Las patronales españolas han recogido el guante de los sindicatos y reclaman a los partidos políticos que «frenen» la reducción de jornada. Según la CEOE, la entidad más representativa del empresariado del Estado, y la Cepyme, su rama de pequeñas y medianas empresas, las 37,5 horas son «lesivas» para el tejido de negocio español y «para la vida de los ciudadanos». «Producir lo mismo y al mismo precio en menos tiempo será muy difícil o, en muchos casos, imposible si se quiere mantener la viabilidad de nuestras empresas y nuestras plantillas», han alertado ambas entidades. Con sus declaraciones, las confederaciones empresariales sostienen la batalla con los sindicatos, que ya han amenazado a la Moncloa con retirar su apoyo si hay cambios sustanciales en el redactado pactado a principios de curso.
La CEOE y sus aliados, en este sentido, aseguran que los sectores que no tienen jornadas reducidas por convenio, como la hostelería, el comercio o las diversas ramas del primario, «no tienen suficiente capacidad para enfrentar» las 37,5 horas. «La realidad de estos sectores es otra», aseveran los empresarios madrileños. Según su argumentario, la ganadería o la restauración «tienen una gran tradición y actividad en materia de negociación colectiva». Son, justamente, algunos de los que las patronales tienen un acceso más fácil a aplicar convenios favorables. De hecho, el convenio agropecuario catalán fue uno de los más complejos de llevar adelante, en tanto que el empresariado se negaba a firmar las tablas salariales que reconocían el aumento del Salario Mínimo Interprofesional.
Sobre sus estimaciones, la reducción de media hora diaria de la jornada laboral «empeoraría la crisis de las vacantes». Varios de los sectores más afectados por la reforma horaria son también los que sufren más carencias en cuanto al acceso a mano de obra. En todo el Estado, por ejemplo, faltan 8.500 trabajadores en hostelería, y unos 13.000 para las empresas comerciales. «Si a esto le sumamos jornadas de trabajo reducidas y no acordadas en la negociación colectiva, el perjuicio sería muy importante», declaran los patrones, que acusan a la ministra de Trabajo, Yolanda Díaz, de «no tener en cuenta el tejido empresarial».
Tensando la cuerda con los sindicatos
Las declaraciones de la entidad que preside Antonio Garamendi llegan tras el ultimátum lanzado por el secretario general de Comisiones Obreras, Unai Sordo, que ha exigido al gobierno español que lleve definitivamente al Congreso de los Diputados la reforma de la jornada laboral. Según Sordo, la presión patronal está sirviendo para que la Moncloa retrase «sine die» la aprobación de la medida, una de las más defendidas por Díaz y que se pactó, cabe recordar, solo con los sindicatos. Las demandas empresariales chocan frontalmente con las líneas rojas de las organizaciones de trabajadores, que se niegan a prescindir de la reducción horaria por ley y de los nuevos mecanismos de control de la jornada. «A partir de aquí, dependeremos del trámite parlamentario, y jugaremos al juego de las presiones», aseguraba Sordo en una comparecencia en Barcelona el pasado miércoles. De hecho, desde CCOO no descartan movilizaciones para presionar a partidos y ejecutivo a favor de sus posturas.
El problema de Junts
El callejón sin salida que padece el gobierno español para llevar adelante la medida viene de Cataluña. El único partido de la mayoría de la investidura de Pedro Sánchez que, por ahora, no se ha sumado es Junts per Catalunya, que ya ha avisado que presentará una enmienda a la totalidad del proyecto de ley. Los sindicatos han calificado de «irresponsable» la posición de los juntaires, en tanto que «introduce la percepción de que la ley puede caer». En este sentido, reclaman que propongan enmiendas concretas para negociar en trámite parlamentario. Un camino al cual se ha abierto la patronal catalana de las pequeñas y medianas empresas, Pimec, que considera «inviable» el redactado actual de la norma, pero se ha mostrado receptiva a aceptarla si se adapta a las diversas realidades empresariales del país.
