El convenio colectivo de la construcción y las obras públicas en la demarcación de Barcelona ha sido una fuente de batallas constantes entre trabajadores y empresarios desde los años de la crisis financiera de 2008. El estallido de la burbuja inmobiliaria y la década de recortes en obra pública obligaron, como recuerdan los sindicatos mayoritarios, a hacer «concesiones» -en Cataluña y en todo el Estado- en los convenios de los últimos 15 años. «En 2013 dejamos muchas cosas sobre la mesa para abordar la realidad del sector», recuerda Carlos del Barrio, miembro de la sectorial de Hábitat de Comisiones Obreras en Cataluña. «Nos preocupaba más evitar los EREs en las empresas que mejorar el convenio», añade. Han pasado 10 años, sin embargo, desde la última «actualización significativa» del acuerdo colectivo, y los cerca de 160.000 trabajadores de la construcción en la demarcación denuncian una «situación de bloqueo» anómala en el Estado. «Las patronales no han estado dispuestas a implementar ninguno de los temas que queremos plantear», critica Juani Arenas, de la sectorial de industria de la UGT en Barcelona. Las conversaciones con la Federación de Entidades de la Construcción, lamentan las agrupaciones de trabajadores representativas, se rompieron el pasado noviembre, y se intentarán reavivar en las próximas semanas. «Pero no tenemos muchas esperanzas», lamenta Del Barrio.
Cabe recordar que Barcelona ya sufrió este «bloqueo negociador» en 2023, cuando se aprobó el actual convenio colectivo, vigente, precisamente, hasta 2025. Como en muchos otros sectores, en la construcción se acuerda un convenio de ámbito estatal que marca las directrices salariales del conjunto del tejido empresarial. Sobre este, se ratifican las tablas retributivas y se negocian «aspectos sociales» adicionales en los convenios de ámbito territorial, correspondientes a las demarcaciones. Hace dos años, toda Cataluña firmó en paz los acuerdos alcanzados en Madrid entre la patronal española, la CNC, y CCOO y UGT. Toda, cabe recordar, menos Barcelona, donde la Federación empresarial local, formada por la Cámara de Contratistas de Obras, el Gremio de Constructores y el Gremio de Promotores, se negó a aceptar el acuerdo estatal. «Alegaban que los trabajadores en Barcelona ya son muy caros», critican los sindicatos. Las subidas salariales pactadas en la negociación española se terminaron aplicando parcialmente por la denuncia sindical ante la comisión paritaria del convenio colectivo, todo ello sin la aquiescencia patronal. Esta brecha, según Arenas, continúa viva ahora. «No parecen ponerse de acuerdo, a pesar de que en un principio parecía que había voluntad», detalla la dirigente ugetista. En la fecha de redacción de este artículo, las patronales barcelonesas no han respondido a las solicitudes de valoración hechas por este medio.
Se trata, además, de unas tablas salariales que los sindicatos califican de insuficientes para «recuperar el atractivo del sector» de cara a los potenciales empleados. «Han querido abaratar aún más la entrada de trabajadores al sector», denuncia Arenas; con salarios base de los niveles laborales tempranos más bajos que en otras industrias. El salario bruto según convenio de un peón ordinario, por ejemplo, supera por poco los 25.600 euros brutos al año contando las extras de Navidad y verano y los pluses de transporte y convenio, con una retribución base de unos 10.800 euros anuales. Se trata de un problema que, según Del Barrio, «afecta también a los trabajos de más valor añadido». «Un ingeniero no vendrá a trabajar a la construcción, porque, con los salarios que hay, todos prefieren trabajar en la industria», detalla. La retribución base completa de los ingenieros de primera, incluyendo todos los pluses y extras, no llega a los 39.000 euros anuales, mientras que en la industria química puede rozar los 50.000, por ejemplo.
