Los agricultores catalanes vuelven a anotarse una victoria institucional. Después de hacer volar la amenaza de los cortes de carreteras que paralizaron el país entre enero y febrero de 2024 una vez más sobre la ciudadanía catalana, el Gremio de la Agricultura ha logrado lo que fuentes del campo consideran un «acuerdo de mínimos» para iniciar el trabajo conjunto con el Gobierno de Salvador Illa. El documento, que contempla 19 medidas en ámbitos bajo la competencia de la Generalitat -desde la tan problemática desburocratización, una de las prioridades de los campesinos que ha tardado más de un año en activarse, hasta el control de especies que amenazan los cultivos y rebaños- ha servido para detener el despliegue de tractores que aspiraba a volver a congelar el tráfico en Cataluña este mismo lunes, con 10 cortes de carretera que se preveían concurridos. La dirección del Gremio, antes constituido en Revolta Pagesa, ha celebrado ampliamente el entendimiento entre campesinos y ejecutivo, presentado anoche por el consejero de Agricultura Òscar Ordeig. La organización, cabe decir, ha alabado la figura de Ordeig, a quien ven «más dispuesto a hablar» que a sus predecesores.
Los laureles, sin embargo, guardan un importante matiz: parte de los representados confían poco en la voluntad y la capacidad de Sant Jaume de llevar adelante las medidas. En una de las asambleas convocadas para detallar el pacto este mismo lunes, celebrada en el Anoia con productores de toda la demarcación de Barcelona, los presentes expresaban una sensación «agridulce»: el acuerdo, a su parecer, no es especialmente ambicioso, y el margen de actuación que el primario catalán deja a Ordeig y al presidente Salvador Illa es cada vez más corto -especialmente después de un año en que, a pesar de las promesas, la situación del sector está «99% igual»-. Vistas las reticencias de parte de los agremiados, fuentes del Gremio confirman a Món Economía que no se ha levantado el pie del acelerador en cuanto a movilizaciones. «El acuerdo no da carta blanca: la confianza está sobre la mesa, pero también con un control», declara a este medio uno de los portavoces de la organización, Jordi Pinós.
El mismo acuerdo, cabe decir, recoge palancas para vigilar que la acción de gobierno esté en línea con lo que se ha pactado, con una mesa bilateral que pretende reunirse cada dos semanas para confirmar que Illa y Ordeig siguen el camino previsto. Los agricultores, sin embargo, no se plantean dejar un período de gracia: uno de los manifestantes presentes en la asamblea del Anoia, en línea con el diagnóstico de la organización, reclamaba que las medidas entren en vigor «desde ya; y ya quiere decir mañana mismo porque hace demasiado tiempo que esperamos». En este sentido, Pinós demuestra que la mecha del movimiento, después de doce meses de retrasos, es corta. «No esperaremos a volver a estar fastidiados: desde el primer momento que haya una desviación de lo que se ha pactado, saldremos a la calle, y se tomarán decisiones», asegura el representante gremial.
Similar es la lectura que hace uno de los responsables de las comarcas tarraconenses del movimiento campesino, Ramon Rojo: el agricultor acepta que el acuerdo con la Generalitat es «bueno», porque pone las bases para abordar los agravios de más corto alcance del primario del Principado. Ahora bien, el historial de la clase política del país no les juega a favor. «La dinámica de gobiernos y políticos es enredarnos, darnos largas, y, claro, mucha gente no se fía», comenta Rojo. Tras un curso de este tira y afloja institucional, la convocatoria buscaba «acelerar el ritmo de soluciones» que ni Illa ni su predecesor Pere Aragonès, entonces de la mano del consejero David Mascort, habían podido activar. Los agricultores consultados por este medio apuntan, entre otros ejemplos, a la mesa de desburocratización, que debía servir para dibujar la hoja de ruta para eliminar el grueso de papeleo que ahoga a los productores, pero que permanecía congelada hasta que el mismo Illa, bajo la presión de las movilizaciones, anunció un «megapaquete de medidas contra la burocracia» en su intervención en el congreso nacional de Unió de Pagesos. Vistas estas malas experiencias, el miembro del Gremio Eduard Escolà se atribuye las tareas de «vigilancia» de la actuación del Gobierno. «La fecha clave es dentro de dos semanas, cuando haya las primeras reuniones. Entonces, sabremos si continuaremos negociando o si habrá que dar un golpe en la mesa», prevé Pinós.
