La crisis de los temporeros se mantiene sin resolver. Mientras los agricultores se plantean volver a salir a las calles para exigir mejores condiciones laborales, así como una situación de prioridad para los productos locales frente a los importados extranjeros, los trabajadores del campo continúan viéndose atrapados en una precariedad que no parece tener fin. Estos trabajadores, mayoritariamente inmigrantes, se ven obligados a aceptar contratos que superan las horas laborales permitidas por la ley, e incluso, muchos de ellos tienen que pasar la noche en condiciones deplorables, durmiendo al raso y sin las mínimas garantías de seguridad ni higiene. Aunque la lucha por mejorar los alojamientos de estos temporeros no es un fenómeno nuevo, con el paso de los años se ha hecho más evidente la urgencia por encontrar soluciones efectivas. La última apuesta del gobierno catalán ha sido la subvención de las solicitudes para construir y rehabilitar alojamientos para los temporeros. Con una partida de 700.000 euros a repartir en 15 proyectos de fruticultura por toda Cataluña, el departamento de Agricultura, Ganadería, Pesca y Alimentación refuerza su participación en la resolución de la crisis. No obstante, mientras que esta cifra es aceptable para muchos agricultores, los sindicatos consideran que es insuficiente, ya que podría no cubrir las necesidades reales del colectivo, que continúa sufriendo las consecuencias de un sistema que los deja marginados y vulnerables.
«No parece una cantidad suficientemente elevada para resolver el conflicto», remarca a Món Economia, Xavier Perelló, secretario general de UGT FICA en las Tierras de Lleida. Para el experto, la realidad es muy difusa, porque no disponen de cifras reales sobre las personas que trabajan en el campo y no tienen alojamiento. De hecho, Perelló calcula que alrededor de 25.000 trabajadores del campo no tienen alojamiento. Ahora bien, esta cifra cuantifica las personas sin papeles y con contratos ilegales y aquellos que sí tienen contrato pero no tienen un espacio donde descansar. «Siempre hablamos de cifras generales porque no tenemos específicas», lamenta el sindicalista. Así pues, para UGT es complicado valorar si la partida presupuestaria es suficiente o no, pero lo que tienen claro es que «los alojamientos para los temporeros con contrato no son un problema empresarial, sino del Gobierno», espeta Perelló. En este sentido, el sindicato afirma que los agricultores que necesitan mano de obra deben hacerse cargo de estas personas y -con ayudas o sin ellas- «si no pueden, no deberían contratar», continúa Perelló.
La visión desde la agricultura es diferente. El sector vive momentos de mucha tensión y se sienten desprotegidos ante los diferentes conflictos que se han ido enquistando con los años. La exagerada burocracia o la competitividad desleal de los productos de fuera los han convertido en un sector vulnerable que tiene muchos frentes abiertos desde donde actuar. «Para nosotros es una cantidad buena que puede ayudar a resolver parte del conflicto», asegura Jaume Pedros, responsable de temporeros de Unió de Pagesos. Mientras los sindicatos remarcan la necesidad de mejorar la relación empresarial y laboral de los temporeros y los productores, los mismos empresarios agrarios aseguran que en muchos casos se les hace complicado asumir la totalidad del gasto de construir o rehabilitar estos alojamientos y, por tanto, las ayudas del Gobierno quitan parte de esa presión: «Actualmente, la normativa exige unas condiciones específicas que sin esta ayuda, muchos agricultores no podrían sufragar», describe Quim Mallafré, portavoz de Revolta Pagesa.
La burocracia que rodea las solicitudes
El conflicto se enturbia por ambos lados. Por un lado, los sindicatos continúan luchando por la mejora de las condiciones de las personas con contrato y sin alojamiento, y por otro los agricultores aseguran que las cargas económicas muchas veces son más altas de lo que pueden asumir. Es por ello que la línea de ayudas del Gobierno pretende estabilizar la crisis poco a poco. La partida de proyectos subvencionados por el departamento de Agricultura en 2024 se ha repartido en 15 proyectos repartidos por Cataluña. El tipo de proyecto que ha generado más plazas de alojamiento ha sido la construcción de nuevas viviendas, ya que permite crear infraestructuras diseñadas específicamente para las necesidades de los temporeros. «Este modelo ha tenido un gran impacto en la capacidad de acogida», aseguran fuentes de la consejería de Agricultura a Món Economia. De esta manera, las reformas y rehabilitaciones de espacios existentes también han sido relevantes, porque han permitido aprovechar edificios preexistentes para adaptarlos como alojamientos temporeros. Finalmente, en cuanto a la compra de alojamientos nuevos y las intervenciones específicas de las viviendas ya existentes han tenido menos éxito, tanto por la falta de disponibilidad de viviendas en el mercado, como en el caso de las pequeñas reformas, por el poco impacto que tienen en el aumento de plazas disponibles.
El presupuesto inicial planteado para esta partida era de 1,5 millones de euros, pero se ha acabado reduciendo por la falta de solicitudes aceptables, es decir, ha habido productores que se han quedado fuera por no cumplir con los requisitos. Aun así, la consejería explica a este diario que «esta ha sido la primera vez que se convocaba esta ayuda, y eso ha generado algunos retos en su ejecución». Parte del sector de la agricultura también reconocen que las solicitudes eran mucho más complejas de lo que esperaban y que «había muy poco tiempo para hacerlo todo», explica Pedros, de Unió de Pagesos, quien añade que «la gente no lo puede tramitar en un tiempo tan limitado». Por el contrario, Pedros también reconoce que a partir de ahora los agricultores estarán más preparados para cuando llegue el periodo de solicitud. Lo mismo opina Mallafré, de Revolta Pagesa, quien además, insiste en decir que había algunos trámites que se exigían que no se podían hacer a tiempo. «En esta ayuda la vivienda en cuestión debe estar a nombre del titular de la explotación y teníamos un plazo muy limitado de tiempo para solicitarlo», lamenta el portavoz de la entidad quien también asegura que «se tenían que hacer muchas gestiones previas».
La crisis laboral con los temporeros
Más allá de la lucha por una vivienda digna para los trabajadores del campo, UGT FICA también reclama más control para aquellas personas que trabajan sin papeles y sin contrato. Al fin y al cabo, Perelló asegura que la crisis no solo se soluciona con el aumento de los alojamientos y que, por tanto, aunque la primera parte sea cosa de las empresas, «el sinhogarismo sí que es un problema del Gobierno». En este sentido, repite que es necesario poder contabilizar las personas que cada año entran a Cataluña para trabajar y no tienen permiso de trabajo. «Debemos evitar hacer llamamientos», recuerda el secretario general de UGT FICA Tierras de Lleida, ya que si se reclama más mano de obra, se acaba con un exceso de personal que muchas veces acaba siendo contraproducente. En cierta manera, el sector de la agricultura comparte la misma visión que los sindicatos y el responsable de temporeros de Unió de Pagesos remarca la necesidad de más seguridad y ayudas para las personas sin papeles: «Se necesita una solución para estos trabajadores, que son los más vulnerables y cuando un agricultor no les puede hacer contrato acaban en manos de los especuladores«, concluye.
