Los trabajadores del sector bancario llegan a las últimas semanas de la OPA hostil del BBVA al Sabadell con la lengua fuera. La ofensiva vasca llegó en medio de una batalla por el convenio colectivo inaudita, que provocó la primera huelga en las oficinas de las entidades financieras del Estado en cerca de tres décadas. Más de un año después, las plantillas -especialmente las de los dos implicados en el conflicto, pero no solo- continúan trabajando sin ninguna certeza a medio plazo. «Estamos saturados», denuncia la representante de Comisiones Obreras en la banca, Ingrid Vilanova. El misterio de los recortes de personal, unido a una digitalización que no acaba de implementarse, deja a los empleados en la cuerda floja. Las cifras de «sinergias en costos laborales» -el término neolingüístico para referirse a los despidos- están lejos de ser definitivas. La directiva vallesana apunta a unas 4.000 salidas, en línea con los 300 millones de reducción de costos a los que aspiran los vascos; mientras que CCOO y la UGT alertan de afectaciones próximas a las 10.400 personas. Sin ninguna perspectiva a la que agarrarse, y a la espera de decisiones que escapan de su control, la representación laboral teme una «presión añadida» por parte de las direcciones de ambas entidades. «Hay miedo, por no saber para quién irán«, lamenta el representante de la UGT en el sector financiero, Tesifón Sánchez.
Es necesario recordar, como lamentan los sindicatos mayoritarios del sector, que el convenio colectivo firmado el pasado 2024 fue una victoria parcial. Mediante la protesta, más que extraña en una industria poco acostumbrada a quejarse en la calle, los trabajadores aseguraron mejoras salariales y contractuales que, apuntaban entonces las centrales, «recuperaban el poder adquisitivo perdido durante los años anteriores». El acuerdo sectorial, así, ofrece una línea de defensa a los empleados afectados por la OPA, en tanto que sus condiciones retributivas de base están garantizadas. «Pero aquel convenio fue estrictamente económico», recuerda la representante del sindicato sectorial FINE en el Banco Sabadell, Sílvia Fernández-Del Rincón. Los aumentos salariales y el rechazo a las cláusulas de absorción no fueron acompañados de otras concesiones que reclamaban los empleados, especialmente aquellas relacionadas con lo que llaman «riesgos psicosociales».
Entre otras cuestiones, CCOO, UGT, FINE y el resto de siglas denunciaban un aumento progresivo de la «presión comercial» sobre los empleados, especialmente los de oficinas. Es decir, exigencias cada vez más elevadas en cuanto al rendimiento de cada oficina, con más ingresos, ventas y atracción de clientes. «Ya era una práctica habitual», recuerda Fernández-del Rincón. Con la OPA, sin embargo, «la presión se vive de una forma más agotadora». En este sentido, la representante vallesana reconoce que «todos -plantilla y directiva- están remando» para mejorar las cifras del Sabadell y esquivar la adquisición hostil. Ahora bien, en concreto los trabajadores del ámbito comercial están bajo un escrutinio mucho más severo para «ser punteros, tener los mejores resultados y ser los más rentables». Si la oferta sigue adelante, alerta la representante, «habrá aún más».
El peso de la OPA en las oficinas
Desde el BBVA encuentran un proceso similar. «En una situación como esta, la gente está en tensión. Cuanto más dilatemos, más riesgo hay para los trabajadores», lamenta Sánchez. A su parecer, la concentración, aunque sea en los términos del BBVA, amenaza las rutinas de la plantilla oponente. «Con los procesos de reajuste, las plantillas sufrirán, y también lo hará el servicio», comenta el ugetista. A pesar de la más que anunciada transición a los servicios digitales, las oficinas que permanezcan operativas deberán acelerar su atención. «Si de 15.000 clientes, una oficina pasa a tener 20.000 o 22.000, esto genera más tensión, más nerviosismo y peor servicio», critica. En este punto, la percepción de las plantillas es muy diferente de la que ofrece no solo BBVA, sino el conjunto de las empresas del sector: la atención en oficinas sigue siendo necesaria porque «la transición hacia lo digital no va tan rápido como dicen». «El cliente sigue yendo a oficinas, llamando a personas. Y, con la OPA, esto supone más procesos en menos manos», apunta Fernández-del Rincón.
