La batalla entre Moncloa y los empresarios por la reducción de la jornada laboral toma «velocidad de crucero». La vicepresidenta segunda del gobierno español y ministra de Trabajo y Economía Social Yolanda Díaz ha anunciado este jueves que convocará «con carácter inmediato» la mesa de diálogo social para avanzar el proyecto de las 37,5 horas. La reunión estaba prevista para el pasado día 11 de noviembre, pero se canceló por las exigencias de la gestión de la Dana. Los pasos adelante del ejecutivo y sindicatos para llevar a cabo la medida, cabe decir, continúan encontrando la oposición de los empresarios. Aun así, Díaz confirma que «sin dudas, se reducirá la jornada laboral» en el Estado español. Así se ha expresado antes de la primera sesión del Congreso Internacional del Trabajo, celebrado en Madrid.
Uno de los principales argumentos del mundo empresarial del Estado contra la reducción por ley de la semana laboral es la media por convenio de esta, que se sitúa en las 38,2 horas, poco por encima de los primeros objetivos de Moncloa. Díaz, sin embargo, se ha reafirmado en su posición, asegurando que «no queremos que haya trabajadores de segunda». Los funcionarios o los empleados industriales, por ejemplo, ya dedican al trabajo alrededor de las 38 horas semanales; si bien el ministerio aspira a extender la protección a «las trabajadoras del comercio, las personas que trabajan en agricultura, en hostelería o quienes trabajan en los medios de comunicación».
En paralelo a la reducción de la jornada laboral, Díaz plantea medidas complementarias para mejorar el tiempo de descanso de los trabajadores españoles. Debates como el de la desconexión digital tienen especial presencia en muchos países de la Unión Europea, una cuestión en la cual el ejecutivo dirigido por Pedro Sánchez «tendrá una posición fuerte». Además, explora estrategias para mejorar los recursos de la Inspección de Trabajo, para que los supervisores puedan «conocer en tiempo real las horas que se trabajan». Con todo, celebra, reducir la jornada laboral «permitirá a los trabajadores vivir un poco mejor», y forzará a las empresas a implementar mejoras en la productividad.
Desacuerdos en fiscalidad
Fuera del ámbito laboral, Díaz y su formación, Sumar, se encuentran inmersos en un debate con el gobierno español por la reforma de la fiscalidad. En las últimas jornadas, la izquierda española ha sido crítica con el PSOE por sus pactos con Junts y el Partido Nacionalista Vasco, mediante los cuales han dejado caer el impuesto a las empresas energéticas. Así, Moncloa se enfrenta a una jugada compleja: el gravamen no agrada a los juntistas y al PNV; pero es una de las exigencias de ERC, EH Bildu y Podemos para apoyar el paquete regulador. En este sentido, la titular de trabajo ha insistido en que la vicepresidenta primera y ministra de Hacienda, María Jesús Montero, mantiene reuniones con los grupos parlamentarios para encontrar puntos de acuerdo. «Hasta la tarde, dejemos que trabajen en esta negociación», apostilla.
