La agricultura del Estado ha vuelto a tomar las calles para protestar contra las medidas de la UE que, a su parecer, fundamentan la «competencia desleal» de terceros países hacia el sector primario del continente. Unos 5.000 agricultores de todo el territorio español, según las entidades agrarias convocantes, han ocupado el centro de Madrid contra el acuerdo comercial entre Bruselas y el Mercosur, un entendimiento que el campo catalán lleva tiempo criticando como un «ataque directo» a la supervivencia de su actividad. La marcha, convocada por la patronal Asaja y la entidad cooperativista COAG, ha retomado los métodos del pasado mes de febrero y se ha dirigido a la sede del ministerio de Agricultura, Pesca y Alimentación, con abundantes protestas contra el titular de la cartera, Luís Planas. Según los productores, el acuerdo con los principales mercados de América Latina –Argentina, Brasil, Uruguay y Paraguay– choca contra las promesas que desde las administraciones se hicieron durante el anterior ciclo de movilizaciones y tractoradas, que ya paró el centro de Barcelona durante las primeras semanas del 2024. Cabe recordar, sin embargo, que las negociaciones entre potencias sobre los capítulos agrarios del espacio de libre comercio se cerraron en 2019, y no se han reabierto en los intercambios de este último mes. El acuerdo, a juicio de la Comisión, es, de hecho, positivo para los campesinos de los 27.
A pesar de la defensa que hace la institucionalidad de Bruselas, los agricultores de todo el Estado -catalanes incluidos- ya han alzado las antorchas. La movilización de este lunes -aún no tan multitudinaria como las que se activaron hace once meses- será «solo el principio», según han amenazado las organizaciones convocantes, en caso de que el acuerdo entre en vigor según las previsiones de la Comisión Europea. El gran punto contencioso que reclama la agricultura es el que ya ocupó buena parte de sus protestas en cuanto a comercio internacional en enero: las denostadas cláusulas espejo, un mecanismo por el cual las normativas y regulaciones de producción locales -europeas, en este caso- deberían aplicarse también a aquellos alimentos que entren al mercado procedente de terceros países. Este punto fue una de las principales victorias -temporales- de las primeras tractoradas, dado que el ministro Planas insistió, en varias intervenciones, en la necesidad de insertar este tipo de normativas en los acuerdos de comercio; si bien la compleja arquitectura normativa de estas, unidas a los intereses contrarios de los exportadores, las han hecho saltar del tablero como una exigencia comunitaria. El comisario de comercio de la Comisión, Valdis Dombrovskis, de hecho, rechazaba en sede parlamentaria «reabrir el acuerdo» en cualquier aspecto, en tanto que hacerlo «llevaría a largas negociaciones que pondrían en peligro el frágil equilibrio logrado durante 20 años de negociaciones».
Esta es la gran demanda del sector agrario estatal, unido al europeo: el presidente de Asaja, Pedro Barato, asegura que los procesos «que están prohibidos en Europa, no lo están allá». Esto, alerta, permitiría la entrada al mercado local de productos elaborados con procedimientos que no serían de aplicación bajo la normativa de Bruselas; pero que sí se atienen a las leyes de los grandes mercados latinoamericanos. Si bien los campesinos defienden no ser contrarios a los pactos de libre comercio en general, sí detectan aperturas para la «competencia desleal» de otras cadenas de valor más laxas. Los documentos de la CE, sin embargo, defienden que el pacto con Mercosur «respeta los estándares de salud y seguridad» de la alimentación del continente. «Cualquier producto vendido en la UE, doméstico o importado, debe cumplir con la normativa local», aseguran; con independencia de los pactos comerciales exteriores. La norma, cabe decir, se aplica en otras instancias: en Canadá, con quien Brus
Así, los agricultores dirigen su ira contra Moncloa, a quien piden una explicación de su posicionamiento. Para Barato, debe ser Planas quien comunique las «bondades del acuerdo». «No las vemos por ninguna parte», ha ironizado el dirigente agrario. Similar ha sido el llamado del secretario general de la COAG, Miguel Padilla, que se ha declarado «sorprendido» por la postura española. Para Padilla, cuesta entender que el ejecutivo de Pedro Sánchez «haya sido uno de los principales impulsores» del pacto, dado el «peso importantísimo de agricultura y ganadería» en la economía estatal. Cabe decir que, según las estimaciones de la CE, el Estado español tiene mucho que ganar con el libre cambio con Mercosur. Fuera de lo agrícola, uno de los sectores industriales que más demanda encuentra en las potencias del Cono Sur es el petroquímico, altamente implantado en varios territorios del Estado -con Cataluña a la cabeza-.
