Las organizaciones empresariales del Estado continúan la campaña contra los acuerdos para reducir la jornada laboral hasta las 37,5 horas semanales. La patronal catalana de las grandes empresas, Foment del Treball, ha criticado a los otros dos pilares del diálogo social -sindicatos y administraciones, especialmente el Ministerio de Trabajo y Economía Social- por su postura respecto a la reorganización horaria. A juicio del director de relaciones laborales de la entidad, Javier Ibars, tanto la ministra Yolanda Díaz como las principales voces sindicales del Estado estarían imponiendo una reforma normativa para un ámbito que «debe trasladarse a la negociación colectiva». Un diálogo bipartito que, según defiende Foment, las empresas han intentado implementar, ante resistencias por parte de la representación legal de los trabajadores. Comisiones Obreras y la UGT, denuncia, «se han aprovechado de que tenían un ministerio detrás que les daba apoyo» para evitar el diálogo directo con la patronal. Las conversaciones entre las dos partes, lamenta, «han durado muy poco», dado el posicionamiento de un departamento de Moncloa que tiene «las cartas marcadas».
A juicio de la patronal presidida por Josep Sánchez Llibre, las negociaciones que corresponden a cuestiones relativas a la organización de la jornada laboral deben tratarse exclusivamente en las mesas entre trabajadores y empresarios. Y, de hecho, las conversaciones deben ser específicas. «Donde es posible aplicar una jornada reducida, ya se está haciendo», defiende Ibars; haciendo uso de los datos recogidos por el informe anual del mercado laboral elaborado por Foment. El documento, presentado este mismo lunes en rueda de prensa en la sede de la patronal, recoge que cerca del 50% de los convenios colectivos vigentes en Cataluña registran una jornada semanal de menos de 38,5 horas; mientras que más del 80% reconoce semanas de menos de 40 horas. En este sentido, los patrones otorgan «libertad absoluta» a cada organización territorial, rama sectorial y empresa para pactar la estructura laboral que les convenga; dado que «cada una es absolutamente diferente» de la del lado. Insisten, así, que la aplicación de una posible reducción de la jornada laboral debe dejarse a los pactos entre capital y trabajo, y no situarla en la escala reguladora. Con la aproximación actual, sentencia el responsable, el entendimiento es «inviable».
Más allá del proceso negociador, los empresarios denuncian que las otras dos partes del diálogo social intenten «cambiar las reglas del juego a mitad de partido». Desde Foment recuerdan que los convenios colectivos tienen «muchos más apartados que la jornada y el salario»; y que estos dos ámbitos forman parte de un conjunto negociador con especificidades en todas partes. «Queremos tratar la modificación normativa en el ámbito de la negociación bipartita, no tripartita», reitera Ibars; subrayando el carácter de parte que atribuyen al ministerio dirigido por Yolanda Díaz. Ahora bien, incluso llevando las posibles conversaciones a la escala de empresa, territorio o sector, los patrones se muestran reticentes a una aplicación general de la medida. «Tenemos una concepción diferente de la que se está planteando»; insiste el dirigente.
El retorno a la mesa por el AIC
El de la jornada laboral no es el único de los acuerdos pendientes en la agenda de los grandes empresarios catalanes. El pasado verano, Foment del Treball se levantó de la mesa del Acuerdo Interprofesional de Cataluña -una especie de AENC catalán que establece el marco negociador entre sindicatos, patronales y Gobierno a escala del país-. En el momento, cabe recordar, fue una decisión muy criticada por las partes: Comisiones Obreras, por ejemplo, tildó a los de Sánchez Llibre de «irresponsables y desleales». Cabe recordar que el AIC marca el camino de cerca de 300 convenios colectivos en el país, que permanecen a la espera de una estructura negociadora desde que el último caducó en el año 2020. Ahora, Ibars asegura que permanecen a la espera de retomar los intercambios con los sindicatos. «Aún no tenemos una reunión prevista para este tema», explica el dirigente, señalando que «tenemos muchas cuestiones y muy relevantes que negociar con los sindicatos». Sin embargo, no ha puntualizado si los empresarios se han movido de las posturas que llevaron a la ruptura del diálogo hace un año y pico.
Golpe a la negociación
A juicio de los patrones, los desacuerdos respecto a la reducción general de jornada muestran efectos perniciosos sobre el resto de acuerdos entre trabajadores y empresarios. Durante la primera mitad del año, tal como recoge el Informe del Mercado Laboral, se ratificaron en el país un 8,33% más de convenios colectivos que en el mismo periodo del año anterior. La ratio de crecimiento ha dado un importante paso atrás a partir del mes de junio, hasta el 4,65% -una cifra aún más precaria si se observa solo en septiembre, con poco más del 1% de alza comparado con el 2023-. Los patrones atribuyen la frenada en la negociación colectiva a la «incertidumbre respecto a los nuevos proyectos normativos». Los empresarios, es decir, se mantienen a la espera de la norma antes de dar cualquier paso adelante en sus sectores y empresas.
La parada llega en un momento de tensión para la industria catalana: cabe recordar que durante el último trimestre del año se intensificarán las conversaciones para aprobar los nuevos convenios colectivos de las industrias textil y cárnica, con miles de trabajadores afectados en el Estado. En algunos casos, cabe recordar, los acuerdos deben abrirse en canal -en el textil, por ejemplo, los sindicatos buscan la armonización de categorías profesionales para igualar los salarios de todos los niveles-.
