La multitud de derrotas parlamentarias del gobierno de Pedro Sánchez en las últimas semanas del año han puesto a prueba los frágiles equilibrios que debe mantener Moncloa para, más allá de llevar adelante su agenda, simplemente sobrevivir. El desastre de la reforma fiscal, añadida con un clip detrás de la transposición de una normativa europea, o la casi descontada derrota del impuesto a las energéticas han torcido el Consejo de Ministros, que no encuentra cómo resolver ni siquiera puntos fundamentales del pacto de legislatura. Las trincheras, sin embargo, también se han cavado fuera de la Carrera de San Jerónimo, separando -enfrentando, incluso- «dos almas» en Madrid, según insisten en apuntar las principales patronales del país y del Estado.
La relación entre las carteras de Economía y Trabajo ha sido agria desde la primera incursión de la coalición en las instituciones: Nadia Calviño, ahora presidenta del BEI, y la todavía vicepresidenta segunda Yolanda Díaz protagonizaron a finales de 2023 la primera disputa entre carteras por el futuro del subsidio por desempleo. Entonces, fue la líder de Sumar quien salió ganadora, con un diseño mucho más cercano a sus postulados. Ahora, con Carlos Cuerpo al frente, los de Díaz han acelerado la contienda, más aún en un contexto empresarial que les es cada vez más desfavorable. En este clima, en 2025 se decidirán medidas de la profundidad de la reducción de la jornada laboral, con todas sus ramificaciones, o la nueva subida del SMI, en busca de los 1.200 euros brutos al mes; y la unidad ministerial está menos clara que nunca.
Desde la ya problemática tercera investidura de Sánchez, Díaz había mantenido un perfil bajo, y había dejado que sus posiciones llegaran al foro público en boca de portavoces del partido, como la secretaria de comunicación Elizabeth Duval o la encargada de las declaraciones en las Cortes, Verónica Martínez Barbero. Estos perfiles han estado en los últimos meses entre los contrapesos de Cuerpo en las medidas laborales clave, recordando a menudo, por ejemplo, que el PSOE acordó en su último congreso federal una jornada laboral aún más ambiciosa que la que se ha negociado con los sindicatos, con un objetivo de 36 horas. Sin embargo, tal como informó elDiario.es, el cierre del curso ha sido especialmente problemático en cuanto a las relaciones entre Economía y Trabajo; tanto que la misma titular se ha lanzado al ataque contra su compañero de mesa. En una entrevista con RNE el pasado viernes, la vicepresidenta señaló a Cuerpo por «posicionarse primero con la patronal y no cumplir el acuerdo». «Estamos parando de reducir la jornada laboral media hora al día, es casi de mala persona decir que no a los trabajadores para hacer esto», elevó el tono en la misma conversación.
Los grandes problemas, cabe recordar, se sitúan en el calendario de aplicación, que los socialistas ya mueven más allá de 2025 para algunas aplicaciones, y el efecto de la reducción sobre los contratos a tiempo parcial. En el primer caso, Cuerpo ha abogado por una solución en línea con el relato de la CEOE y su presidente Antonio Garamendi: los convenios colectivos ya vigentes sobre una jornada de 40 horas semanales, a juicio del titular de Economía, no deberían reformarse hasta su finalización. En algunos casos, esto llevaría la rebaja hasta 2026, hecho que Sumar no parece dispuesto a aceptar. Además, como recuerdan a menudo los sindicatos catalanes, los acuerdos sectoriales más garantistas ya contemplan semanas inferiores a las 40 horas; hasta el punto que la media en el Estado ya se sitúa en las 38,2. Los trabajadores más beneficiados por la reforma, pues, son aquellos regulados por convenios menos ambiciosos, como el comercio, la comunicación o la gran distribución. Díaz ha añadido a menudo el carácter feminizado de muchas de estas tareas, y ha reprochado a Cuerpo que contemple pasos que «atacan los derechos de las mujeres«. Las limitaciones que busca el empresariado, con Economía al lado, provocan que «las mujeres que son dependientas, reponedoras o que trabajan en la hostelería no puedan tener los mismos derechos que el resto de trabajadores», acusaba.
Cuerpo, en clave ‘realpolitik’
Para Cuerpo, sin embargo, las concesiones no son cuestiones de principio, sino de correlación de fuerzas. En una reciente entrevista en la televisión española LaSexta, el sucesor de Calviño reconocía que abre la puerta a una flexibilización de los horizontes pactados con Comisiones Obreras y la UGT; aunque la atribuyó a la capacidad del ejecutivo de sumar una mayoría parlamentaria suficiente para garantizarse el cada vez más complicado sí de las Cortes a los trámites de las nuevas leyes. «La misma concepción de la medida -recordaba entonces- contemplaba un elemento de transitoriedad». Este, sin embargo, culminaba en todo caso en 2025 con la entrada en vigor definitiva de las 37,5 horas, tras un periodo con el tope en las 38,5 que no se ha producido por la negativa empresarial a acceder a las negociaciones.