Bruselas hace bandera del acuerdo
Por otro lado, los estudios económicos de Bruselas defienden que, dentro del mundo de la alimentación, segmentos especialmente implantados en el mercado español pueden salir altamente beneficiados del espacio de libre circulación de mercancías, por la baja capacidad que tienen especialmente Argentina y Brasil para producirlos. Es el caso del sector vitivinícola o de la industria del aceite, cadenas de valor altamente arraigadas y que ganan mucho valor fuera de las fronteras del país y el Estado. En concreto, según los modelos elaborados por la UE, el vertical de las bebidas alcohólicas en general, de las cuales el vino es un claro protagonista -con un 60% de las exportaciones del sector-, podría llegar a mejorar su ratio comercial con el Mercosur en más de 461 millones de euros. El tratado de libre comercio, en el caso del mundo de la viña, dejará atrás unos aranceles que, hasta ahora, podían llegar al 35% para un mercado que en 2022 movió más de 220 millones de euros entre regiones.
En cuanto a los principales puntos de contención del acuerdo, la CE reconoce especial sensibilidad en varios ámbitos agrícolas y ganaderos; especialmente aquellos en los que Brasil y Argentina son grandes exportadores. Es el caso de la carne bovina: los miembros de Mercosur producen anualmente cerca de 14 millones de toneladas de productos derivados de la ternera; con un rol mayoritario de las dos potencias que lideran el mercado local. Según los documentos de la UE, unas 200.000 toneladas llegan anualmente a los mercados comunitarios -196.000 durante el año 2023-.
El acuerdo, en el caso de la carne de vaca, reconoce la posibilidad de recibir 99.000 millones de toneladas anuales más, si bien no deja libertad total: impondrá una cuota reducida del 7,5%. Cualquier movimiento que supere el umbral establecido debería abonar el costo aduanero completo. Ahora bien, las estimaciones de Bruselas apuntan que en ningún caso se alcanzaría este nivel comercial, dado que se prevé un incremento de ventas de unas 70.000 toneladas, cifra que corresponde a poco más del 0,5% del total del output local.
Otro de los productos señalados es el ave de corral, que se encuentra en situación similar a la ternera, si bien con restricciones más laxas. El acuerdo contempla una cuota de importaciones sin aranceles de unas 180.000 toneladas de carne aviar -principalmente de pollo-, que se iría implementando durante los primeros cinco años de vigencia del pacto. Más allá de este nivel, como en el caso anterior, se aplicaría un arancel regular. Tal como apuntan los estudios de Bruselas, estas 180.000 toneladas se corresponden exactamente al aumento del consumo anual de pollo en la UE; y no llega al 1,4% del total de la demanda en el continente. Cabe decir, además, que el nivel establecido para moverse libremente entre regiones es inferior al actual: en 2022, se compraron unas 240.000 toneladas de carne de ave a productores de los países miembros de la alianza latinoamericana.
Francia pierde la partida
Las posturas ofensivas de la Unión Europea van ganando apoyos entre las potencias comunitarias, lo que hace retroceder la resistencia francesa. Durante las jornadas inmediatamente posteriores a la firma del pacto, el presidente Emmanuel Macron sentenció que las condiciones establecidas son «inaceptables». El Elíseo inició conversaciones con países que habían expresado reservas en contra, todas ellas de amplia mayoría conservadora. El más destacado, el gobierno de Donald Tusk, en Polonia, asediado también por intensas protestas campesinas. Se añaden las dudas italianas, neerlandesas y austriacas, que serían suficientes para establecer la minoría de bloqueo con la representación del 35% de la población europea. Meloni, sin embargo, equilibra intereses contradictorios: por un lado, un potente sector primario con reclamaciones alineadas con el español o el francés. Por otro, un balance exportador con Mercosur que deja más de 1.000 millones de euros anuales al tejido productivo italiano anualmente. En declaraciones al portal Politico, la experta de la universidad de Bocconi Antonella Mori ha sido tajante: «al final, Italia votará a favor del pacto».
