El vicepresidente internacional de Glovo, Arnau Cortés, ha defendido en el juicio que enfrenta a la compañía catalana con Just Eat que prefieren operar con autónomos, donde la legislación lo permite, porque el repartidor así «lo prefiere». Una afirmación que ha sorprendido a la defensa, que ha insistido en preguntar si los trabajadores son partidarios de «ser autónomos, trabajar 12 horas y cobrar 40 pavos«, tal como detallaron algunos trabajadores en la jornada anterior del juicio. «No sé si trabajan 12 horas», ha respondido Cortés a la primera pregunta.
Glovo apostó en diciembre de 2024 por un cambio de modelo que dejaba atrás a los repartidores autónomos y apostaba por trabajadores asalariados. En la declaración judicial, que recoge Europa Press, Cortés ha detallado que el 80% de los trabajadores ya tienen contrato laboral y que este cambio no les ha generado grandes pérdidas económicas. El directivo de Glovo ha explicado que el costo por cada pedido será de entre 5,12 euros y 6,89 euros, por encima de los 4,5 que costaba cuando la plantilla la conformaba personal autónomo.
Durante el juicio, tres trabajadores de la compañía han manifestado trabajar más de 12 horas diarias para Glovo, un aspecto que ha aprovechado la defensa de Just Eat para preguntar si el cambio de modelo, de autónomos a asalariados, les permite tener trabajadores a 12 horas. «La verdad es que no soy experto en materia laboral», ha respondido Cortés. El directivo ha enmarcado el cambio en un intento de llegar a cadenas o tiendas que no querían trabajar con ellos por su modelo laboral.
Acusaciones de exclusividad y de penalizaciones a los repartidores
La empresa Just Eat ha denunciado a Glovo por «competencia desleal» y pide una indemnización de 295 millones de euros. Entre otras, también acusa a la compañía nacida en Barcelona de forzar a algunas cadenas a firmar contratos de exclusividad. Cortés lo ha desmentido, aunque sí ha matizado que firman una especie de contratos de dos años de duración en los que se les mejora las condiciones económicas si concentran un determinado volumen de pedidos con Glovo. Cortés asegura, en todo caso, que las cadenas son «libres» de abandonar el contrato en cualquier momento.
El otro aspecto espinoso que se juzga son las penalizaciones a los trabajadores que rechazaban alguna entrega. Los riders que han declarado aseguran que no recibían pedidos durante una hora si habían descartado previamente hacer alguna entrega. Un perito contratado por Glovo asegura que otros compañeros han afirmado que «no ha habido repercusión».
El magistrado de la defensa ha preguntado por qué su informe no recoge que el 40%, «un porcentaje significativo», manifestaban lo contrario. «Nos dimos cuenta de que había un problema de entendimiento muchas veces, porque hay muchos de los riders que son pakistaníes y que entender la pregunta a veces les costaba. Y de eso llegamos a la conclusión en 2, 3 preguntas. No sé si era esta o no sé cuál era, pero mayoritariamente todas las preguntas coincidían con nuestra percepción», ha respondido Cortés.
