comerciales con terceros, según Planas, son «una gran fuente de ingresos» para el sector exportador español. Justo es decir, que, como explica en Mundo Economía el profesor de los estudios de Economía y Empresa de la Universitat Oberta de Catalunya Joaquim Clarà, una eliminación de estos acuerdos -y un retorno de las barreras comerciales que comportaría- puede ser igualmente pernicioso para el primario catalán y del Estado, en cuanto que reduciría la capacidad de exportar de un mercado especialmente atractivo de puertas afuera. «La balanza comercial es positiva en más de 40.000 millones de euros», analiza Clarà; y debilitarla sería «un problema para el PIB, para el sector del campo y para todo el mundo implicado», consumidores incluidos.
El dumping exterior, pero, también golpea en las negociaciones con compradores de fuera del país. Cómo indica Clarà, los bajos precios que pueden ofrecer los mercados de fuera de la UE, especialmente norafricans y asiáticos, rebajan también las expectativas de venta al exterior -en un país como Cataluña con un alto potencial exportador alimentario-. Por encima de las regulaciones ambientales, detalla el experto, hay la voluntad del consumidor, que «siempre pedirá precio». La forma en la cual países terceros pueden competir con la producción europea, alerta el economista, es un importante «problema de competencia» para el campesinado, que voz como, ya al inicio de la cadena de valor, se imponen unos precios de compra a menudo inferiores a los costes de producción. Este crisol de elementos a la contra, declara el experto, «hace que nuestro sector primario no sea competitivo».
Una rendija de difícil solución
Las dos caras de los acuerdos de comercio bilaterales hacen que sea complicado resolver la situación del campesinado hacia la competencia desleal foránea. Más allá de la ensambladura legal o no de la fiscalización sanitaria y ambiental de los alimentos importados, remacha Clarà, hay la capacidad de los países exportadores para aplicar los cambios tecnológicos necesarios para equiparar sus rutinas a las de los europeos. «Un país como Brasil tiene realmente capacidad y recursos para aplicarlo?», se cuestiona el profesor. En este sentido, toma relevancia a largo plazo dotar los mercados extranjeros de la capacidad productiva para adaptarse a las regulaciones recogidas por la Agenda 2030 -tan rechazada por parte de los campesinos movilizados-.
Las soluciones a largo plazo, pero, no sirven para cubrir la necesidad del campesinado hoy en día. Para el experto, todos los actores de la cadena de valor tienen su rol. En primer lugar, unos consumidores -«el final de toda cadena de valor y un punto vital de cualquier mercado», describe Clarà- más exigentes en cuanto al que compran al supermercado harían presión con su demanda. En segundo, las empresas importadoras podrían exigir a sus proveedores internacionales un sello de calidad equiparable a las regulaciones europeas -una medida que ya han tomado, con marcado éxito, subsectores como el del café o el cacao-. El grosor de la responsabilidad, pero, madriguera sobre el sector público, de quien el experto exige «acciones inmediatas». Inmediatamente, se hace imprescindible, argumenta, garantizar ayudas suficientes para equilibrar el balance del campesinado, «un sector bastante castigado». De cara al futuro, Clarà exige las administraciones que dejen de poner «parches» y tomen una perspectiva estructural, intermediando, por ejemplo, inversiones para la transición tecnológica en el campo para hacer «reducir los costes y generar una producción más eficiente».
Parada a los nodos logísticos de Cataluña
Los puntos estratégicos del comercio exterior catalán han concentrado el foco de las protestas de esta semana. En concreto, este martes, Mercabarna y el Port de Tarragona han acogido grupos de manifestantes que reivindicaban el papel de estos centros logísticos. Los campesinos de la demarcación de Tarragona han invadido el puerto de la ciudad y han bloqueado la entrada, el que ha provocado que alrededor de un 83% de las mercancías que se esperaban, no hayan podido entrar ni salir. La concentración de campesinos provenía de diferentes puntos del Camp de Tarragona, las Tierras del Ebro y comarcas de Lleida. El coordinador territorial de Unión de Campesinos en el Camp de Tarragona, Pere Guinovart, afirma que «el Port de Tarragona es el principal enemigo» del campesinado, porque insiste que es la principal puerta de entrada de muchos productos que hacen la competencia a los agricultores catalanes. Ante centenares de compañeros, Guinovart, reclama en el Gobierno «aplicar la ley de la cadena alimentaria» y no vender por debajo del precio de coste. «Nos tenemos que poder ganar la vida», concluye.
Paralelamente, cerca de las diez de la mañana, unos veinte tractores han cerrado l’entrada de Mercabarna desde el Prat. A pesar de que la protesta tenía que continuar, los dispositivos policiales no los han dejado bloquear las dos entradas desde el primer momento, un hecho que ha provocado algunos gritos y alrededor de una hora y media de negociaciones con la policía. “No pararemos. Si nos ponen impedimentos hoy, mañana tendremos más ganas”, ha reconocido el secretario de la Cooperativa Agraria del Prat. Él mismo ha asegurado que la protesta era tranquila y con un tono mediático, puesto que lo han llevado a cabo un martes, “un día poco ajetreado y sin peligro de dejar los supermercados sin provisiones”, ha dicho Oliva. No ha estado hasta más tarde que la mitad de los tractores han tenido el visto bueno policial para avanzar y bloquear una segunda entrada del complejo, el que ha provocado el desvío de algunos camiones de productos que iban a entrar a Mercabarna. “Nosotros también nos tenemos que ganar la vida” exprés la María mientras lamenta que no se priorice la movilización.
