La OPA hostil del BBVA sobre el Banco Sabadell continúa acumulando oposición social. La UGT de Cataluña, en un sentido similar al que ya han apuntado otras entidades del mundo económico, denuncia que la operación amenaza con «precarizar el sector bancario» catalán -un sector, aseguran, que ya parte de una base problemática-. La vicesecretaria general de la central sindical, Cati Llibre, ha asegurado en rueda de prensa que la potencial fusión entre ambas entidades provocaría una importante erosión en las condiciones laborales de los trabajadores de la entidad resultante. Según el sindicato, una absorción sin condiciones adicionales destruiría unos 10.400 empleos directos, 3.200 de los cuales en Cataluña. A estos se deberían sumar, según la vicesecretaria general Cati Llibre, hasta 6.400 empleos indirectos solo en el Principado, debido a la caída del crédito a empresas y la desaparición de los servicios bancarios vinculados a la actividad del Sabadell. Cabe recordar que, según las patronales del país, el agujero de financiación a negocios que dejaría la adquisición oscilaba entre los 54.000 y los 75.000 millones de euros.
Con esta reducción de fuerza de trabajo bancaria, Cataluña quedaría muy lejos de Europa en cuanto a los servicios financieros a los usuarios. Una ratio, cabe decir, en la que ya hay una considerable brecha: en 2024, la media europea de trabajadores bancarios por cada 100.000 habitantes era de 504, mientras que en Cataluña y en el Estado es de 335. Los cálculos iniciales de los sindicatos sitúan la ratio después de la OPA en torno a los 250 trabajadores por 100.000 habitantes, un nivel «completamente insuficiente» para atender las necesidades bancarias de los catalanes. El escenario que surgiría de la OPA, pues, dejaría en muy pocas manos toda la demanda de productos bancarios en el Principado, con un impacto directo sobre los empleados que queden en la entidad. Así, Llibre, alerta que la fusión es «incompatible con un modelo laboral digno» para la plantilla.
Sobre este fundamento, el sindicato se une a las reclamaciones de entidades empresariales y otros agentes del mundo económico y exige que la Moncloa vete la fusión entre las dos entidades. Para Llibre, hay una «justificación más que suficiente para que el gobierno español haga oposición a la concentración». «Hay un consenso académico en torno a los riesgos que genera la OPA, y ninguno de los beneficios está claro. Incluso se duda de la rentabilidad del banco resultante», añade la sindicalista. Prohibir la absorción del Sabadell, sin embargo, es solo una parte de la exigencia sindical hacia el Consejo de Ministros: a juicio de los representantes ugetistas en el sector bancario, el ministerio que dirige Carlos Cuerpo debería «imponer condiciones lo suficientemente duras para que la operación se detenga». Las expectativas desde el mundo del trabajo, sin embargo, no son tan halagüeñas: fuentes sindicales apuntan que «será un veto descafeinado», con medidas que mantengan la marca del Sabadell temporalmente hasta que el contexto político permita enfrentar la fusión completa sin tanta oposición.
Menos trabajadores en peores condiciones
Según el sindicato, la destrucción de empleo también dejaría en peores condiciones a los empleados que se mantengan en la entidad resultante. Llibre alerta que un proyecto de recorte de costes laborales como el que prevé implementar BBVA elevaría la presión comercial sobre las plantillas, que deberían atender a muchos más clientes en una situación de elevada concentración de mercado. «Tendríamos el mismo volumen de negocio con menos trabajadores para gestionarlo», razona Llibre. El proceso se completaría en un momento, además, de reducción de los derechos laborales en el sector financiero, con un pico de bajas por estrés y ansiedad, un mal control de las horas extraordinarias y unos elevados riesgos psicosociales. En este sentido, los representantes de la plantilla de BBVA aseguran que han intentado en varias ocasiones reunirse con la dirección del banco, en concreto con el presidente Carlos Torres, sin éxito. «Las plantillas están muy encendidas», aseguran fuentes sindicales; y quedaron poco satisfechas con el convenio colectivo del sector que se firmó en 2024 tras la primera huelga financiera en 30 años. «El señor Torres prometió mejorar el convenio, y no lo ha hecho. Ahora evita reunirse con la plantilla», critican.
