El sector químico es uno de los motores industriales de Cataluña. Mas detrás mes, tanto el Ministerio de Industria como el Idescat lo confirman como el exportador más potente del país; e internamente permanece la segunda rama manufacturera con mayor capacidad empresarial. Con cerca de 2.000 compañías y más de 60.000 trabajadores -concentrados en los alrededores de los dos grandes polos petroquímicos de Tarragona y el Vallès- la química fundamenta buena parte de el adelanto productivo del PIB catalán en los últimos años. Cualquier movimiento de sus tradicionalmente estables placas tectónicas, pues, amenaza de sacudir toda la economía. El convenio colectivo de esta industria se puede añadir en pocos meses al de la banca entre los nuevos espacios de movilizaciones sindicales en empresas acostumbradas a la calma. «Siempre había sido una negociación muy dada a la paz social», explican fuentes empresariales a Mundo Economía: las negociaciones entre sindicatos y patronal -la española, Feique, en cuanto que el entendimiento laboral es estatal- habían estado breves y poco problemáticas. Este año, pero, las mesas se han girado: ambas partes reconocen a este diario que la situación está encallada, hasta el punto que voces sindicales «no se atreven a decir» si el documento regulador, caducado a finales del 2023, se aprobará este año. «Lo veo muy complicado, las posturas están muy alejadas», lamenta Isabel Teruel, responsable de industria química a UGT Mete, en la salida de la reunión celebrada este mismo miércoles. Con un encuentro más en el calendario antes de la parada de agosto y «sin preacuerdos significativos», el equilibrio entre trincheras puede tensarse sustancialmente en las próximas semanas. Consultada por este diario, la organización Feique ha declinado hacer valoraciones sobre la cuestión.
El último acuerdo colectivo, vigente entre el 2021 y el 2023 y cercado en pandemia, dejó un gigantesco gasto relativamente imprevista a la parte empresarial. El entendimiento contemplaba una actualización de las mesas salariales al IPC acumulado de los tres años de vigencia; una cifra que, con una histórica espiral inflacionista enmedio, saltó hasta el 10,3%, de aplicación directa el pasado 1 de enero. Feique intentó gritar a la no aplicación, en cuanto que suponía un aumento de masa salarial sustancial para un sector «conformado por pequeñas empresas». Los sindicatos, pero, llevaron las resistencias patronales a la justicia; y la Audiencia Nacional dictó a favor de la parte social a finales del mes de junio. Después de este batacazo económico, «los empresarios no tienen prisa para pagar más», describen las mismas voces; mientras que las plantillas se impacientan. «El 10,3% fue una pérdida de poder adquisitivo; y mucha gente no entiende por qué tiene que condicionar el convenio a futuro», argumenta Teruel. Sobre esta constancia, CCOO y la UGT ponen sobre la mesa una mejora retributiva del 4% cada uno de los años que estaría vigente el pacto, contando el 2024 en curso – y con un máximo de tres ejercicios, si bien puede ser menor-. La patronal, pero, «no ha hecho ninguna propuesta seria», y las partes se mantienen en una tensa espera; a pesar de que la referencia, apuntan las dos bandas de la mesa, es el reciente AENC español, que fija las recomendaciones de alzas anuales alrededor de los tres puntos hasta el 2025.
«La sentencia ha dilatado el proceso», espetan las voces empresariales consultadas, que reconocen que, ya con la decisión de la AN sobre la mesa, «empiezan las discusiones fuertes». El primero, producto del revés de principios de año, un tope a la revisión salarial al IPC que la parte social rechaza sin matices. La cláusula, remacha Teruel, «es una línea roja»; así como el cálculo de la masa salarial. La parte empresarial busca, según explican los sindicatos, aplicar medidas de compensación y absorción de las subidas de sueldo por anticipado de convenio; una decisión que «modificaría el sistema totalmente, y por aquí no pasaremos», decreta la sindicalista. Al sector, como otros muchos de alto valor añadido, son usuales los pluses por objetivos o méritos por anticipado de cada compañía. Abrir la puerta de la absorción, pues, podría generar una situación similar a la de la banca, donde estos mecanismos han mantenido –declaran en Mundo Economía los sindicatos financieros– «congeladas muchas nóminas durante cerca de una década».
