Las demandas de los campesinos superan el pleno monográfico que ha marcado la actividad parlamentaria durante la semana. La inmensa mayoría de resoluciones de los grupos parlamentarios arran de las dos jornadas de debate –y las demandas de las principales organizaciones– han sido aprobadas por el hemiciclo con un ancho consenso. Destacan, entre las medidas a que el Parlamento insta en el gobierno, las dedicadas a reducir las trabas burocráticas; así como varios programas de ayuda a los productores más vulnerables –los jóvenes, principalmente–. También se han aprobado instancias de reforma de la ley de la cadena alimentària, y mejoras de la vigilancia de la actividad de las grandes superficies hacia los productores, mucho en la línea de las exigencias de Unión de Campesinos presentadas durante las movilizaciones de febrero.
En el ámbito de la reducción de la burocracia, a instancia de Juntos, la CUP y los Comunes en sendas resoluciones, el Parlamento ha aprobado la creación de una ventanilla única que concentre todos los trámites necesarios para llevar a cabo la actividad agraria. Justo es decir que todas las formaciones llevaban alguna referencia al recorte del papeleo en sus documentos de propuestas: desde el impulso a las difamadas oficinas comarcales del departamento de Acción Climática a la revisión de la aplicación de la Política Agraria Común de la Unión Europea, pasando por una reducción de trámites para las pequeñas y medias explotaciones. El acompañamiento del nuevo campesinado por parte de las administraciones ha sido una de las claves del plenario, con propuestas como la del fortalecimiento de las empresas agrarias lideradas por jóvenes –aceptada a raíz de una resolución de ERC– dedicadas a ofrecer «asesorar y acompañar con apoyo específico y personalizado» al que se ha revelado como uno de los segmentos más asediados por las problemáticas del campo.
Más allá de las cuestiones burocráticas, el pleno ha apoyado a varias iniciativas en la línea de crear un subsidio agrario para situaciones excepcionales capaz de cubrir las necesidades de los campesinos en casos de emergencia. Cómo en el caso de la reducción de la burocracia, el Parlamento ha puesto un peso específico en el apoyo al relevo generacional, con sistemas de anticipos que mejoren la liquidez de las nuevas explotaciones para facilitar la incorporación de jóvenes a la actividad agraria. Para la mayoría de los campesinos en activo –más grandes de 60 años, muchos de ellos cerca de la jubilación– los grupos han aceptado también una mejora de las pensiones para los campesinos en régimen autónomo; así como una «revisión» de las cotizaciones generadas por las rentas del trabajo agrario.
Choque por la cadena alimentaria
De cara a los intermediarios –principalmente grandes cadenas de distribución, en su punto de mira de las protestas campesinas por los bajos precios que abonan por los productos del campo– el Parlamento ha aprobado la inmensa mayoría de resoluciones que los grupos han ademán sobre la mesa. Por parte de Esquerra Republicana, se ha reclamado una cuota específica de posición de dominio –una cifra específica que defina casos en los cuales un supermercado tiene suficiente control sobre un producto concreto para controlar el precio–. Se trataba de una de las demandas históricas del campesinado, que aseguraba que sin estos límites definitivos, la fiscalización de la actividad de los supermercados se hacía imposible. También a raíz de una resolución de ERC; el Parlamento ha reclamado la prohibición de la venta de productos agroalimentarios a pérdidas, fuente de parte de los problemas de precios de las explotaciones locales. A escala catalana, el PSC ha reclamado potencial el Observatorio de Precios, dependiente de la Generalitat, con el objetivo de «establecer un marco de referencia para un precio de venta justo» y delimitar las posibles sanciones a las cadenas que no lo cumplan.
Por parte de la CUP, los grupos han aprobado que se inste a introducir modificaciones en la ley para garantizar «un justo precio» a los productores. No ha tenido tanta suerte, pero, otra de las propuestas de los anticapitalistas: establecer un mínimo obligatorio de productos locales a los estantes de cada supermercado para compensar la competencia desleal por parte de terceros mercados. Sí que ha tenido éxito la propuesta de Juntos de reclamar la presencia de cláusulas espejo a todos los tratados de comercio internacional –a pesar de que se abstuvieron en el Parlamento Europeo en la votación por refrendar el acuerdo con Chile, criticado por el sector agrario–. En la línea de garantizar las buenas prácticas a la cadena alimentaria, ERC, la CUP y los comunes presentaron una transaccional para reclamar un estudio previo para crear una distribuidora pública –para priorizar, aseguraban, los productos locales y garantizar a los ciudadanos una alimentación de proximidad–. La resolución conjunta, pero, ha sido rechazada por la mayoría de los diputados.
La Agricultura vuelve al Departamento
Finalmente, y después de las críticas por parte del Partido de los Socialistas, el pleno ha avalado el cambio de nombre de la consellería de Acción Climática, que pasará a denominarse Agricultura, Ganadería, Pesca y Acción Climática. Si bien la rama dirigida por David Mascort conserva las mismas competencias, el nuevo bautismo sirve, según los grupos, como gesto simbólico para un campesinado que se siente «ninguneada» por las instituciones y la sociedad en general. Un desprecio que, justo es decir, comparte el pleno, en cuanto que ha aprobado una resolución del PSC que constata «la inacción del gobierno» de cara al sector primario; así como una crítica de los Comunes por la «carencia de estrategia» de cara a las explotaciones agrícolas y ganaderas familiares.