Ninguno de los dos partidos que más problemas han puesto al ejecutivo en las últimas votaciones, Junts y el PNB, se han mostrado explícitamente contrarios a la propuesta, aunque han introducido matices que evidencian las barreras que aún debe saltar la coalición ejecutiva. El secretario general del partido independentista, Jordi Turull, protagonizó un enfrentamiento con el secretario general de la UGT en Cataluña, Camil Ros, a este respecto. Entonces, Turull sentenció que «el diálogo social no puede acabar con una parte imponiéndose por encima de la otra», en línea también con las reclamaciones de las patronales catalanas. Por su parte, el portavoz jeltzale Aitor Esteban ha abrazado con más entusiasmo la reforma, aunque ha insistido en subrayar «los problemas que puede suponer para las pequeñas empresas». Sin garantizar el apoyo nacionalista, Sánchez no puede mirar a la derecha, en tanto que el PP se ha sumado al discurso más beligerante de la CEOE: en unas recientes declaraciones en el Congreso, el portavoz conservador Miguel Tellado, encargado siempre de difundir las posiciones más duras de Alberto Núñez Feijóo, acusó a Moncloa de querer «aplicar modelos dictatoriales, populistas, que poco tienen que ver con la corresponsabilidad que se supone que deberían mantener».
El SMI, también en disputa
La reducción de la jornada laboral ha hecho sombra en las últimas semanas a la que había sido la polémica central del diálogo social español en los últimos cambios de año: la revalorización del Salario Mínimo Interprofesional. La mejora retributiva, de hecho, arranca más tarde que en otras ocasiones lastrada por las malas relaciones entre empresariado, trabajadores y ejecutivo. A la espera aún del informe del comité de expertos constituido el pasado mes de noviembre, tanto Díaz como el secretario de Estado de Trabajo Javier Pérez Rey se han comprometido a convocar las patas de la conversación económica para acordar la subida, en busca de un sí empresarial que ha desaparecido en los últimos tres años. En declaraciones a los periodistas, Pérez Rey ha dejado entrever que el mínimo que se plantea de cara al curso entrante es un aumento en línea con el IPC, del 2,8%, para evitar que las rentas del trabajo pierdan poder adquisitivo.
Eso sí, las posturas sindicales son más ambiciosas, y apuntan a expansiones de entre el 5 y el 6%, que situarían el suelo salarial en torno a los 1.200 euros brutos al mes, en línea con el objetivo del 60% del salario medio. Cuerpo, sin embargo, también ha salido al paso de estas aspiraciones: en declaraciones a RNE, el ministro ha limitado la medida al ritmo de crecimiento de la economía. Por ejemplo, el ejercicio pasado «podría haber sido del 4%», reflexionaba, un punto por debajo del aumento efectivo pactado con CCOO y UGT. El titular de Economía vuelve a enfriar, así, horizontes que el mismo PSOE ha querido hacer suyos en el Congreso federal. Cabe recordar que los socialistas contemplaron incluso garantizar el equilibrio del 60% vía reforma constitucional.
Las patronales hacen su agosto
Las desavenencias entre Cuerpo y Díaz aún no han tenido efectos materiales en la acción de gobierno de Moncloa -que, en el ámbito laboral, a menudo cae a favor de la líder de Sumar-. Sin embargo, las patronales de grandes empresas de todo el Estado han sacado provecho del enfrentamiento, y han intentado hacer aún más profunda la herida que afecta al Consejo de Ministros. Garamendi, de hecho, ha diferenciado claramente el talante de ambas autoridades, reprochando a la vicepresidenta los «insultos» que identifica hacia los empresarios, siempre en contraposición con el «planteamiento más cooperante» del universo socialista. También el presidente de Foment del Treball, Josep Sánchez Llibre, se sumó a este diagnóstico en el encuentro navideño con periodistas de la organización catalana, alabando el alma pactista del responsable de Economía, «más sensible a lo que reivindican los empresarios». A pesar de que los potenciales estragos de las 37,5 horas podrían notarse con más profundidad en las pequeñas y medianas empresas, el presidente de Pimec, Antoni Cañete, se ha mostrado más proclive a la reforma, siempre y cuando contemple reformas de flexibilización que adapten la reducción a las realidades diversas de negocios y sectores.
