Los sindicatos catalanes se encuentran en la mejor de las coyunturas para hacer escuchar sus reivindicaciones. A semana y media de unos comicios acelerados, donde los partidos –especialmente los del ámbito de la izquierda– ponen en el centro de la campaña el choque entre modelos económicos, las organizaciones de la clase trabajadora del país planean un primero de mayo especialmente oportuno. Con la batalla por el DOGC a tocar, y la enorme influencia que los resultados del próximo 12-M tendrán sobre la gobernabilidad de un Estado español dirigido sobre el cimiento de una mayoría frágil, el sindicalismo ocupará el territorio con los gritos de batalla más programáticos de los últimos años. Después de un 2023 de celebración de las bondades de la Reforma Laboral –y ahora que la ministra de trabajo y vicepresidenta segunda del gobierno Español Yolanda Díaz reconoce el agujero que supone el régimen de despido, como ya alertaban ERC y Bildu– este 2024 es el de las medidas. Para los mayoritarios, Comisiones Obreras y la UGT, el llamamiento es claro: «Trabajar menos, trabajar mejor». Es decir, aseguran, el pleno empleo y la reducción de la jornada de trabajo. También para la misma Díaz la disminución de las horas a la oficina es una clave del ejercicio; tanto es así que abre la puerta a aprobarla, como ya hizo con las dos últimas subidas del SMI, sin la aquiescencia patronal.
Justo es decir que las reclamaciones de los sindicatos superan con mucho la estricta legislación laboral. Las propuestas de Comisiones Obreras para los comicios, dirigidas explícitamente a las izquierdas, recogen mejoras en cuestiones tan anchas como la sanidad, la educación, la fiscalidad o el traspaso de Cercanías –una palanca esencial, dicen, para construir «un tren para la clase trabajadora»–. En uno en torno a vuelta a la realidad de unas cifras de ocupación que han pasado el 2023 acumulando récords, pero, las organizaciones sindicales marcan como línea roja inversiones en ocupación suficientes para «garantizar una reducción de la tasa de paro por debajo del 9%» –en el camino del pleno empleo que llevan al eslogan–. El secretario general de CCOO en Cataluña, Javier Pacheco, se ha mostrado optimista en este sentido, asegurando que «si el Gobierno hace las políticas correctas», Cataluña podría disfrutar «a medio plazo» de una situación de pleno empleo. Estas políticas, critica el dirigente ugetista Camil Ros, estaban presentes a las cuentas del 2024, pactados con los actores del diálogo social. «Avanzaban en algunos aspectos de manera importante», rememora el sindicalista, en una velada crítica a los Comunes por la «carencia de acuerdo» en unos Presupuestos que «recuperan parte de los recortes» del Gobierno de CiU a partir del 2012.
Con todo, justo es decir que el marco regulador catalán es relativamente limitado en cuanto a competencias. La Reforma Laboral española enmarca la cuestión, y el alcance de las propuestas en materia laboral de los partidos, incluso los independentistas, choca con la pared de las posibilidades legislativas del Parlamento. Fuerzas, también más allá del arco soberanista, empiezan a proponer, pero, un «marco catalán de relaciones laborales», tanto en términos generales como con regulaciones concretas. Cuestiones como el salario de referencia, la inversión específica en formación profesional según las necesidades del territorio o incluso una potencial reducción de jornada –que ya se ha impuesto como una de las banderas más altas de los programas laborales progresistas– sacan el jefe el horizonte de la nueva Cataluña, independiente o no, del trabajo asalariado.
El salario, en el centro de todo
Las sucesivas subidas del Salario Mínimo Interprofesional, a estas alturas en 1.134 euros, han sido uno de los motores que han desplazado a la izquierda las políticas laborales del ejecutivo español. Y no por ganas: la oposición empresarial a las mejoras del mínimo retributivo ha servido para hacer chocar el Partido Socialista con una patronal que históricamente no había estado incómoda con la socialdemocracia madrileña. Cataluña, pero, no recibe los beneficios tanto como otros territorios del Estado. Según los últimos datos del CON, correspondientes al 2023 –cuando el SMI se quedaba en los 1.080 euros– el sueldo de referencia en la región metropolitana supera los 1.450 euros, mientras que en la ciudad frota los 1.640. Es decir, los ingresos mínimos para sostener los gastos necesarios para una vida digna –de la alimentación a la disparada vivienda, pasando por el transporte o la limpieza– en la corona urbana barcelonesa superan en entre 400 y 600 euros la cifra establecida por el marco regulador español.
