Los sindicatos exigen al Gobierno que, en los próximos presupuestos, se dedique un 2% del PIB a políticas de vivienda. Según los secretarios generales de ambas organizaciones, el control del mercado residencial es «una prioridad clave» del mundo laboral, como «todo aquello que afecta al bolsillo». Para la líder de Comisiones Obreras en Cataluña, Belén López, «no puede ser que aquello que a nosotros nos cuesta tanto termine yendo a los bolsillos de los especuladores y los rentistas».
Entre otras cuestiones, reclaman triplicar el parque público de vivienda, hasta las 100,000 unidades, mediante el derecho de tanteo y retracto. «Construir más no es la solución», advierten los líderes sindicales, contrarios a la propuesta del Gobierno de Salvador Illa de edificar 50,000 nuevas viviendas hasta el final de la legislatura. También ponen sobre la mesa aumentar el alcance de las zonas tensionadas, donde se aplican las regulaciones de la ley española; así como implementar nuevas ayudas a familias y a la emancipación juvenil, hasta los 50 millones de euros en cada uno de los dos programas. Todo esto, acusa López, para hacer cumplir las promesas de Illa: «ese lema que no se cansa de repetir el presidente de la prosperidad compartida debe hacerse realidad». «Tenemos unos buenos datos macroeconómicos que deben reflejarse en el bolsillo de la clase trabajadora», añadió la secretaria general.
En relación con la vivienda, también reclaman al Gobierno que mantenga las bonificaciones al transporte público vigentes. Este es, sin embargo, un punto contencioso, dado que el departamento de Territorio ya ha advertido que es «imposible» abaratar el costo de los billetes y, al mismo tiempo, mejorar el servicio. También han planteado integrar las tarifas de todas las administraciones metropolitanas y crear tarifas bonificadas con carácter social.
«Si hay financiación, habrá presupuestos»
Antes de aplicar medidas presupuestarias, no obstante, los sindicatos advierten que debe haber unos presupuestos, tanto en Cataluña como en el Estado. Lamentan que la ley de cuentas no se haya aprobado en ninguna de las dos administraciones, por la debilidad parlamentaria que sufren tanto Illa como el presidente del gobierno español, Pedro Sánchez. Para el secretario general de la UGT en Cataluña, Camil Ros, buena parte de las posibilidades de ambos de sacar adelante el proyecto central de la legislatura están ligadas al futuro de la financiación singular. «Si hay financiación y presupuestos en la generalitat, también habrá presupuestos en el Estado, y eso es una buena noticia con la que deberíamos trabajar», afirmó Ros, que se muestra «optimista» con el futuro político inmediato en Congreso y Parlamento.
A pesar de esto, reclama que, en caso de que falte la financiación, esto no condene los presupuestos catalanes. «Que esté ligada una cosa con la otra es una estrategia política que puede ser legítima, pero la gente de Cataluña necesita presupuestos», sentenció el sindicalista. Por su parte, López ha reclamado a ambos gobiernos «políticas de izquierdas» para «dar respuesta a las necesidades de las personas trabajadoras». Sin iniciativas sociales, sostiene, la extrema derecha tendrá vía libre para crecer: «Si no queremos que pase aquello que nos dice la encuesta del CEO, lo mejor que se puede hacer son políticas públicas y políticas de cohesión social».
