La regularización de los trabajadores de Glovo a raíz de la ley rider amenaza el modelo de negocio de la plataforma, fundamentado en los falsos autónomos. Menos de un año después de abandonar el sistema de riders por cuenta propia, recortado por la normativa española -y que ya aplicaban el resto de empresas digitales de reparto de comida- la firma fundada por Oscar Pierre ha anunciado un ERO que afectará a 750 empleados. El recorte masivo afectará hasta a 60 ciudades, entre las que destacan Barcelona, Tarragona y Girona; pero también Valencia o Alicante, así como varios municipios españoles.
Según ha adelantado el diario El País, la «difícil decisión» ha llegado para hacer frente a los gastos generados por la regularización de los trabajadores que habían quedado fuera de la ley cuando Glovo se había negado a convertirlos en asalariados. La empresa asegura que «se ha visto obligada» a implementar este recorte para «evitar el cierre» del servicio en el Estado español; y aseguran que «consolidarán su modelo operativo» en los próximos meses. El actual sistema de reparto que aplican para los empleados, llamado Gen2, «ha demostrado ser ineficiente y ha provocado una notable caída en la calidad del servicio, especialmente en poblaciones pequeñas y medianas».
Golpes sucesivos
El ERO se aplica a la compañía después de que los ojos de las administraciones la hayan vigilado con cada vez más intensidad en los últimos años, especialmente a raíz de la entrada en vigor de la ley rider. Además de las multas por inaplicación de la normativa, ya numerosas, la fiscalía italiana lanzó en febrero una investigación sobre la filial de Glovo en el país, Foodinho SRL, por «explotar» a los riders, pagarles sueldos por debajo del umbral de la pobreza e imponerles turnos de más de 12 horas diarias con descansos mínimos. En Cataluña, la Agencia Catalana de la Competencia ha calificado de «oligopolio» el mercado del reparto de alimentos; un sistema desequilibrado por el dominio de Glovo, que gestionaba en octubre de 2023 entre el 60 y el 80% de los pedidos en los principales municipios catalanes. La competencia, plataformas como Uber Eats o Just Eat, apenas llegaban al 20% en algunas poblaciones, lastradas por el desequilibrio en el modelo laboral -el de estas era legal, mientras que el de Glovo no se ajustaba a la normativa-.
