La reducción de la jornada laboral vuelve a hacer estallar el diálogo social español. Los sindicatos mayoritarios, CCOO y UGT, y la patronal del gran capital del Estado, la CEOE, atrapan a la Moncloa en su fuego cruzado después de que la ministra de Trabajo, Yolanda Díaz, haya anunciado este jueves que la medida pasará el trámite del Consejo de Ministros el próximo martes. Las organizaciones de trabajadores reprochan al ejecutivo de Pedro Sánchez el estancamiento en el calendario de la reforma. Desde el mundo del trabajo esperaban que el proyecto de ley hubiera aterrizado en el Congreso a mediados de abril y que comenzara mayo en proceso de revisión y enmiendas. El choque entre los ministerios económicos del PSOE y Trabajo, sin embargo, ha ralentizado el paso al legislativo.
«Ya era hora», ha espetado el secretario general estatal de Comisiones Obreras, Unai Sordo, desde el congreso de la sectorial de Industria del sindicato. «Presionaremos en todo el trámite parlamentario para que no se desnaturalice el acuerdo», ha amenazado Sordo, que ya ha planteado la manifestación unitaria del Primero de Mayo como una herramienta de presión para los partidos de la mayoría de investidura. Por su parte, el secretario general de UGT, Pepe Álvarez, ha alertado que los ugetistas «seguirán de cerca» el desarrollo de la medida. Para el sindicalista, los grupos parlamentarios deben mantener el espíritu del pacto al que el gobierno de coalición llegó con las agrupaciones laborales. «Es su responsabilidad», opina Álvarez, en tanto que se trata de una demanda que proviene de «la mayoría social» española.
Por su parte, la CEOE ha atacado a la vicepresidenta segunda del gobierno por un movimiento que califican de «evidente oportunismo político». Según Antonio Garamendi, presidente de la confederación empresarial, sacar adelante la norma en el Consejo de Ministros solo dos días antes del Día del Trabajador forma parte de la estrategia de Díaz para presionar a los partidos a su favor. De hecho, los sindicatos ya habían avisado que las marchas del Primero de Mayo se planteaban como una herramienta para presionar a formaciones políticas y empresarios ante el «estancamiento» del proyecto de ley. En línea con las alarmas que han lanzado los últimos meses, los patrones españoles alertan que las 37,5 horas tendrán «un grave impacto» sobre el tejido empresarial del Estado; y «acabarán dinamitando la negociación colectiva». Foment del Treball se ha pronunciado en la línea de los empresarios españoles, e instó a los partidos a presentar enmiendas a la totalidad a la reforma para «continuar desfasando el modelo» de diálogo social.
Contra el control horario
Más allá de la reducción de jornada, los empresarios españoles han cargado también contra las nuevas obligaciones de control de la jornada que introduce el proyecto de ley pactado entre sindicatos y gobierno. Según la CEOE, vigilar que los trabajadores trabajen las horas que constan en su contrato es una exigencia «de muy difícil cumplimiento». El motivo: la falta de competencias digitales de los empleados, así como la «falta de infraestructura digital necesaria» para una fiscalización efectiva de las horas trabajadas. Más allá de los límites técnicos que identifican, los de Garamendi aseguran que el derecho a la desconexión digital de los trabajadores españoles «ya está suficientemente preservado».
Las alianzas de la Moncloa, en riesgo
El anuncio de que el Consejo de Ministros sacará adelante la reforma de la jornada laboral ha sido acelerado por las amenazas de los sindicatos. En sus anuncios previos a las movilizaciones del Primero de Mayo, tanto Comisiones Obreras como UGT dirigieron críticas hacia la Moncloa. Los dirigentes catalanes de ambas organizaciones -Belén López y Camil Ros, respectivamente- llegaron a acusar al ejecutivo español de llevar a cabo una «estrategia dilatoria» equiparable a la de la CEOE, para evitar que la ley entre en vigor. En este sentido, Díaz se ha visto presionada por sus aliados laborales para saltar el escollo ministerial.
Ahora bien, el proyecto de ley llegará al Congreso de los Diputados antes de tener todos los apoyos necesarios. Sin ir más lejos, Junts per Catalunya -imprescindible para alcanzar la mayoría- ha reiterado en varias ocasiones que se opondrá a la reducción de jornada. Los junteros han hecho suyos algunos de los argumentos de la patronal, señalando que el recorte horario es potencialmente perjudicial para el tejido de pequeñas y medianas empresas. El secretario general de la formación independentista, Jordi Turull, ha priorizado el aumento del salario mínimo interprofesional en Cataluña para dar cuenta del elevado nivel de vida en el país. Por su parte, tanto Esquerra Republicana como el Partido Nacionalista Vasco se han pronunciado a favor de la iniciativa, así como EH Bildu. Podemos, por su parte, ha hecho demandas mucho más ambiciosas, y ha dejado entrever que no tiene intención de llegar a más acuerdos con la Moncloa. Así, Díaz deberá desbloquear su medida estrella en un parlamento cada vez más hostil.
