El paso atrás de la Unión Europea en las restricciones a la pesca no ha dejado satisfecho a todo el sector pesquero. El nuevo reparto de cuotas de pesca aprobado en Bruselas ha dejado, de hecho, sensaciones contradictorias entre los profesionales; incluso dentro de Cataluña. Varias organizaciones lamentan que la medida supone un «chantaje» para los productores. El presidente de la Federación Nacional Catalana de Cofradías de Pescadores, Antoni Abad, lamenta lo que considera un «mal acuerdo» para los pescadores. «Aunque muchas de las medidas ya se cumplen, es muy difícil aplicarlas todas a corto plazo» tal como lo exige la Comisión Europea, critica Abad. Otros, como la Cofradía de Pescadores Verge del Carme de la Ràpita, en el Montsià, van más allá, y llegan a alertar que el acuerdo los deja «tocados de muerte». «Volveremos a tener una reducción de jornadas y de capacidad de pesca«, ha declarado el secretario de la entidad, Joan Balagué. Sobre esta base, asegura, los pescadores de la zona se sienten «engañados y defraudados», dadas las «penalizaciones» que recibirán por la normativa.
Similar es la lectura que hacen desde Blanes. La cofradía de pescadores local apunta hacia los «muy importantes» gastos que generarán las nuevas regulaciones sobre el sector. El presidente de la organización, Ferran Martínez, encuentra motivos para pasar a la ofensiva. «Lo que pasará será que muchos tendrán que cerrar. No estamos de acuerdo con lo que han firmado los ministros en Bruselas y no descartamos tomar medidas de protesta más duras que las que hemos hecho hasta ahora», remata. También desde fuera del Principado, varias entidades pesqueras han mostrado sus reticencias. Es el caso del presidente de la Federación de Cofradías de las Baleares, que critica, en declaraciones a Europa Press, la escasa concreción del pacto en el seno del Consejo. «Falta mucha información, y conocer la letra pequeña», añade su presidente, Domingo Bonnín. Con la hoja de ruta que conocen actualmente, asegura Bonnín, se hace complicado planificar la actuación de los profesionales durante el próximo año. «Prefiero saber que tengo 140 días de actividad en enero que no saber en mayo que tendré 150», continúa, alertando que «se abre una etapa desconocida» hasta que las administraciones comuniquen exactamente cuál es la normativa.
Cabe recordar que la última palabra de la Comisión obliga a los pescadores a implementar una serie de cambios en su actividad para conservar las 130 jornadas que por ahora tienen disponibles para salir al mar. Entre ellas, los barcos deberán ampliar las mallas de sus redes de arrastre, lo que supondrá un importante gasto para los profesionales. Por otro lado, el Consejo también ha limitado la pesca de la gamba roja del Mediterráneo a 708 toneladas, desde las 787 vigentes hasta ahora -una reducción mucho menos drástica que la que constaba en el primer pacto, que contemplaba caer hasta las 551-.
Celebraciones institucionales
Un grupo de profesionales catalanes, cabe decir, se han declarado ampliamente «satisfechos» con el acuerdo de la CE. Los pescadores de Palamós aseguran que el modelo pactado es el que «llevan años reclamando». El vicepresidente de la cofradía local, Francesc Benaiges, asegura que el nuevo modelo «funciona», descartando la propuesta anterior del ejecutivo comunitario, dado que los 27 días eran «totalmente inviables» para el sector. Sí reclama, sin embargo, que las cuotas de pesca no sean de aplicación general, sino que se establezcan «por cada cofradía»; lo que limitaría el efecto de la reducción del 10% de la pesca de la gamba, un producto de especial interés en la localidad. El sector pesquero palamosino, por tanto, se alinea claramente con las instituciones españolas y catalanas, que han presumido durante la jornada de un acuerdo que consideran «bueno» para las economías del Mediterráneo. El ministro español de Agricultura, Pesca y Alimentación, Luís Planas, ha presumido de haber «neutralizado la disminución del 79% que habría reducido los días de actividad» de forma «radical». «Es una magnífica noticia que permite continuar la actividad pesquera y salvar el impacto socioeconómico que habría tenido una medida tan drástica» continúa Planas.
En un sentido similar se ha expresado el presidente de la Generalitat, Salvador Illa, que ha salido en defensa del pacto durante la sesión de control en el Parlamento. «Ha sido una negociación muy dura. Vaya si nos hemos salido» ha declarado Illa. Las declaraciones del jefe del ejecutivo han llegado después de que el portavoz del grupo parlamentario de Junts, Albert Batet, haya sido especialmente crítico con la actuación del consejero de Agricultura, Òscar Ordeig, a quien acusa de haber «dimitido de su responsabilidad». «¿Cómo se explica que el consejero no haya ido a Bruselas? Los pescadores catalanes necesitan un presidente y un Gobierno que defienda la pesca catalana», ha espetado Batet. Los junteros han lamentado, así, que la Generalitat «haya delegado las funciones al gobierno del PSOE y al Estado español».
Críticas desde Baleares
El nuevo pacto, cabe decir, no ha convencido a todas las administraciones. El consejero de Agricultura, Pesca y Medio Natural del gobierno de las Baleares, Joan Simonet, ha alertado -con un tono similar al que han usado los pescadores de las Islas- que la decisión de la CE no borra del todo el peligro regulador que sufre el sector. «La amenaza de reducción del 79% se ha esquivado, pero no se ha eliminado», ha declarado Simonet. En este sentido, se han puesto a disposición de los profesionales para enfrentar «los posibles gastos que puedan derivarse a causa de la implantación de las nuevas medidas que propone Europa». Reconoce, sin embargo, que el cambio de dirección de la CE permite dejar atrás una reducción de las jornadas hábiles que «ponía en peligro la subsistencia de la actividad pesquera profesional en las Islas», un ataque claro contra la disponibilidad de «pescado fresco de proximidad» en el archipiélago y en todo el Mediterráneo.
