La reforma laboral ha sido una de las medallas que el ejecutivo de coalición se ha colgado durante la última legislatura. Tanto Consejo de Ministros como sindicatos celebran a menudo uno cambio de rumbo en el mercado de trabajo español –uno de los más malogrados de Europa, a pesar de la buena salud económica– que, aseguran, significa una primera piedra para poner fin a la precariedad; pactada, además, con el conjunto del diálogo social. Después de las elecciones, pero, el mundo empresarial empezó a cuestionar su validez, con el presidente de la CEOE Antonio Garamendi llegando a abrir las puertas a una nueva reforma. Ahora, de acuerdo con un nuevo informe elaborado por Randstad Research en colaboración con Foment del Treball, los empresarios catalanes en reclaman una «reformulación» de la ley. «La reforma laboral ni ha beneficiado la estabilidad en la ocupación ni ha transformado el mercado de trabajo; solo ha servido para encubrir la temporalidad bajo un artificio estadístico», denuncia el presidente de la comisión laboral de la entidad Javier Ibars.
El informe en cuestión, de la mano del director de la rama de investigación de la ETT Randstad, el economista Valentín Bote, detalla como el pilar central de la reforma, la reducción de la temporalidad en los contratos de trabajo, podría ser más un efecto estadístico que no una nueva realidad estructural a la economía española. Si bien es cierto que en Cataluña, desde la entrada en vigor de la ley, la tasa de trabajo temporal ha caído en un 6,5% –del 20% al 13,5– Bote asegura que «como que la actividad subyacente es temporal, la duración de los contratos va a la baja». Es decir, la reforma ha cambiado la forma de contar los contratos, pero no la naturaleza de las tareas. «Varios indicadores apuntan que los contratos indefinidos ahora mueren antes», declara Bote. Según un estudio de Fedea, en 2019 un 40% de los acuerdos laborales de larga duración finalizaban antes de un año –por despido u otras cuestiones–. Ahora, tal como recoge el documento, esta tasa ha aumentado hasta el 70%, un salto de 30 puntos que revela una situación anómala en el modelo productivo y laboral del Estado. En este sentido, desde la patronal critican que la reforma laboral se puso en funcionamiento «en falso». Según Ibars, modificó » las estadísticas sin entrar en aquello que importa, la parte productiva». Es decir, se elimina la temporalidad sobre los papeles, pero no a la realidad de trabajadores y empresas.
La figura del fijo discontinuo ha pasado a ser, de hecho, uno de los protagonistas del mercado laboral catalán. Según los datos recogidos por Bote, un 5,5% de los trabajadores catalanes están contratados con esta modalidad. Solo los cerca de dos años de plena vigencia de la reforma, se han firmado en el país medio millón de acuerdos laborales de este carácter, apunta el economista. Actualmente, la cifra total de personas contratadas en estas condiciones asciende hasta las 168.000 en Cataluña, unas 100.000 más que antes de la aplicación del nuevo marco de relaciones al puesto de trabajo. Esto, de nuevo, limita la supervivencia de los contratos indefinidos, de tal forma que, si bien no ha facilitado datos concretos, el director de estudios de Randstad asegura que ha crecido sustancialmente la cifra de trabajadores que firma dos contratos indefinidos en un solo mes. «Antes era un fenómeno residual, ahora es habitual», puntualiza.
Distorsiones al paro
Una de las cuestiones más discutidas por parte del mundo patronal de los contratos fijos discontinuos es su incidencia sobre los datos de ocupación. Desde la creación de esta figura, los trabajadores bajo un contrato fijo discontinuo que no se encuentran trabajando no se contabilizan como parados, sino como demandantes de ocupación. El aumento de este tipo de acuerdos laborales, para Bote, provoca que «la estadística de paro registrado sea cada vez menos relevante para explicar la gente que quiere trabajar y no puede»; en cuanto que hay una ancha base de trabajadores que demandan ocupación que no constan a los datos de paro por este «artificio». De este modo, el economista apunta al paro efectivo como medida estadística de referencia, un modelo que sí que incluye los demandantes de ocupación como parados. Mientras que históricamente paro registrado y efectivo eran virtualmente iguales, actualmente entre las dos cifras hay una «rendija de 50.000 personas». De hecho, si bien el paro registrado ha sufrido una importante caída en términos interanuales, «el paro efectivo no ha disminuido en el último año», lamenta Bote.
Huelgas y ERES
El monográfico sobre la reforma laboral se ha incluido dentro del ancho informe del mercado laboral que ha hecho público Fomento este lunes. Más allá de los datos de ocupación extraídas de la EPA y el ministerio de Trabajo, desde la patronal celebran un intenso descenso de la conflictividad laboral en el último año. Según Ibars, las jornadas laborales perdidas por convocatoria de huelga han «disminuido sustancialmente» desde el 2022, con un índice de incidencia –la relación entre los trabajadores que siguen las movilizaciones sindicales y el conjunto de la plantilla– de un 6% que el representante considera «mínimo».
Un dato llamativo es el sustancial aumento de los expedientes de regulación de la ocupación (ERES) de extinción, aquellos que comportan el despido de los trabajadores afectados. Mientras que el 2022, los expedientes de este perfil eran el 16% del total, este año representan el 32%, exactamente el doble. Aun así, la caída general de estas medidas extremas provoca que los empresarios «no estén en alerta». «Valoraremos en los próximos meses si se trata de una tendencia o de una acumulación de casos puntuales», expone el presidente de la comisión laboral.
