La paz en el campo catalán ha durado solo unos meses. Poco más de un año después de mostrarse optimistas con el papel que quería asumir el Gobierno respecto al sector primario, los agricultores del país vuelven a levantar la voz por los agravios que aún sufren. Unió de Pagesos, la organización mayoritaria del sector, ha iniciado este lunes una campaña para tensar la relación con las administraciones. Bajo el título Pagesia o foc, los convocantes han movilizado a unos 200 productores en siete puntos de todo el territorio bajo un grito vehemente: «O se pone a la agricultura en el centro, o este país arderá», reza el manifiesto de la entidad.
La organización reclama, con este nuevo ciclo de demandas, «cambios estructurales de fondo» para el sector primario catalán; unas medidas que considera «imprescindibles y urgentes». Entre otras cuestiones, ponen sobre la mesa una compensación directa de la labor agrícola, una «prima de hasta 6.000 euros por el mantenimiento de la actividad agraria». A su parecer, se trata de una inversión en un «pilar social, cultural y territorial», como es la agricultura familiar, que se encuentra de nuevo en peligro de extinción. En este sentido, exigen a todas las administraciones -Gobierno y Ministerio, principalmente- que estudien la implantación de un mecanismo como este.
También reclaman reformas en la cotización de los trabajadores del campo. Según indican, el nuevo sistema de rentas agrarias que ha puesto en marcha la Seguridad Social provocará «caídas de entre el 32 y el 44%» en las de los trabajadores del campo -tanto en las de jubilación como en las de incapacidad o viudedad-. «Las pensiones en el campo son una vergüenza. Exigimos que ninguna pensión esté por debajo del salario mínimo, y que se reconozca la dureza de nuestro trabajo con la jubilación anticipada», sentencian.
El agujero de los precios agrarios
Fuera de las condiciones de los trabajadores del campo, Unió de Pagesos vuelve a una de las heridas históricas del sector primario del país: los precios alimentarios. A pesar de que la intención de la ley española de la cadena alimentaria era eliminar completamente las compras por debajo del costo de producción, el gobierno aún no la ha desplegado completamente; y los agujeros permiten que muchos agricultores tengan que vender su producto a pérdidas en las superficies. El sindicato hace referencia a la sentencia del Tribunal Supremo de junio de 2024 que obliga a la gran distribución a pagar «el precio efectivo de producción». La decisión del alto tribunal, sin embargo, se circunscribe solo al sector lácteo. De esta manera, reclaman que las administraciones «hagan cumplir la ley» para que «nadie se enriquezca a costa nuestra». «Es necesario que los abusos y las prácticas desleales sean sancionadas. Basta de impunidad a quienes ahogan la agricultura», exclaman.
La renovación inexistente
Finalmente, el manifiesto reclama a las administraciones reformas para garantizar tanto el relevo generacional como la contratación de los trabajadores que necesitan las explotaciones. De cara a los jóvenes, el manifiesto alerta que «solo un 4% de los jefes de explotación tiene menos de 35 años» en toda Cataluña. «Sin los jóvenes, la agricultura muere, y con ella el territorio», postillan. En este sentido, Unió y el Departamento de Agricultura pactaron un aumento hasta los 30.000 euros de la prima base de la incorporación de los jóvenes al sector y una nueva ayuda para los agricultores que ceden las tierras a productores jóvenes, que entrará en vigor en 2026. Sin embargo, sostienen que con estas dos concesiones «no es suficiente». «Se necesitan más medidas para que las nuevas generaciones tengan un futuro viable en el campo», afirman; aunque no concretan por qué camino irían sus demandas.
Finalmente, exigen adaptar la legislación para que las familias agrícolas recuperen la consideración de explotación agraria prioritaria. En muchos casos, explican, las subidas del salario mínimo interprofesional han elevado los volúmenes de las explotaciones por encima del umbral que marca la ley estatal. En este sentido, apuntan al ministerio para que lo enmiende, y lo adapte a los casos de la agricultura familiar; pero también piden a la Generalitat que «la norma catalana garantice la equiparación de los derechos de la agricultura profesional con los de las explotaciones agrarias prioritarias». «Falta mucho camino para hacer competitiva la agricultura de hoy y la de mañana», concluyen.
