El comité de expertos para el aumento del Salario Mínimo Interprofesional, el grupo encargado de recomendar al ejecutivo español los términos del aumento correspondiente al 2025, se ha pronunciado en línea con las estimaciones del ministro de Economía, Carlos Cuerpo. El documento presentado por los economistas designados por la vicepresidenta segunda y titular de Trabajo Yolanda Díaz apunta a una mejora de entre el 3,4 y el 4,4% del salario base. En caso de implementarse, supondría unos 50 euros adicionales al salario bruto mensual más bajo dentro de la ley, que quedaría entre los 1.172 y los 1.184 euros mensuales. Las cifras corresponden con las advertencias de Cuerpo, quien apuntaba que el SMI debe subir «en línea con el ritmo del resto de la economía«; una equivalencia que lo situaría a finales del 2024 en el 4%.
Las declaraciones de Cuerpo respecto al SMI ya han provocado fricciones entre ambas carteras -la tónica general de este cierre de año, con disputas constantes entre Trabajo y Economía exacerbadas por el tono cada vez más agresivo de Díaz-. Ante la intención del dirigente económico de mantener el sueldo vinculado al avance económico, la líder de Sumar replicó que «las cifras macroeconómicas no tienen nada que ver con la vida real». «Los salarios son muy, muy moderados, y se debe trabajar desde el gobierno para aumentar el mínimo y, también, los sueldos en general, para ser un poco más europeos», respondía, recordando los enfrentamientos que mantuvo con su predecesora, la ahora presidenta del BEI Nadia Calviño. «Entonces se oponían, igual que hoy, a un aumento acorde con lo que pasa en el país», criticaba la vicepresidenta. En este sentido, instaba a Cuerpo a «respetar el comité de expertos». Ahora, los economistas de su grupo se han alineado más con las estimaciones de Economía que con las aspiraciones sindicales, que aspiran a aumentos más intensos.
El secretario general de la Unión General de Trabajadores, Pepe Álvarez, sin ir más lejos, apuntaba a un aumento cercano al 6%, que dejaría el SMI por encima de los 1.200 euros y cumpliría el objetivo de la Carta Social Europea de igualarlo con el 60% del sueldo medio del país; mientras que Unai Sordo, dirigente de Comisiones Obreras, aspiraba a aumentos «muy por encima del IPC», con el objetivo de recuperar gradualmente la pérdida de poder adquisitivo de las rentas del trabajo durante los años de crisis inflacionista. «Cualquiera ve que los precios de la alimentación», declaraba Díaz, están por encima de antes de la espiral del 2021, hecho que fundamenta, a su juicio, unos salarios más altos de obligatorio cumplimiento.
«Margen» con los empresarios
Más allá del enfrentamiento entre Díaz y Cuerpo en este ámbito, Trabajo también busca las complicidades perdidas con el empresariado español. La CEOE, la patronal de las grandes empresas del Estado, ya se ha levantado de las últimas dos mesas de negociación del salario mínimo, y apunta que tampoco estará presente en las conversaciones que terminen de concretar la de este año. A pesar de la distancia con la entidad y con su presidente, Antonio Garamendi, la vicepresidenta continúa mostrándose «convencida» de que hay margen para terminar de acordar la medida con el conjunto del diálogo social. Ya hace tiempo que el mundo privado exige que los aumentos del SMI se vinculen a los precios de los contratos públicos, para aumentar los ingresos de los negocios que los lleven a cabo a un ritmo similar al que se elevan los costos laborales. Una concesión que, por ahora, el gobierno no ha puesto sobre la mesa. Cabe decir que, tras romper las conversaciones a principios del 2024, el mismo Garamendi puso sobre la mesa unas cifras que entran dentro de los baremos del comité de expertos: a principios del pasado curso, el patrón vasco defendió «un aumento del 3,5%», una décima por encima del umbral inferior que ha recomendado el grupo de asesores económicos.