Estas escalas retributivas, denuncian los sindicatos, se corresponden con las concesiones hechas a principios de la década pasada para salvar un tejido empresarial en crisis sistémica. Ahora, con alzas sustanciales tanto en la obra pública como en el ámbito inmobiliario -reconocidas tanto por las patronales como por el Colegio de Arquitectos de Cataluña, que hacen previsiones «moderadamente optimistas» para los próximos cursos-, habría margen para recuperar el valor de los salarios, más aún después de una crisis inflacionista como la que agravó las rentas del trabajo entre 2022 y 2023. «Hace 20 años, muchos trabajadores cobraban por encima de convenio, especialmente los de más valor añadido -rememora Del Barrio-; ahora, muchos están a convenio pelado». La recuperación es más que lenta, con una revisión salarial en 2024 del 0,8%, repartida a mitades entre sueldos y la aportación al plan colectivo de pensiones. «No tienen visión de sector, las empresas tendrán que pagar más porque nadie querrá venir a trabajar a la construcción», etziba Arenas.
Barcelona, más allá del sueldo
Así, la mayoría de las demandas fuera del ámbito salarial de los trabajadores barceloneses permanecen en un limbo. La plataforma reivindicativa presentada por los dos mayoritarios, a la que ha tenido acceso Món Economia -y que ya se plantea desde finales de 2023, sin éxito-, reclama cuestiones como la implementación de una jornada intensiva durante los meses de verano, para evitar que los peones estén expuestos a temperaturas extremas, una medida de salud laboral que «en Cataluña no se ha puesto en marcha». «Hace años que lo reclamamos, y hemos ofrecido 50.000 soluciones diferentes; pero la patronal ha abandonado su papel en la mesa negociadora«, critica Del Barrio. Entre otras cuestiones, la plataforma barcelonesa reclama también la mejora de las compensaciones por dietas. Barcelona tiene las más bajas de todo el país en el sector, de unos 10 euros por trabajador y día. «Nadie puede comer por eso en la ciudad, es ridículo», sentencia Arenas. Más cerca del debate salarial, CCOO y UGT priorizan limitar la compensación y absorción de las mejoras salariales. Es decir, piden que las subidas a cuenta de convenio también se puedan notar en las nóminas que ya superan los mínimos establecidos por las tablas, al menos en un 50%.
Según relatan tanto UGT FICA como CCOO Hábitat, a finales del 2024 se encuentran con que las patronales barcelonesas no hacen propuestas respecto de estos tres puntos clave. «Su iniciativa es completamente desreguladora», apunta Del Barrio. La hoja de ruta empresarial, según detalla la Unión General de Trabajadores, no contempla una propuesta para la reducción de jornada en verano, propone un «incremento mínimo de las dietas» y rechaza las medidas de no absorción y compensación salariales. Las conversaciones en el seno de la negociación colectiva se rompen el 13 de noviembre de 2024, y se espera que se recuperen en las próximas semanas, en paralelo con las negociaciones en Madrid para renovar el convenio estatal, que se retomarán el próximo lunes día 16.
Preparados para la movilización
Ante este vacío negociador, las centrales sindicales ya se preparan para dar una respuesta fuera de la mesa del convenio. UGT y Comisiones preparan a corto plazo reuniones con las direcciones de las tres entidades empresariales que negocian el convenio barcelonés. «En función de cómo salgan estos encuentros, decidiremos qué se debe hacer», promete Arenas. En 2023, con el desacuerdo por las tablas salariales, las organizaciones representativas ya amenazaron con llevar adelante una huelga para torcer el brazo empresarial, pero una movilización sustantiva de los empleados de la construcción es, por ahora, compleja. Para Del Barrio, el «cambio de la población» de los trabajadores del sector lo explica en buena medida. El atractivo de las obras ha disminuido, y muchos de los empleados que han accedido en los últimos años son personas migrantes, con condiciones materiales mucho más adversas y que, en la mayoría de ocasiones, no pueden permitirse participar en un conflicto en su lugar de trabajo. «Quien está tramitando el permiso de residencia, por ejemplo, no puede perder el trabajo. Y, como los empresarios lo saben, aprovechan para estrangularlos vivos», critica el sindicalista. A la espera de un nuevo otoño complejo en el mundo laboral catalán, con grandes convenios colgando de un hilo -como la hostelería, o el de oficinas y despachos, que ya llegó a la prórroga en 2023- habrá que ver qué recorrido tienen las quejas de los obreros de la construcción. «Ahora, jugaremos la última carta negociadora. Pero no puede ser que permanezcamos bloqueados», aseguran desde Comisiones.
