El Gobierno de Salvador Illa concreta los primeros movimientos para abordar las demandas que ha vuelto a plantear la agricultura con las movilizaciones de las últimas jornadas. El consejo ejecutivo ha aprobado este mismo martes una veintena de medidas para reducir la burocracia en el sector primario, una de las grandes exigencias de los productores catalanes desde las marchas de tractores de enero y febrero de 2025. Illa, cabe recordar, anunció este paquete regulador en su intervención durante el congreso nacional de Unió de Pagesos, el principal sindicato agrario del país; en paralelo al pacto que cerró el consejero de Agricultura Òscar Ordeig con el Gremio de la Pagesia de Catalunya para detener la decena de cortes de carreteras programados para el pasado lunes.
Las movilizaciones de los agricultores han hecho que las acciones de desburocratización de Illa hayan priorizado el sector primario. El agroalimentario catalán «es el primero de los sectores económicos en poner en marcha la revisión de los procesos administrativos implicados en sus actividades», dentro de un paquete más amplio que debe afectar las relaciones con la administración del conjunto de la economía del principado. Las medidas aplicadas en este primer paquete normativo oscilan entre los requisitos administrativos a la actividad agrónoma, los controles sanitarios y ecológicos o las exigencias para el control de la fauna salvaje, tres de los puntos más relevantes de las reclamaciones de las organizaciones agrarias catalanas.
Reducir la burocracia
La mayoría de las medidas adoptadas por el Gobierno en la reunión de este martes apuntan a agilizar los trámites y facilitar las tareas de fiscalización de la actividad agrícola en las explotaciones catalanas -mayoritariamente familiares y, por tanto, con menos recursos para abordar las exigencias administrativas-. Hacia estos, de hecho, se dirige una de las propuestas centrales del acuerdo del Consejo: la creación de una categoría de explotaciones familiares que facilite la toma de medidas concretas para facilitar su tarea. «El objetivo -apunta el documento- es establecer políticas adaptadas a su realidad y proteger este modelo agrario como garante de la sostenibilidad»; muy en línea con las tesis defendidas tanto por Unió de Pagesos como por el Gremio de la Pagesia. También buscan mejorar la calificación de explotación agraria prioritaria para acelerar el acceso a concesiones públicas y subvenciones a los agricultores que cumplan con los requisitos establecidos.
Entre otras, la Generalitat pondrá en marcha una serie de exenciones de control para los agricultores que gestionen un cuaderno de explotación digital y, por tanto, ya recojan su actividad productiva; la unión de trámites en el registro de explotaciones ganaderas o la eliminación de ciertas tasas burocráticas, como la que acompañaba la obtención del certificado sanitario de movimiento de ganado. También se rediseñarán los trámites para asegurar la biodiversidad vegetal, además de otras medidas relacionadas con la silvicultura y la prevención de incendios forestales. Todo ello vehiculado a través de un nuevo portal unitario para concentrar las tareas de gestión y el acceso a los datos de las explotaciones ganaderas; entre otros avances técnicos.
