Prácticamente, no ha pasado ni un mes desde que el Gobierno de la Generalitat veía en la JARC (la Asociación de Jóvenes Agricultores y Ganaderos de Cataluña) un ‘aliado’ dentro del sector de la agricultura. Su papel reivindicando la labor negociadora del Departamento de Agricultura, Ganadería, Pesca y Alimentación evitó que se extendieran los ‘incendios’ que la amenaza de futuras protestas solo al inicio del 2025 se habían instaurado dentro del sector. Ahora la JARC ha planteado llevar las movilizaciones contra la Generalitat, concretamente se prevén 1.000 manifestantes el próximo viernes a las puertas de la consejería en Lleida.
Esta posibilidad de llevar la protesta contra la consejería a la calle contrasta con las declaraciones del presidente de la JARC, Joan Carles Massot, que señaló que «la movilización es un extremo, y cuando se tiene que llegar a ella, se llega. Pero en este momento tenemos propuestas sobre la mesa, y la administración está receptiva». Ahora la JARC amenaza que si el consejero de Agricultura, Òscar Ordeig, no plantea “compromisos concretos” en aquellas medidas que dependen de su competencia, pedirá su dimisión.
El pasado miércoles la organización y el Gobierno ya se reunieron y la JARC le trasladó cuáles eran las «líneas rojas». Unas líneas rojas que están estrictamente vinculadas con los seguros agrícolas -cada vez menos agricultores, y menos agricultores jóvenes los contratan por los altos precios- y un precio asequible para los jóvenes, medidas fiscales efectivas y mayor acceso a la financiación, ayudas solo para jóvenes, profesionales y EAP; y que en el plan de sequía la agricultura y la industria sufran las mismas restricciones.
Líneas rojas, el fuego que aviva las brasas del conflicto entre gobierno y agricultores
La cuestión que rodea los seguros agrarios es la que más ocupa el debate entre administración y el sector. La JARC pide que estos seguros -que cada vez se contratan menos y entre los jóvenes esta caída es aún más acentuada- sean más baratos para jóvenes, agricultores profesionales y Explotaciones Agrarias Prioritarias. No es la única demanda que le hacen a la consejería, ya que aseguran que el Departamento ha recibido por parte de la JARC la petición de que se incremente la subvención que se dirige a estos colectivos, concretamente que pase de 15 a 30 millones de euros, que las medidas fiscales que se promueven desde el Departamento sean efectivas y que los agricultores tengan un mayor acceso a la financiación.
Los agricultores añaden que Cataluña debe complementar la subvención que se otorga a los agricultores por los créditos ICO-Web. La JARC denuncia que la Generalitat solo realiza una ayuda del 15% para la amortización principal de estos créditos, una cifra que consideran insuficiente y que piden que se incremente hasta el 30%, un hecho que según relatan permitiría que los jóvenes agricultores tuvieran un acceso más fácil a la financiación. En carácter de créditos, los agricultores reclaman que se establezca una nueva línea de financiación ICF para jóvenes que esté bonificada al 100% y otra línea bonificada para poder modernizar los regadíos y el uso del agua.
La última de las reclamaciones que hace el sector es que las restricciones del sector agrario se igualen a las del sector industrial. Los agricultores destacan que la agricultura y la ganadería son actividades esenciales para la seguridad alimentaria y la fijación de la población en el mundo rural, es por eso que piden que se equipare la reducción del agua para el riego agrícola con lo establecido para la industria.