Las posturas de los negociadores son, de este modo, mucho más duras que en anteriores instancias de pactos al sector, y, a parecer de los sindicatos, «la demanda a la AN rompe la cordialidad que siempre ha habido en la hora de negociar». Desde el mundo empresarial observan, por su parte, un aumento de la agresividad de la representación de las plantillas, «crecidas» por la victoria a los tribunales y por un 2023 de buenas noticias en el ámbito sindical. Las consecuciones en las mesas del metal, la construcción u otras ramas económicas especialmente conflictivas ya hacían augurar a mediados de curso pasado una escalada en las estrategias de UGT y CCOO como la que nota el empresariado químico en este proceso.
Horizonte de protestas
A pesar de todo, las mismas fuentes empresariales confían aunque la situación «se resolverá con paz social», si bien no a corto plazo. «La patronal se pone el objetivo en otoño, pero quizás son demasiado optimistas», contemplan desde el tejido de negocio del sector. También los sindicatos alejan la posibilidad de cerrar un convenio este año: incluso en las estimaciones más optimistas, «nos iremos en diciembre». El resultado de una negociación dilatada en un convenio de estas características, como mínimo en lugares más acostumbrados a la confrontación, suele ser carne de huelga; y los casi ausentes adelantos recientes están «tensando un poco» incluso unas plantillas tradicionalmente sedentarias. «Si no hay algo que nos haga ver que avanzamos, prepararemos movilizaciones -o el que haga falta- para forzar alguna pasa», alerta la representante de UGT. Desde la otra banda, pero, sitúan la presión a la parte social. «No sé hacia donde echarían las cosas si lo encarrilan hacia el conflicto, quizás consiguen el efecto contrario», avisan, añadiendo que «las empresas no tienen urgencia de aprobar el convenio: Ya se ha pagado».
Trabas internas y externos
Incluso si hubiera posturas negociadoras más próximas, desde la parte empresarial apuntan este año a un proceso especialmente complicado. Mientras que históricamente las renovaciones se había mantenido en una progresión relativamente lineal, los trabajadores han querido, en esta ocasión, abrir el pacto en canal, y revisar cerca de una sexagésima de los 119 artículos que conformen el documento. «Tenemos que cambiar cerca del 50% del convenio, en ningún caso es fácil», explican las mismas voces; resignadas por una sangrienta parada del ritmo de entendimiento. «No hay ni grandes acuerdos, ni grandes desacuerdos»; en cuanto que ninguno de las dos partes se ha desmarcado de la mesa -en ámbitos salariales o de condiciones laborales-, pero tampoco se ha avenido a ligar ningún hilo en la muchedumbre de cuestiones que se están discutiendo. «La parte sindical se queja que la parte patronal no hace propuestas, y la patronal considera que hay demandas sindicales que están fuera de lugar», apostilla la misma fuente.
Desde la UGT, pero, defienden su plataforma reivindicativa. Teruel asegura que el carácter de la negociación pide «una posición ambiciosa» por parte de los trabajadores. «Como que ya sabíamos que las conversaciones estarían muy condicionadas por la revisión salarial, necesitábamos una moneda de cambio», alega la sindicalista; en cuanto que, sin objetivos a largo plazo, «los recortes acaban llegando». Buena parte de la parada, además, proviene de un contexto político especialmente cambiante. Si hasta la semana pasada el conflicto era al AN, ahora es a Moncloa, con un pacto por la reducción de jornada laboral que no llega y con una CEOE en ofensiva contra el ministerio de Trabajo. La rebaja horaria sin efectos sobre el salario supondría «un elevado coste» para las empresas; hecho que obliga a tenerla en consideración en cualquier entendimiento en cuanto a las mejoras de los sueldos de las plantillas. La poca presteza negociadora, además, dificulta la aplicación de las medidas el 2024, y la parte social ya reclama que estas tengan carácter retroactivo desde el 1 de enero ante la posibilidad de «perder el año». El mundo empresarial, pues, permanece «
