Comisiones Obreras y la UGT de Cataluña esperaban llegar al Primero de Mayo en unas condiciones diferentes. El calendario de los dos principales sindicatos del país contemplaba que la propuesta legislativa para reducir la jornada laboral a 37,5 horas sin recortes salariales ya hubiera pasado el escollo del Consejo de Ministros. Las batallas internas dentro del ejecutivo de coalición y el rechazo de Junts a la medida, que lo aleja de la mayoría parlamentaria, han impedido que el proyecto esté presente en la cámara española. «Quisiéramos estar en pleno debate de las enmiendas a la ley; montando bronca», ironiza el secretario general de la Unión General de Trabajadores, Camil Ros. El Día Internacional del Trabajador del 2025 volverá a tener, pues, la reducción de horas de trabajo como bandera. El rival, sin embargo, es más grande que otros años: si en 2024, se planteaba como un choque con la patronal, las organizaciones añaden presión a una Moncloa que no acepta sus condiciones como en otras ocasiones. La secretaria general de CCOO, Belén López -que inaugura su mandato tras haber sucedido a Javier Pacheco-, acusa al gobierno de Pedro Sánchez de emular la «estrategia dilatoria» que la CEOE y sus aliados lanzaron en su momento.
Para Ros, el gobierno español, especialmente la mitad socialista, está llevando a cabo una estrategia similar a la que impulsó la patronal de Antonio Garamendi: poner trabas para la reducción de jornada para evitar su puesta en marcha. A pesar de que no cuenta con los apoyos parlamentarios necesarios, el secretario general de la UGT catalana considera una «anomalía» que no haya pasado el trámite del Consejo de Ministros. Sin la adhesión de Junts, los líderes sindicales reclaman que la reforma llegue al Congreso para que «todo el mundo explique muy bien aquello que votarán». «Pedimos la aceptación a trámite, no un apoyo incondicional», ha apostillado Ros; que abre la puerta a negociar con gobiernos y formaciones una vez Moncloa haya abierto la puerta.
La marcha del Primero de Mayo, como siempre, comenzará en la plaza Urquinaona, y recorrerá la Vía Laietana con varias paradas. Los trabajadores se manifestarán bajo el lema «Defender los logros, construir el futuro». Más allá de la reducción de jornada, también estará presente en el discurso de Ros y López la lucha contra los aranceles de Donald Trump, en «defensa del modelo de bienestar europeo» que, aseguran, amenaza el inquilino de la Casa Blanca.
1,15 millones de trabajadores esperan convenio
La parálisis de la reducción de jornada, alerta López, tiene consecuencias negativas en otros ámbitos de la tarea sindical. La nueva secretaria general de Comisiones denuncia que las patronales sectoriales están aprovechando la incertidumbre causada por Moncloa para detener las conversaciones para algunos de los principales convenios colectivos del país, que deben negociarse en la segunda mitad del año. Es el caso del convenio de la hostelería, que agrupa a más de 300.000 trabajadores, el del metal, con más de 100.000, o el de oficinas y despachos, que supera los 90.000 trabajadores cubiertos. Critica, así, una estrategia que «no es coherente». «En un momento de incertidumbres globales, los trabajadores y las empresas necesitamos certezas», asegura la líder sindical.
Hay que recordar que los convenios que deberán negociarse los próximos meses han sido especialmente conflictivos en las últimas negociaciones. Las empresas del metal de los diversos territorios del país estuvieron al borde de la huelga por las resistencias de las patronales al pacto con la parte social, mientras que el de oficinas y despachos estuvo meses paralizado por cuestiones relacionadas con el teletrabajo. Otros, como el convenio barcelonés de la construcción, permanecen sin pacto ni cobertura para los empleados desde 2022, cuando cayó el anterior pacto sectorial. López lamenta que se aborde esta situación sin un Acuerdo Interprofesional de Cataluña vigente. Desde el verano de 2023, cuando Foment del Treball se levantó de la mesa, la referencia del diálogo social del país está sin vigencia. Los vacíos en la negociación colectiva catalana auguran unos nuevos meses calientes, con choques entre trabajo y capital para aprobar algunos de los convenios más relevantes. «Si las cosas no van bien, la conflictividad estará presente», ha alertado la dirigente de CCOO.
Vivienda en el Primero de Mayo
El Día del Trabajador de este año llega en medio de un proceso de politización de la actividad sindical del país. Tanto UGT como Comisiones Obreras han participado, entre otras, en las recientes movilizaciones por el derecho a la vivienda promovidas por el Sindicat de Llogateres. En este sentido, la crisis residencial ocupa un lugar central de las demandas sindicales en la jornada. Ros ha sido muy vehemente en su demanda de regulación de precios. «Es necesario regular todo aquello que se desregula, porque el mercado a menudo puede destrozar una actividad económica», advierte. También han matizado las iniciativas de construcción de nueva vivienda pública que vertebran el programa de vivienda del Gobierno de Salvador Illa. Para López, «hay que construir más, pero quizás no en todas partes». El programa de reformas necesario para afrontar la emergencia es más amplio: por ejemplo, apuntan a garantizar que los pisos de protección oficial se mantengan en régimen público «a perpetuidad», sin posibilidad de que pasen al mercado abierto. «Si tanta vivienda pública no hubiera vuelto al mercado, habría vivienda suficiente en todo el Estado», ha sentenciado la secretaria general.