El pulso de los tractores
Durante las horas anteriores a la convocatoria de movilizaciones los contactos con el Gobierno Illa no eran tan favorables como la ejecución final. Antes del fin de semana, el Departamento se alineaba con las organizaciones agrarias tradicionales, Unió de Pagesos o la JARC, que abogaban por dar tiempo a la nueva consejería para llevar adelante su programa. Vista la capacidad de convocatoria del Gremio, que ya inició los bloqueos el pasado jueves, Sant Jaume les habría hecho llegar una «primera propuesta vacía de contenido», con «promesas a largo plazo» que no abordaban las problemáticas existentes, tal como explicó el mismo Escolà en su intervención en la asamblea del Anoia. «El Gobierno fue consciente de que, si hubiéramos salido a protestar, esta vez habrían salido perjudicados», recuerda Rojo; que detecta «muchas ganas de desobedecer» en las bases agrarias. «Nosotros íbamos a por todas», reitera el portavoz; especialmente un año después de las marchas de la primera revuelta campesina, con la organización más estructurada y preparada para reaccionar. «Nuestro punto de negociación es la movilización en todo el territorio; y el territorio está preparado para salir en cualquier momento», avisa Pinós. Esta nueva coordinación, defienden los agricultores, ha sido clave para doblegar al ejecutivo, que ya «no los ve tan espontáneos» como el 2024, cuando la fuerza en la calle se podía diluir entre el descontrol.
Las nuevas capacidades también han calentado los ánimos de la base agraria, los agremiados de la organización, que ven más posibilidades en los enfrentamientos en la calle que el curso pasado. De hecho, durante la comparecencia de Ordeig del pasado domingo para comunicar el acuerdo, varios miembros de la agrupación comentaron el directo de Instagram por donde se emitía negándose a desconvocar las movilizaciones. Las primeras horas tras el pacto, pues, han dejado una sensación de cisma discursivo, en tanto que parte de los miembros del colectivo continúan llamando a bloquear el país, mientras que algunos dirigentes han celebrado abiertamente haber alcanzado el acuerdo «sin haber movilizado ni un solo tractor». Estas divergencias, para Pinós, no son especialmente perniciosas: «es como una familia con muchos hermanos: la estrategia es conjunta, pero hay caracteres diferentes». Los portavoces consultados, sin embargo, coinciden en indicar que el ímpetu que ha quedado en el mundo agrario en el último año y pico asegura una acción más «proactiva» respecto al Gobierno. Si UP, JARC y el resto de grandes agrupaciones del Estado y el país defendían dar tiempo a la Generalitat y sentarse a la mesa con ellos, la Revuelta asegura «respuestas ante cualquier injerencia» política. Consultados por su valoración de la situación, los sindicatos mayoritarios no han dado respuesta a Món Economía en el momento de publicación de este artículo.
Escalar el conflicto
Las demandas de la agricultura catalana de cara a las movilizaciones de este 10 de febrero, como apunta Escolà, estaban pensadas para interpelar «nuestro Parlamento»; aquellas cuestiones que ocupan directamente las competencias de la Generalitat. Los agravios que denunciaban los tractores movilizados en enero de 2024, sin embargo, iban mucho más allá de las paredes de Palau. Entre otras cuestiones, la gestión de la ley de la cadena alimentaria, que debería regular las actuaciones desleales de las grandes cadenas de distribución, como la venta a pérdidas o su dominio sobre el mercado, depende del ministerio de Agricultura; mientras que la gran amenaza global del campo del país, el tratado de libre comercio con el Mercosur, se negocia a escala comunitaria con la aquiescencia efusiva del departamento de Luís Planas.
Los agricultores movilizados aseguran que el objetivo es construir «frentes comunes» con otras organizaciones para enfrentar estas futuras protestas, si bien las diferencias estratégicas son palpables entre los espacios mayoritarios. Sin ir más lejos, el Gremio presentó recientemente un manifiesto de rechazo al tratado comercial con el Con Sur, uno que aglutinó el apoyo de todo el mundo civil del campo catalán, excepto de Unió y la JARC, los sindicatos mayoritarios. En el caso de la resistencia ante Mercosur, apunta Pinós, se han buscado complicidades fuera de las fronteras del Estado, con «interlocución con asociaciones en Francia, Italia y Alemania para explorar una cooperación». Vuelven a coincidir, pues, elementos contrarios a la supervivencia de la agricultura, especialmente la pequeña y familiar, dominante en Cataluña. Queda por ver, pues, si la respuesta es la misma que detuvo el Principado hace un año, o si el acuerdo con el ejecutivo sirve para apaciguar los tractores.
