El gobierno español apacigua las disputas internas por la reducción de jornada. Según ha adelantado la ministra de Trabajo y Economía Social, Yolanda Díaz, el Consejo de Ministros aprobará el próximo martes el proyecto de ley para reducir la jornada laboral hasta las 37,5 horas. Según declaró en su intervención durante la clausura del congreso de la sectorial de industria de Comisiones Obreras, se trata de «la política más difícil» que tendrá que sacar adelante la Moncloa en esta legislatura. «Ahora tocará defenderla», sentenció Díaz; especialmente dado que, por el momento, no tienen los apoyos garantizados para aprobarla en el Congreso de los Diputados.
«No será fácil, tendremos que dejarnos la piel», afirmó Díaz. El resultado de la votación dependerá en gran medida de la capacidad del ejecutivo de cambiar el voto de Junts per Catalunya, que ha insistido en que rechaza la reducción horaria en las condiciones planteadas hasta ahora. En sus declaraciones, los dirigentes de Junts se han alineado con las preocupaciones del mundo empresarial, y han reclamado priorizar otras medidas laborales. «No lo han pedido los empresarios», argumentaba durante la comisión de economía del Congreso el diputado independentista Josep Maria Cervera. Tampoco los trabajadores, según el secretario general de la formación Jordi Turull. A su parecer, la prioridad debería ser «adecuar el salario mínimo interprofesional al costo de vida de los territorios» -es decir, elevar el mínimo retributivo en Cataluña-. «El promedio del costo de vida en el país es un 7,5% más caro que en el Estado», lamentaba Turull en una atención a los medios reciente.
Evitar el choque sindical
Con este movimiento, Díaz busca evitar los reproches de los sindicatos, especialmente a las puertas del primero de mayo. Los líderes de la UGT y Comisiones Obreras, Pepe Álvarez y Unai Sordo, ya habían comenzado a señalar sus críticas hacia el ejecutivo de coalición, dado que el anteproyecto de ley se aprobó el pasado 4 de febrero. También sus homólogos catalanes, Camil Ros y Belén López, denunciaron el «estancamiento» de la medida en el Consejo de Ministros; y llegaron a reprochar a Pedro Sánchez que replicara las «prácticas dilatorias» de las patronales. El enfrentamiento entre la líder de Sumar y los ministerios económicos del PSOE -Economía, en manos de Carlos Cuerpo, y Hacienda, de María Jesús Montero- ha puesto en riesgo la reforma.
Ahora, ya desbloqueada, llegará al legislativo entre intensas críticas empresariales, pero con el apoyo unánime de los sindicatos. Las organizaciones españolas de pequeñas y medianas empresas, con Pimec a la cabeza, celebraron el pasado mes de marzo un encuentro para mostrar su rechazo a las 37,5 horas semanales; mientras que el presidente de la CEOE, Antonio Garamendi, ha sido una de las voces políticas más hostiles contra la propuesta de Díaz. Desde el mundo empresarial reclaman que cualquier reducción de la jornada laboral se concrete en el seno del diálogo social.
Por su parte, CCOO y la UGT apuntan que el nuevo tope es necesario porque el ritmo de la negociación colectiva es demasiado lento; y llevar los nuevos patrones laborales a todos los convenios colectivos del Estado podría costar más de una década. Las organizaciones de trabajadores usarán las movilizaciones del próximo 1 de mayo como herramienta para presionar tanto a la Moncloa como al conjunto de las fuerzas políticas, para que le den apoyo parlamentario. «Es necesario que la ley llegue al Congreso, para que así todos dejen clara su postura», sentenciaba Ros durante la presentación de los actos del Día del Trabajador.
