No hay descanso en la guerra entre la patronal española y el ministerio de Trabajo. Aún lejos de cerrar la carpeta de la reducción de jornada -con las relaciones rotas por parte de la CEOE y la titular del departamento Yolanda Díaz pactando la reforma con los sindicatos- Moncloa abre otra puerta que garantiza el conflicto con Antonio Garamendi. Este mismo martes, Díaz ha convocado la primera reunión del Comité de Expertos para tratar el aumento del Salario Mínimo Interprofesional correspondiente al 2025. El encuentro con los académicos, cabe decir, es el paso previo para acordar las condiciones que el ejecutivo español llevará a la mesa de negociación con los agentes del diálogo social. La predisposición de las partes, sin embargo, no es equiparable: mientras que los sindicatos apuntan a su demanda de los últimos años, los 1.200 euros mensuales en 14 pagas; su contraparte empresarial no parece dispuesta ni siquiera a contemplar vías de debate.
La oposición patronal, cabe decir, no parece importar a Díaz, quien se ha declarado dispuesta a elevar las rentas del trabajo sí o sí. Tal como constata la ministra, con los 1.134 euros mensuales en 14 pagas que recoge hasta ahora el Estatuto de los Trabajadores como suelo salarial «no se puede vivir». «Ni en Madrid, ni en Vigo, ni en Cartagena, ni en ningún lado», declaró recientemente la titular de Trabajo. De hecho, ni siquiera el sueldo medio del estado, que se eleva por encima de los 1.545 euros al mes, es garantía de una vida «con dignidad» para las mayorías sociales, según establece el gobierno español. «Por tanto, la estrategia del ministerio de Trabajo es continuar subiendo el SMI, y hacerlo con acuerdo social», declara. Ahora bien, el entendimiento entre las partes no es condición sine qua non. El compromiso de Moncloa de revalorizar los sueldos se hará realidad, insiste la ministra, «haya acuerdo o no» con el capital.
Un choque que viene de largo
El Salario Mínimo Interprofesional, cabe recordar, ha dado un importante salto en el Estado español en los últimos siete años. Desde 2017, con la entrada de Pedro Sánchez en la Moncloa, los sueldos más bajos han subido un 54% -desde los poco más de 764 euros que dejó Mariano Rajoy hasta la cifra actual-. En las primeras ocasiones, cabe decir, gobierno, sindicatos y patronal encontraron puntos de entendimiento. Fue en 2021, sin embargo, cuando se rompieron las conversaciones. Para los empresarios, entre otras cuestiones, la subida debía incluir una indexación de los contratos públicos para que los encargos del Estado al sector privado cubrieran los aumentos de los sueldos, así como ayudas al sector agrario. Las condiciones no se han dado en los últimos cuatro años, y las relaciones entre CEOE y Díaz se han ido deteriorando. Aún más lo han hecho con la reducción de jornada, que las asociaciones empresariales rechazan a lo largo del territorio español. Así, el diálogo para 2025 entre trabajo, capital y administraciones está prácticamente descartado; y las partes asumen que el aumento saldrá adelante solo con la adhesión de los sindicatos.
Aplicar las recomendaciones de Europa
A juicio del ministerio de Trabajo, la subida de 2024 supuso un importante hito: los datos del departamento de Díaz apuntan que el SMI ya se encontraría en el umbral base que reclama la Carta Social Europea, es decir, en el 60% del sueldo medio del Estado. Los próximos aumentos, por tanto, ya dejarán la normativa española cómodamente dentro de los márgenes recomendados por Europa. Los datos del comité de expertos, sin embargo, no cuadran con los de los sindicatos, que aseguran que aún no se ha llegado a este objetivo.
Ambas partes reconocen la necesidad de continuar elevando el sueldo base, si bien no hay aún un entendimiento definitivo sobre los parámetros que deben informar las decisiones. Para el secretario general de Comisiones Obreras, Unai Sordo, es precisamente esta magnitud -la subida estimada del sueldo medio- la que debe marcar la evolución del más bajo; mientras que otras voces apuntan a equiparar la escalada con la de las pensiones y vincularla al IPC. Sin una norma clara, por su parte, el líder de la Unión General de Trabajadores Pepe Álvarez contemplaría un aumento «en torno al 5 o el 6%». Así, parece que el nuevo objetivo son los 1.200 euros en 14 pagas, unos 66 euros más que el actual.
Para mantener a largo plazo esta escalada, el Partido Socialista Obrero Español propone situarla en la Constitución. Según recogía la ponencia para el 41º Congreso Federal, los socialistas querrían «blindar los avances alcanzados» en varios ámbitos sociales; entre ellos, el mundo del trabajo. La hoja de ruta de la formación que dirige Pedro Sánchez, cabe decir, es similar a la que contempla Unai Sordo: buscarían fijar la obligatoriedad de que el SMI esté siempre por encima del 60% del sueldo medio. De esta manera, aseguran, se protege el poder adquisitivo de las rentas del trabajo «gobierne quien gobierne»; con un ojo puesto en una posible victoria de las derechas y ultraderechas españolas en unas elecciones al Congreso.
