Giro radical en la estrategia empresarial de Glovo en el estado español. Tras años de batallas judiciales y multas, la compañía ha tirado la toalla y ha anunciado por sorpresa que contratará a los repartidores de la plataforma. En un comunicado, la polémica empresa tecnológica ha explicado que impulsará un “nuevo modelo laboral” que permitirá “la operativa con repartidores” contratados en las más de 900 ciudades donde opera. La decisión afecta todas las verticales de la aplicación y llega un día antes de que el consejero delegado de la empresa, Òscar Pierre, declare como investigado en el Juzgado de Instrucción número 31 de Barcelona por obligar a sus repartidores a hacerse autónomos para trabajar en la plataforma.
Según ha anunciado Delivery Hero, la criticada tecnológica con sede en Barcelona busca «evitar incertidumbres legales que conduzcan a un aumento de contingencias». La firma sostenía una larga batalla contra las administraciones españolas a raíz de la aprobación de la Ley rider, que obligaba a laboralizar los contratos de sus repartidores. Debido a la negativa a eliminar la condición de falsos autónomos de los riders, Glovo se enfrenta a multas que ya superan los 200 millones de euros. Con todo, ha sido «la dirección» la que ha decidido «cambiar de un modelo autónomo a otro basado en el empleo para sus repartidores» en el Estado español. Aplicarán la nueva estructura en las más de 900 ciudades donde aún opera la empresa, y en todas las ramas de su negocio.
La matriz alemana, sin embargo, aumenta sustancialmente la dedicación a resolver estas reclamaciones judiciales: según el comunicado, asumirá un golpe de entre 440 y 770 millones de euros, un crecimiento sustancial respecto de los 330-550 millones registrados en sus últimos resultados semestrales, correspondientes a la primera mitad de este año. El gasto serviría para cubrir los costos de seguridad social de los empleados regularizados, las reclamaciones fiscales por aportaciones a cuenta de la empresa y las sanciones ya impuestas por el regulador estatal. En total, cumplir la ley supondrá un impacto sobre el balance de Glovo de unos 100 millones de euros anuales. A pesar de ello, esperan que la rama española «genere un ebitda ajustado positivo» en el año fiscal 2025.
Celebración en Moncloa
La batalla contra las irregularidades de Glovo ha sido, ya desde la anterior legislatura, una de las que más abiertamente ha librado la ministra de Trabajo y vicepresidenta segunda del gobierno español Yolanda Díaz, que ha sentenciado a menudo que «el peso de la ley caerá» sobre las empresas que rechacen la laboralización de los riders. En un tuit posterior al anuncio de Delivery Hero, Díaz ha afirmado que «ninguna gran empresa está por encima de la ley». «Las leyes están para cumplirlas, sin excepciones», añade la titular de Trabajo. Según las cifras con las que trabaja el ministerio, la decisión empresarial supone que unos 60,000 trabajadores pasen a estar regularizados. «Es el movimiento de afiliación más importante de la historia del Estado», ha declarado desde Bruselas.
Pierre, ante el tribunal
El cambio de parecer de Glovo llega solo un día antes de que su fundador, Oscar Pierre, tenga que declarar como imputado ante un juzgado por un delito de vulneraciones de los derechos de los trabajadores. La Fiscalía asegura que las pruebas presentadas demuestran que la firma de reparto a domicilio mantuvo la relación de falsos autónomos con los riders más allá de la entrada en vigor de la ley y la decisión del Tribunal Supremo del 2020 que obligaba a regularizar la plantilla. Los trabajadores, cabe decir, buscan que se investigue a la empresa por otros delitos, como contra la Seguridad Social, u otras transgresiones de carácter fiscal; y no descartan presentarse como acusaciones particulares para añadir estos agravios a la causa.
