Las negociaciones para el nuevo convenio bancario, parado desde finales del 2023, se acercan a sus semanas clave. Con los dos sectores adyacentes –cajas de ahorro y entidades financieras cooperativas– resueltos a finales del primer trimestre, y con una plantilla en su punto álgido en cuanto a movilización, las partes esperan conseguir resolver el acuerdo colectivo «antes de las vacaciones de verano» para evitar un nuevo enquistament de las conversaciones. El impulso, según comentan fuentes sindicales a Mundo Economía, llega durante la primavera, todavía sobre la oleada de la histórica huelga convocada a finales del mes de marzo -que, según la representación laboral, consiguió un seguimiento del 75% en las principales oficinas financieras del Estado; con el Banco de Santander, el BBVA y el Banco Sabadell al frente-. Las posiciones, explican desde la agrupación Fine, permanecen razonablemente alejadas, especialmente para un pacto «exclusivamente salarial»; en el cual no se revisarán cuestiones como la presión comercial, el teletrabajo u otras piezas clave del contexto laboral en las oficinas. Aun así, puertas negociadoras que no se habían abierto nunca parecen haberse desbloqueado.
Tal como comunicaron los sindicatos en la salida de la reunión del pasado miércoles, la patronal española -la Asociación Española de la Banca (AEB)-, presidida por Alejandra Kindelán, ya habría aceptado algunas de las reclamaciones de los trabajadores. Entre ellas, un convenio más corto: desde el inicio de las conversaciones, la parte empresarial exigía mantener un acuerdo a 4 años vista; mientras que, desde el mes de mayo, contempla un entendimiento de tres años -más flexible, alega la parte social, para adaptar mejor los contratos a la situación macro-. También se han hecho más pequeñas las brechas en cuanto a la mejora de las tablas salariales: la postura original de los sindicatos contemplaba un alza del 13% a tres años; mientras que la gran banca española, opuesta a un cambio tan brusco, ponía el techo en el 10% a cuatro años -es decir, una mejora más modesta y, además, repartida en más ejercicios-. A la salida de este miércoles, las posiciones se han acercado hasta el punto de estar separadas por solo un 1%: el empresariado se aviene a un 11% en un trienio; mientras que la representación mayoritaria de la plantilla recula hasta el 12%. «Si fuera por las tablas salariales, ya habría acuerdo», detalla Elena Díaz, presidenta de Fine.
Queda, sin embargo, un importante punto a tratar: la compensación y absorción de las mejoras a cuenta de convenio. En un sector donde los bonus por rendimiento o por otros factores otorgados por las empresas son muy usuales, muchos de los salarios se han mantenido congelados durante casi una década, dado que ya se sitúan ampliamente por encima de las tablas que enmarcan el acuerdo colectivo. Hasta ahora, como recuerda Ingrid Vilanova, representando del sector bancario en Comisiones Obreras, la banca «estaba muy acostumbrada a compensar»; tanto, que era un punto de negociación que la AEB ni siquiera contemplaba. Desde el inicio de la revisión colectiva, los sindicatos descartaban una protección completa contra la absorción y compensación -un punto que elevaría los sueldos de toda la plantilla del sector bancario, sea cual sea la retribución individual, al ritmo acordado-. Exigían, así, garantizar el 75% del alza «en toda la duración del convenio».
La patronal no pone sobre la mesa aún esta opción, pero sí que acepta, por primera vez, la noción de no absorber; con una oferta de garantía salarial del 50% para el primer año, y con un mínimo de alzas establecido para el segundo curso todavía por cerrar. A pesar del gran paso que esto supone desde la situación anterior, los sindicatos consideran que es una fórmula «muy lejana» a la que necesitan sus representados. «Queremos el 75% en todo el convenio, y esta medida buscaría no más del 20%», denuncia Díaz, para quien la cobertura salarial es una «condición
La huelga, un cambio de paradigma
Ambos sindicatos tienen claro cuál ha sido el «punto de inflexión» que ha hecho mover las sólidas fronteras negociadoras que el ente presidido por Kindelán había establecido hasta la primavera: la huelga. Los oficinistas del mundo financiero, reconocen desde la agrupación, «no son estibadores ni operarios industriales» en cuanto a su afán movilizador. El bancario ha sido, tradicionalmente, un entorno de aguas mansas, especialmente porque tanto los salarios como las ventajas laborales eran sustancialmente mejores que en otras ramas de la economía. «Las condiciones que tenían las plantillas ahora hace unos años no son las que tenemos ahora; la presión a que estamos sometidos ha decantado la balanza», subraya Díaz. La directiva, pues, aprieta cada vez más a los empleados con objetivos, y los beneficios crecientes de las compañías no «se ven reflejados» en las nóminas ni la situación en el puesto de trabajo. Así, el pasado mas de marzo supuso un cambio del paradigma negociador, con una nueva amenaza sobre las cabezas de los directivos bancarios: las paradas del final del primer trimestre supusieron un «golpe reputacional» para las entidades crediticias que «no les interesa».
Entre la espada y la pared, pues, la parte empresarial empieza a contemplar las demandas de la social. Las protestas de este año, además, ya no su una
La amenaza de la OPA
Más allá de la nueva capacidad en las calles de los sindicatos bancarios, la parte social reconoce que tienen la coyuntura bancaria a favor. BBVA y el Banco Sabadell son dos de las entidades con presencia para la mesa por parte de la AEB. Defienden la posición del empresariado financiero, pues, en medio del choque provocado por la OPA hostil lanzada por los de Carlos Torres sobre el banco catalán. La amenaza vaguística, pues, es potencialmente doble: la del acuerdo colectivo por un lado y, por la otra, las resistencias sociales a los efectos sobre la plantilla de una fusión obligada. «El golpe en el Sabadell sería muy sangriento en Cataluña», lamenta Vilanova, que constata que tanto los bilbaínos como la compañía presidida por Josep Oliu se pueden «volver a encontrar con movilizaciones» -seguramente con una escala mayor a la esperada en el supuesto de que, cuando se concreten, el convenio continúe abierto-. Tanto es así que, a parecer de Díaz, «nadie contempla que se inicie un proceso de fusión sin un pacto firmado». De este modo, la patronal está en «disposición» de firmar; y los trabajadores detectan a la mesa una capacidad de influir sobre la decisión final mucho más elevada que en anteriores negociaciones. «La plantilla ha cambiado, y ahora sabe que tiene voz», sentencia la presidenta. La próxima ronda, el 10 de julio, con un corto margen para la fumata blanca antes de vacaciones.
