Los inspectores de hacienda se hacen cruces de la complicidad social con que cuenta el fraude fiscal. Así lo certifica el interesante Plan Estratégico de el Agencia Tributaria española 2024-2027. Un documento de 85 páginas, al que ha tenido acceso
El documento también incide en la «necesidad de reducir el nivel de conflictividad» entre la Agencia y los contribuyentes, todo aportante cifras sobre los recursos presentados contra la administración tributaria. Destaca en este ámbito en 2022, cuando casi el 40% de los recursos contenciosos interpuestos por los contribuyentes son estimados por los tribunales. El mismo año fiscal, -último computado en el informe- los recursos administrativos estimados fueron el 39,7% de los interpuestos. Una de las exigencias que contempla el documento es el aumento de recursos humanos, es decir, de inspectores; y mejoras normativas que faciliten las investigaciones preventivas.
La complicidad social con el fraude
El plan aporta unos datos que los mismos autores enfatizan como inquietantes. En concreto, sobre la consideración social del fraude, que, en cierto modo, es la base teórica sobre la cual se construye la agencia tributaria como organismo de control de los pagos y controles tributarios. En este contexto, el plan resalta que «resulta especialmente preocupante es que un 10,8% de los ciudadanos consideren que el fraude es una cosa consustancial a los impuestos y todo el mundo tiende«. Añaden desazón a esta afirmación al recordar que un «24,9% entiende que determinadas circunstancias de la vida de una persona o una empresa pueden justificar cierto fraude para salir adelante».
De todas maneras, los jefes de la inspección de Hacienda respiran porque «un 64,2% considera que el fraude no se puede justificar en ningún caso». Ahora bien, el documento señala que estas cifras «continúan poniendo de manifiesto la necesidad de contar con una estrategia integral dirigida al fomento del cumplimiento voluntario». De aquí que defiendan la puesta en marcha del que denominan «la educación cívicotributaria», así como «acciones que busquen reforzar la conciencia fiscal de los españoles». Remarcan, con todo, que no se puede «descuidar la prevención y la información y asistencia, puesto que la mayoría de los ciudadanos quiere cumplir». En este sentido, reclaman «medidas que refuercen el control tributario y la lucha contra el fraude ante los quién de forma consciente y voluntaria no cumplen sus obligaciones».
Una de las claves de vuelta del plan es, precisamente, estas medidas de «refuerzo». Es decir, cambios legales y materiales que ayuden el control y la inspección por «fomentar el efecto preventivo» y «no tan recaudatorio». De hecho, proponen un gran despliegue de medios en tres años para luchar contra la lacra de «la economía sumergida». Este es uno de los puntos más interesantes dado que el documento admite que no pueden estimar del cierto el porcentaje del PIB español que ocupa la economía sumergida, a pesar de que lo intentan desde 2006.
La economía sumergida, la bestia negra
Según sus cálculos, aportando datos de un estudio del Parlamento Europeo, esta ratio se situaría en un 15,8% del PIB en 2022, una media no ponderada menor que la media europea y la del Reino Unido, que se calcula del 17,3%. De todas maneras, Hacienda postula que este porcentaje se tiene que reducir al 10,5% si se descuentan las actividades que no pueden ser «fiscalmente emergibles», es decir, actividades económicas fuera del delito fiscal, aquellas que corresponden a delitos como el tráfico de personas o el narcotráfico.
En todo caso, y a la vista de estos datos, los inspectores insisten a luchar contra el «nicho habitual de fraude» de la economía sumergida. En este sentido, piden más cobertura jurídica a la Inspección porque «continúe actuando en relación con contribuyentes que no admitan pagos por medios bancarios o cuando las rentas se obtienen de entregas de bienes o prestaciones de servicios directamente realizados al consumidor final». «En la medida que haya carencia de control en las formas de pago, o cuando los signos externos de riqueza, patrimonio, rentabilidad o información financiera sean incoherentes o inconsistentes respecto de las rentas declaradas, hay que impulsar la operativa de comprobación de la Inspección», advierten .
Nuevas vías de trabajo
En este escenario, los inspectores en su plan reclaman que «junto a las tradicionales comprobaciones inspectoras» se pongan en marcha las nuevas vías de trabajo» que se han testado los últimos años. Como por ejemplo, «visitas de carácter censal a las sedes de las actividades económicas, ya sea mediante las comunicaciones dirigidas a los contribuyentes que presenten datos inconsistentes en sus declaraciones». Unas visitas que teóricamente, «tienen como objetivo estratégico común que los mismos contribuyentes mejoren de manera voluntaria su contribución de acuerdo con su capacidad económica real». «El objetivo final es conseguir un efecto preventivo o inductor que llegue más allá del impacto recaudatorio directo de las actuaciones de comprobación», concluyen.
Pero las inspecciones no se hacen suelas. Así, también incluyen en el paquete una prospectiva de aumento de recursos humanos. Siguiendo este hilo, la planificación estratégica contempla un crecimiento de los efectivos actuales de la Agencia, que se acercan a la cifra de 27.300, hasta superar los 29.300 al cierre del año 2027. Una cifra que superaría el volumen de plantilla existente antes de la restricción de ocupación pública, y que se acercaría al número de funcionarios de las administraciones tributarias del entorno de la OCDE. El plan también hace una referencia especial a la necesidad de reforzar el área de Informática tributaria en un contexto de crecimiento continuo de los proyectos que gestiona.
