La agricultura catalana intensifica la presión contra las instituciones españolas por el acuerdo UE-Mercosur. El Gremio de la Agricultura Catalana, junto con media docena de organizaciones agrarias más, han hecho público un manifiesto contrario a la zona de libre comercio pactada entre Bruselas y los ejecutivos de Argentina, Brasil, Uruguay y Paraguay. Según denuncian las entidades, el tratado «amenaza la agricultura local, la seguridad alimentaria, la soberanía alimentaria y la sostenibilidad del medio ambiente«. Entre los firmantes, además del mismo Gremio, constan Asaja, UDAC, País Rural, Bovicat y Afrucat, todas ellas representantes del sector primario del país. Cabe recordar que los tratados comerciales ya fueron uno de los objetivos de las marchas de principios de año, plagadas de denuncias contra la «competencia desleal» de las industrias alimentarias de países terceros.
Las diferentes condiciones competitivas que disfrutan los países externos que comercian con la Unión son, de hecho, uno de los primeros agravios denunciados por la agricultura. Tal como indican, vegetales y animales provenientes de los miembros del Mercosur llegan a la Unión a «precios mucho más bajos» que los locales; debido a las normativas sanitarias y ambientales mucho más laxas que los rigen «Se les permite utilizar fitosanitarios y sustancias que aquí están prohibidas», denuncian; así como tratos del ganado menos controlados y otros permisos sujetos a «intereses corporativos y de gobiernos».
A juicio de los firmantes, «la llegada masiva» de una serie de productos clave desde los países del Mercosur «creará una competencia desproporcionada», siempre favorable a los productores extranjeros. Las mismas instituciones europeas reconocían un importante riesgo sobre el tejido de productores bovinos, si bien el campo del país añade «el cerdo, el pollo, los cereales, la fruta y los frutos secos», entre otros segmentos en los cuales América Latina es especialmente productiva.
«Es absurdo importar productos de la UE que ya producimos», aseguran las asociaciones, en llamamiento a la «promoción de los agricultores locales» por encima de los externos. La producción se intensificará, agregan las organizaciones firmantes, a costa en buena parte del ecosistema latinoamericano. Los daños causados al sector primario de la Unión se reproducen, denuncian, en las «zonas naturales de Sudamérica para implantar cultivos que se habrán de exportar hacia aquí». Así, el aumento de los flujos industriales hacia Europa provocará una nueva ola de «deforestación» de las importantes áreas boscosas del continente a favor de los «cultivos que se habrán de exportar».
Exigencias hacia la administración
Dado este diagnóstico, las organizaciones agrícolas ponen sobre la mesa cuatro exigencias hacia los gobiernos catalán y español. En primer lugar, reclaman medidas de «protección de la agricultura local», un programa de defensa de la «seguridad y soberanía alimentaria» que garantizan los productores locales. El control sobre la propia producción también consta en la lista, así como una «garantía de la salud alimentaria de los consumidores» mediante la imposición de controles de calidad y «una actualización de la ley de etiquetado» para asegurar la transparencia. Finalmente, ponen sobre la mesa una «reducción de la huella de carbono» del sector alimentario priorizando una producción local con menos externalidades negativas, y que no implique el transporte internacional. En caso de no cumplirse estas condiciones, sostienen sobre las administraciones la amenaza de volver a la «movilización para defender el sector primario y la salud de la sociedad».
Sin Unió de Pagesos
A pesar de la convocatoria abierta que el Gremio lanzó a las organizaciones agrícolas, las principales entidades del campo catalán, Unió de Pagesos y la JARC, no acudieron a la reunión. Por lo tanto, no constan entre los firmantes del manifiesto. Cabe decir que el sindicato ha lanzado su propio manifiesto contra la aplicación de las medidas que contempla el acuerdo del Mercosur. En un reciente comunicado, la Unió reclama cambios en el pacto para contener los efectos perniciosos de la zona de libre comercio. Entre ellas, reclaman la aplicación de las cláusulas espejo, ausentes del actual acuerdo; así como un «estudio de compensación a la agricultura» por los perjuicios causados por la nueva alianza comercial. En este sentido, apuntan hacia el ministro de Agricultura, Luís Planas, de quien lamentan la «incoherencia de defender el acuerdo del Mercosur», en tanto que no contempla las restricciones que prometió a los campesinos durante las movilizaciones de enero.
