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Díaz enciende la batalla con el PSOE por la reducción de jornada

El inicio de año ha dejado una de las disputas más públicas que se recuerdan en el gobierno español desde la investidura de Pedro Sánchez. La ministra de Trabajo y Economía Social y vicepresidenta segunda Yolanda Díaz ha abandonado las formalidades y ha pasado al ataque contra la facción socialista del ejecutivo. La chispa, la negativa a aplicar la reducción de jornada laboral pactada con los sindicatos y recogida en el acuerdo por el cual Sánchez volvió a Moncloa. Díaz atribuye buena parte de la reacción socialista a los avances propuestos al ministro de Economía, Carlos Cuerpo, principal objetivo de sus ataques desde finales de diciembre. Tras tildarlo de «mala persona» en declaraciones a RNE por su negativa a llevar adelante la reforma del tiempo de trabajo, la titular de Trabajo ha acusado a Cuerpo de «vetar» su tramitación en el Consejo de Ministros. Ante la postura pública de los socialistas, que han declarado una «prioridad» las 37,5 horas, Díaz ha sido contundente: «No es cierto que quieran iniciar la tramitación, están bloqueando el acuerdo con los sindicatos», sentenció en declaraciones al programa de Tele 5 La Mirada Crítica.

Así, Díaz ha denunciado las «promesas no cumplidas» de los socialistas, que intentarían dejar caer uno de los puntos centrales del pacto de investidura al que llegaron tras las elecciones. En las últimas semanas, cabe decir, tanto Cuerpo como otros dirigentes de la rama socialista han reiterado matices al planteamiento que Trabajo ha pactado con las organizaciones de trabajadores. El ministro, de hecho, ha contemplado cuestiones como la flexibilización en la aplicación por sectores, como reclaman organizaciones de pequeñas y medianas empresas de todo el Estado. También ha hecho suyo parte del diagnóstico del presidente de la CEOE, Antonio Garamendi, que exigía que la reducción del tiempo trabajado no se aplique sobre los convenios colectivos ya vigentes sobre la base de las 40 horas semanales. Para Economía, estas cuestiones responden a la necesidad de equilibrar las fuerzas parlamentarias, dado que tanto Junts como el PNV, indispensables para llevar adelante cualquier punto de la agenda de Moncloa en la cámara baja, han expresado sus dudas, especialmente respecto a los efectos sobre las pymes de una semana de 37,5 horas. Ahora bien, Díaz exige que el ejecutivo lleve adelante su propuesta, y luego negocie con los grupos. «No se puede dejar de legislar por no tener los apoyos asegurados desde el primer día», espetaba la ministra.

El ministro de Economía, Carlos Cuerpo, en una intervención en el Senado / Europa Press

«Totalmente falso»

Consultado por las declaraciones de Díaz, el ministerio de Economía se ha desmarcado de sus acusaciones. «Es falso que el departamento haya bloqueado la tramitación urgente de la reducción de la jornada laboral», aseguran, remitiéndose a la «prioridad» que el mismo Cuerpo ha otorgado a la reforma en recientes comparecencias públicas. De hecho, apuntan, «se ha dispuesto que pueda ser tratada en la primera reunión de la Comisión Delegada de Asuntos Económicos en que sea posible hacerlo», es decir, que debe pasar tan pronto como sea posible por el órgano que decide qué asuntos pasan al pleno ministerial. En este sentido, los de Cuerpo defienden que un cambio regulador de tal magnitud requiere «un debate y análisis a fondo con la participación de todos los ministerios económicos». «Economía rema a favor para que se tramite con la mayor velocidad», reiteran.

Así, Cuerpo y Díaz reviven el enfrentamiento que ya causó heridas en el seno del gobierno de coalición entre la vicepresidenta segunda y la primera titular económica de Sánchez, Nadia Calviño -que abandonó la cartera para saltar a la presidencia del Banco Europeo de Inversiones-. Entonces, en una disputa centrada en la reforma del subsidio por desempleo, fue Díaz quien se llevó la victoria. A pesar del historial de desavenencias, Cuerpo ha alabado a menudo la convivencia de las «dos almas» económicas de Moncloa, una que, asegura, ha facilitado la aprobación de leyes «equilibradas» con la participación de todos los sectores.

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