Son diversos los partidos que incluyen un «salario de referencia catalán» a sus programas: un acuerdo para ofrecer una retribución mínima más elevada que la que establece el sueldo mínimo estatal, de acuerdo con un mercado catalán más tienes que otras regiones del Estado. Sin ir más lejos, el presidente la Generalitat y candidato de Esquerra Republicana de Cataluña al 12-M Pere Aragonès ya puso esta medida sobre la mesa cuando ocupaba la vicepresidencia y la consellería de Economía en el Gobierno de Quim Torra. Los mismos republicanos recogen a la hoja de ruta económica del partido el impulso de un «proceso de concertación laboral» catalán para acordar un nuevo salario mínimo de referencia, con la administración pública como primer sector afectado. También el PSC promete «estudiar con los agentes sociales» un marco salarial diferente al español, con el objetivo de «garantizar un poder adquisitivo alineado con el nivel de vida de nuestro territorio».
Autogobierno laboral
Los Comunes, por su parte, delegan a la negociación colectiva la referencia catalana, con un «nuevo marco» de diálogo social que potencie los convenios del territorio por encima de las referencias estatales. Cómo en los otros casos, los de Albiach buscan «adaptar a las problemáticas y características propias de la economía catalana» una regulación que, actualmente, opera en la mayoría de casos indistintamente del territorio y su realidad económica. También Juntos legislará en la busca de un marco de relaciones laborales propio de Cataluña; yendo hasta el extremo de «promover la redacción de un Estatuto del Trabajador de Cataluña» diferenciado de la norma laboral española.
Más allá de este objetivo estratégico, los de Carles Puigdemont buscarán la recuperación de las competencias laborales de la Generalitat que volvieron a Moncloa con la regresiva reforma laboral del gobierno de Mariano Rajoy del 2012 –el paquete de medidas, hay que recordar, que sirvió de chispa para la huelga general de mayo de aquel mismo año–. En el caso de los republicanos, el Salario Catalán de Referencia forma parte de un paquete regulador que aspira a establecer el que denominan el «marco catalán de relaciones laborales», un sistema de negociación entre Gobierno y agentes sociales que atienda a la especificidad de las empresas y el entorno económico catalán.
Trabajar menos, trabajar todos
El sindicalismo catalán vincula profundamente el pleno empleo con la reducción de la jornada laboral. Las izquierdas y las fuerzas del mundo del trabajo reiteran, ya hace tiempo, el argumento de la caducidad de las ocho horas que ganó la huelga de la Canadiense. La mayoría de partidos del arco progresista hacen suya esta reclamación, si bien ha levantado importantes reticencias entre las formaciones más próximas en el mundo de la empresa. Tanto Esquerra Republicana como los Comunes recogen en el programa un adelanto sostenido hacia una jornada de 35 horas semanales –7 en el día– sin reducciones salariales. Los de Albiach, de hecho, se refieren a un «mejor reparto del trabajo», en una referencia clara a la máxima de los movimientos sociales «Trabajar menos, trabajar todos» que el ecologismo complementa con gritos en la planificación económica. Para el partido del Gobierno, el recorte de una hora diaria es un primer paso para un cambio mucho más profundo: la semana de cuatro días –una medida que consideran más estratégica, vinculada al que denominan «horizonte republicano» y, por lo tanto, a largo plazo–.
Juntos, por su parte, prueba de hacer atrás el intento de adaptar a la baja la jornada de los trabajadores. Según denuncia el partido de Puigdemont, la primera aproximación del ministerio de Trabajo a la cuestión, la rebaja semanal hasta las 37,5 horas que abandera Moncloa, «reduce la competitividad de pymes y autónomos». Si bien no se plantea resistir, sí que deja caer que será necesario «estudiar e implementar medidas para mantener la competitividad del sector en el vector laboral». Los socialistas, a su vez, no concretan una iniciativa para modular el tiempo de trabajo, si bien abren la puerta a pactar cualquier cambio de rumbo con los sindicatos y la patronal. Las condiciones, las del conjunto del diálogo social: ni ralentización productiva ni disminución retributiva.
