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Interinos vuelven a la carga contra el abuso de temporalidad

Los interinos en situación de abuso de temporalidad, es decir, los trabajadores de la administración catalana que llevan más de tres años formando parte del personal de la Generalitat, pero que aún se encuentran en situación de interinaje -a pesar de que la ley marca un plazo de tres años en esta categoría-, vuelven a la carga para reclamar la estabilización masiva del colectivo afectado. Las organizaciones sindicales CGT, IACCATAC, USTEC -el sindicato mayoritario de Educación- la Intersindical, PINDOC, COS, COBAS, FETAP, el sindicato de enfermeras, el sindicato catalán de trabajadores públicos, CATAC-CTS y la Plataforma de Afectados por la Función Pública -una organización que agrupa a cientos de trabajadores en situación de interinaje de la administración catalana- han unido fuerzas nuevamente y convocan una manifestación para este sábado 14 de diciembre a las 10.30 horas en las puertas de la sede de la Comisión Europea.

El pasado mes de junio, el Tribunal de Justicia de la Unión Europea (TJUE) emitió una sentencia en la que avalaba convertir a los trabajadores interinos en indefinidos para “sancionar” un agravio que desde hace años afecta a parte de los trabajadores de la administración catalana -pero que también se extiende a las instituciones españolas. Tras la resolución del TJUE, la Comisión Europea estipuló un plazo para que el gobierno español, en manos de Pedro Sánchez, y, de rebote, la Generalitat, estabilizara definitivamente a los miles de trabajadores que se encuentran en situación de abuso de temporalidad. Los afectados, sin embargo, denuncian que el plazo establecido por Europa ha expirado y el conflicto continúa estancado. «Quedan dos semanas para que acabe el año, el plazo que dio Europa ya ha terminado, y ningún gobierno ha hecho nada. Todo sigue igual», exclama en conversación con Món Economia José M., miembro de la Plataforma de Afectados por la Función Pública y conserje de un centro educativo del Baix Llobregat -parte del colectivo de subalternos de la Generalitat-, que lleva más de seis años ocupando esta plaza, pero que continúa sin estabilizar su situación laboral.

Una manifestante en la protesta de interinos en la plaza de Sant Jaume alza un cartel con el mensaje «Els sindicats ens abandonen; a Europa ens envalentonen» / ACN

Más de 6.000 trabajadores afectados

Según denuncian las entidades, esta problemática afecta a más de seis mil trabajadores de la administración catalana. De hecho, esta misma semana, el ejecutivo de Salvador Illa ha pactado con las principales organizaciones sindicales -las cuales no participan de la convocatoria de la manifestación de este sábado- crear una primera bolsa de empleo temporal para la selección de personal funcionario interino en la Generalitat y los organismos autónomos, que integrará unos 6.000 trabajadores. Según defienden desde el Departamento de Presidencia, encabezado por el consejero Albert Dalmau, esta bolsa tiene como objetivos establecer un sistema único y ágil de acceso al empleo público temporal, «homogeneizar los criterios de selección», contribuir a la celeridad de los procesos de cobertura extraordinaria y reducir la carga burocrática en este proceso.

Las entidades convocantes de la protesta, sin embargo, no ven con buenos ojos la decisión del ejecutivo catalán. Consideran que este movimiento del Gobierno «reconoce que aún hay miles de trabajadores públicos sin plaza de estabilización a pesar de los requerimientos del TJUE y la Comisión Europea»: «Al principio nos decían que había unas cincuenta personas sin estabilizar, ahora ellos mismos reconocen que tienen 6.000 interinos o más en esta situación», exclama José M, que considera que la bolsa de trabajo anunciada por el ejecutivo catalán «aún perjudicará más» a los interinos sin plaza fija: «¡Es una medida injusta!», continúa. Así pues, en respuesta al anuncio de la Generalitat y ante la falta de cambios estructurales por parte de los gobiernos, tanto español como catalán, los interinos y las organizaciones sindicales han unido fuerzas nuevamente para presionar a la Moncloa y exigir que se cumplan las directrices europeas.

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