El sistema sanitario catalán, y el de todo el estado, es al límite del colapso. No es extraño leer declaraciones políticas, siempre desde la oposición, donde se refleja que las esperas para acceder a una consulta médica cada vez son mayores y como los gobiernos hacen manos y mangas para intentar reducir estas esperas. En este contexto, patronal y sindicatos firmaron ahora hará un año el quinto Acuerdo para la Ocupación y la Negociación Colectiva (AENC), el cual comprometió las partes a buscar una nueva fórmula por aprovechar mejor los recursos de las mutuas laborales, con el objetivo de agilizar el tratamiento de las bajas laborales de corta duración. En la base, trabajadores y empresarios parecen estar de acuerdo. Ahora bien, las dos partes difieren, y mucho, en el camino para llegar hasta este objetivo. Por un lado, los empresarios reclaman que las mutuas laborales, que tienen la obligación de pagar parte de las bajas laborales por contingencias comunes, puedan dar las altas a los trabajadores y hacer varias pruebas diagnósticas para hacer más ágil el sistema. Desde los sindicatos, pero, ven esta propuesta como una línea roja, puesto que consideran que las mutuas, fundadas por los mismos empresarios, pasarían a ser «juez y parte» del proceso, un hecho que, aseguran, no se puede permitir. Todo ello, además, bajo la atenta mirada del Ministerio de Sanidad, con quien se está negociando un nuevo acuerdo marco para dejar el tema resuelto de una vez por todas.
Desde el punto de vista empresarial, la Asociación de Mutuas de Accidentes de Trabajo (AMAT) explica a
La de las altas automáticas es, justo es decir, la petición más osada del empresariado. Más consenso se ha conseguido alrededor de la demanda de atribuir a las mutuas la capacidad de hacer ciertas pruebas, especialmente traumatológicas, para acelerar los procedimientos. Las colectividades aseguran tener «mucha experiencia» en este ámbito. A pesar del rechazo a la primera parte de la reforma, los sindicatos sí que parecen más próximos a aceptar tal concesión.
Aun así, esta es la petición más osada, el que sí que parece que está más claro es que por descongestionar el sistema sanitario las mutuas puedan hacer ciertas pruebas, especialmente traumatológicas, puesto que tienen mucha experiencia en este campo. En este aspecto sí que parece que los sindicatos están más de acuerdo.
Dar el alta, una línea roja
Al otro lado de la mesa hay los sindicatos, que a pesar de estar a favor de usar las mutuas para hacer ciertas pruebas, no vuelan ni sentir a hablar de dar estas altas. Las mutuas, aseguran, «son entidades empresariales en todos los sentidos». El secretario de salud laboral de CCOO, Mariano Sanz, reconoce, pero, que muchas bajas laborales se alargan porque el sistema sanitario del estado es poco eficiente y que los recursos de las mutuas -que a la práctica forman parte de la seguridad social- pueden servir por «agilizar procesos». De hecho, Sanz puntualiza que estarían dispuestos a aceptar este uso de los recursos de las mutuas siempre que los trabajadores y los médicos den su visto bueno. Todo ello acaba desembocando en que los trabajadores «no quieren dar más capacidad» para dar altas, puesto que pasa con las enfermedades profesionales y «ahora casi ya no hay», lamenta Sanz. Aun así, el secretario de salud laboral asegura que hay muchas posibilidades para poder agilizar los procesos. Las mutuas, recuerda, tienen más de 1.200 camas, 23 hospitales, más de 1.000 centros y 21.000 trabajadores, unos recursos que «hay que aprovechar».
«Nos han hecho un flaco favor»
En toda esta negociación, Cataluña vuelve a quedar en un segundo plan, puesto que no hay un representante estricto: todas las conversaciones con el mundo del trabajo para concretar el rol de las mutuas se vehiculan a través de la CEOE, una gran patronal española que ha recibido a menudo críticas para hacer demasiadas concesiones al sector público. Sin ir más lejos, el secretario general de Pimec, Josep Ginesta, asegura que en los últimos años la patronal española ha hecho un «flaco favor» a las empresas del país: han permitido, según el dirigente, que aquello que era «un patrimonio tradicionalmente de los empresarios» haya pasado a tener mucha intervención por parte del estado. En esta línea, Retama expone que con el paso del tiempo, las mutuas colaboradoras de la seguridad social han ido asumiendo varias tareas que tradicionalmente había hecho la Seguridad Social, pero «sin las herramientas para gestionarlas».
En este sentido, el número dos de la patronal de las pymes catalanas reclama a la organización empresarial española que sea más «defensiva» con el sector privado. Además, comenta que con las propuestas actuales «se desaprovechan los recursos de las mutuas» y añade, citando AMAT, que la factura final de las mutuas se podría reducir en la mitad si se aprovecharan mejor sus recursos.
En cuanto a la posibilidad de dar altas por las contingencias comunes, Retama asegura que están absolutamente a favor para «desburocratizar el sistema» y no tener que pasar por tantos trámites. A la vez, recuerda que la presión asistencial en Cataluña es francamente elevada, y que con este nuevo método se conseguiría rebajar significativamente por el «mejor aprovechamiento de los recursos». Ahora bien, esta posición choca frontalmente con los sindicatos. En este sentido, Retama lamenta que cuando las asociaciones de trabajadores ponen esta línea roja «parece que cuestionen los médicos». De hecho, considera que no dejar dar las altas a las mutuas no deja de ser «una barrera psicológica», argumentando que ningún médico «no enviará ningún empleado al trabajo si no puede».
