Las protestas de los sindicatos mayoritarios de Cataluña este Día del Trabajador tendrán una bandera en el centro: la reducción de jornada. Comisiones Obreras y la UGT se han concentrado en los últimos meses en luchar contra el proyecto de las semanas de 37,5 horas, a pesar de que los equilibrios parlamentarios no les son favorables. Ya en plena primavera, las organizaciones de trabajadores han sostenido la batalla con la patronal española, la CEOE, por una medida que polariza el diálogo social hasta el punto de hacer imposible un acuerdo. Sin embargo, atendiendo a las declaraciones de los secretarios generales -en Madrid y en Barcelona-, han añadido otro rival a la contienda: el gobierno español, hasta ahora aliado de sus causas. En la presentación de la estrategia para la jornada, el secretario general de la UGT en Cataluña, Camil Ros, acusó a la Moncloa de llevar a cabo «estrategias dilatorias» para evitar la entrada en vigor de la medida. La agenda sindical esperaba que el Consejo de Ministros hubiera aprobado el proyecto de ley durante el primer trimestre, y que la jornada reivindicativa coincidiera con su trámite parlamentario. Nada más lejos de la realidad: el gabinete de Pedro Sánchez aún no ha filtrado la norma al Congreso de los Diputados, entre reproches del mundo del trabajo.
La ministra de Trabajo y Economía Social, Yolanda Díaz, también esperaba haber llegado al Primero de mayo con los deberes hechos. Su departamento anunció la semana pasada que el proyecto de ley pasaría el trámite ministerial este mismo miércoles. El apagón general del pasado lunes, sin embargo, ha puesto patas arriba las previsiones de la vicepresidenta. A raíz de la crisis eléctrica, el Consejo de Ministros de este miércoles ha sido monográfico, y ha obligado a Díaz a buscar una nueva fecha, aún sin concretar, para aprobar su reforma estrella. La coincidencia ha rebajado los ánimos de la patronal, que había saltado al cuello de la ministra por haber hecho coincidir el acuerdo entre ministerios con la jornada reivindicativa del mundo sindical. Sin embargo, añade más leña a los agravios de la UGT y Comisiones, que acusaban a la Moncloa de «emular a la CEOE» por los múltiples obstáculos que, aseguran, han puesto a la ley.
Trincheras dentro de la Moncloa
Es necesario recordar que la reducción de jornada ha sido uno de los puntos de discordia entre las dos mitades del gobierno de coalición. El ministro de Economía, Carlos Cuerpo, siguió los pasos de su predecesora, la ahora presidenta del BEI Nadia Calviño, y se esforzó en enfriar las expectativas de Yolanda Díaz. En varias comparecencias públicas, Cuerpo se alineó con la patronal, haciendo suyas enmiendas a la reducción como aplicarla de forma escalonada o hacer un análisis sector por sector para conocer la capacidad de las empresas de asumir el cambio.
La mano tendida de Economía hacia el mundo patronal hizo estallar a la titular de Trabajo, que llegó a tildar a su compañero de gabinete de «mala persona» por frenar la mejora laboral, que se aplicaría sobre más de 12 millones de trabajadores en el conjunto del Estado -aquellos que no están afectados por convenios colectivos que ya recogen una semana igual o menor de las 37,5 horas-. Los sindicatos han visto este duelo como una estrategia de dilación para retrasar el cambio en el Estatuto de los Trabajadores y mantener la puerta abierta a negociar con los patrones españoles.
Choque económico en el diálogo social
Las patronales, tanto la CEOE como sus aliadas en Cataluña, así como las agrupaciones de pequeñas y medianas empresas, esgrimen argumentos económicos para argumentar que la reducción de jornada es «inviable», especialmente en sectores como los servicios, plagados de negocios de menor tamaño y con menores márgenes. La catalana Pimec, de hecho, se encuentra en medio de una ronda de contactos con las principales fuerzas políticas del Principado para trasladar su disconformidad con la reforma. El pasado viernes, el presidente de la entidad, Antoni Cañete, se trasladó a Waterloo para discutir su diagnóstico con el presidente de Junts per Catalunya, Carles Puigdemont.
Frente al capital, las organizaciones del mundo del trabajo sostienen que «es el momento» para emprender una reforma como esta. A juicio de la secretaria general de CCOO en Cataluña, Belén López, los argumentos de los empresarios «no son coherentes»; dada la escalada de la productividad del factor trabajo registrada en los últimos años y el aumento de los márgenes empresariales que confirma el Banco de España. En este sentido, según añadió Ros en la misma ponencia, la rebaja de dos horas y media a la semana laboral permite «repartir el trabajo, repartirlo mejor y repartirlo con calidad». Es, de hecho, la primera parada de un trayecto más largo que culmina con una jornada máxima de 32 horas semanales. Además, López ha acusado al tejido empresarial de utilizar el impasse que ellos mismos han provocado en la reforma horaria para bloquear las negociaciones de varios convenios colectivos en el país. Algunos de los acuerdos sectoriales que deberán negociarse de nuevo en el Principado, a la espera de que se avengan las patronales, constan entre los más conflictivos, como el del metal, el de la hostelería o el de la construcción de la demarcación de Barcelona -que, de hecho, permanece caducado desde 2022, porque las asociaciones de empresarios del sector no llegaron a aceptar las demandas de los trabajadores-.