Coincide Vilanova, más vehemente: para la representante de Comisiones, «los trabajadores que hay son necesarios, hay trabajo para toda la plantilla». Y más aún en Cataluña, que concentra buena parte de los servicios de ambas entidades, y donde la desaparición del Sabadell sería aún más perniciosa. Cabe recordar que el mercado financiero catalán ya está altamente concentrado antes de la potencial fusión: el índice Herfindahl-Hirschman, que mide cuán saturado está el sistema bancario de un territorio, supera el umbral de los 2.000 puntos que la UE marca como amenaza a la competencia. En caso de que la compra del Sabadell siga adelante, saltaría hasta los 2.878 puntos, según las previsiones de la patronal Pimec. «Con menos entidades, será más difícil captar clientes, captar empresas y financiamiento. Todo será más complicado, y la presión hacia los trabajadores aumentará mucho», asevera la sindicalista. Además, como insiste Sánchez, llueve sobre mojado: «El incremento de bajas por cuestiones de salud mental es real, y las duraciones son más largas» ya antes de la fusión.
Sin información interna
Con todo, las organizaciones sindicales encuentran difícil trasladar a sus asociados información respecto del futuro inmediato. Según apunta Sánchez, la dirección del BBVA no ha mantenido ningún tipo de comunicación con el comité de empresa. «Nos enteramos de las cosas por la prensa», critica el representante de la UGT. «Desde la representación laboral, pedimos a las direcciones que nos expliquen cómo será todo», añade; especialmente de cara al consejo que preside Carlos Torres. Cabe decir que las últimas experiencias con Expedientes de Regulación por absorción han ido en la línea de las demandas sindicales, y se priorizaron las salidas pactadas.
La imagen que han dejado las salidas masivas de los últimos años, sin embargo, delata un panorama cada vez más hostil con los trabajadores. En los dos expedientes que se han completado en los últimos años, los voluntarios para salir de las empresas afectadas superaron ampliamente los despidos previstos. En el ERO del BBVA del 2021, «se propuso la salida de 2.700 personas, y se apuntaron 5.000»; mientras que en el de CaixaBank, el mismo año, «querían 6.000 y accedieron 13.000». Esta movilización habla, a juicio de Sánchez, de unas plantillas «envejecidas», que quieren «abandonar el sector por su situación laboral».
OPA sin fusión, la opción preferida
A la espera de la resolución de la fase 3 de estudio de la oferta, los sindicatos han aprovechado la consulta pública que abrió el ministerio de Economía para decir la suya -cabe recordar que la mayoría quedaron excluidos del proceso que protagonizó la Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia-. En el apartado de remedies y condiciones, la representación laboral ha hecho una demanda unánime: que la Moncloa bloquee la fusión. «Es necesario mantener las dos marcas, como hicieron con Santander y Banesto, o con el Popular», recuerda Vilanova. También desde FINE contemplan esta como «la opción más válida», aunque solo sea durante un tiempo determinado. Para Fernández-del Rincón, detener una absorción completa ahora permitiría ejecutarla más adelante «de manera más orgánica y pacífica»; con mayor colaboración de las plantillas y sin tantos recortes de personal. Sánchez, por su parte, llama a mejorar las condiciones en el sector para incentivar la rotación de la fuerza de trabajo, dado que las plantillas están, generalmente, «envejecidas, con medias próximas a los 50 años». «Pasamos un proceso preocupante, porque las oficinas tienen carencias de personal, incluso algunas bajas no se cubren», relata.
