«El último convenio ya lo firmamos en el comité de huelga», recuerda Bernardo Fuentes, de la sectorial del metal de la UGT FICA de Cataluña. El acuerdo que rige las condiciones laborales de los trabajadores metalúrgicos de Barcelona hace tiempo que es un documento más que caliente. Los dos sindicatos mayoritarios, la misma UGT y Comisiones Obreras, y la Unión Patronal Metalúrgica, la organización que representa a los patrones en la mesa sectorial, no han sido capaces de negociar sin armas bajo la mesa. El último documento, aún vigente, debía sacar a los empleados del pozo de una larga crisis inflacionista, que recortó sustancialmente su poder adquisitivo. Ahora, sostiene Fuentes, el mundo empresarial «se siente fuerte» por la «situación política del país»: el enfrentamiento constante de la patronal española, la CEOE, con la Moncloa, ahora con la reducción de jornada a 37,5 horas semanales como campo de batalla, impulsan a la UPM a hacer demandas muy lejanas a las que pone sobre la mesa la parte social. Hasta el punto de que, el pasado jueves, se cerró la séptima mesa negociadora no solo sin acuerdo, según fuentes presentes en la conversación, sino sin ningún fundamento para que haya uno. El secretario general de la federación de industria de CCOO en Cataluña, Josep Rueda, en declaraciones a este medio, lanza un ultimátum: «el 16 de septiembre tenemos otra reunión. Si ese día la patronal no nos ha hecho una propuesta para encarar el convenio, en octubre iremos al conflicto«.
Según las fuentes sindicales consultadas, la plataforma reivindicativa parte de unas mejoras salariales coincidentes con el Acuerdo Estatal para la Negociación Colectiva, ratificado por UGT, Comisiones Obreras y la CEOE. El pacto recomienda subidas salariales de un 3% cada año de vigencia de un convenio colectivo, ampliables hasta el 4% según el rendimiento de cada sector. Para Rueda, todo parte de aquí: «no firmaremos ningún convenio que quede por debajo del AENC». La patronal, sin embargo, habría tomado un punto de partida lejano al de los representantes de las plantillas, a pesar de que aún no ha detallado su propuesta. Consultada por este medio, la UPM ha declinado hacer comentarios, a la espera de elaborar un posicionamiento conjunto. Además, destacan, las propuestas que se han hecho hasta ahora buscan erosionar algunas garantías retributivas que el pasado convenio sí concedía, como la compensación y absorción de los aumentos salariales. En el acuerdo que rigió el sector el último trienio, mediante una transitoria, los sindicatos lograron evitar esta compensación y absorción -es decir, evitaron que las mejoras de los sueldos a cuenta de convenio se pudieran descontar de las subidas de sueldo individuales anteriores, pactadas entre empresa y trabajador-. «El convenio debe servir para mejorar el sueldo de todos los trabajadores, independientemente de su situación y de cómo negoció su contrato cada uno», argumenta Fuentes.
También chocan en lo que corresponde a la cláusula de garantía salarial según el IPC, que debería proteger el poder adquisitivo de las nóminas ante subidas de la inflación; un punto que, cabe recordar, también se alcanzó ahora hace tres años, en el acuerdo de 2022. Se trata de una palanca que algunas patronales, especialmente en el ámbito industrial, han rechazado en los últimos años, especialmente a raíz de la crisis de precios a causa de la guerra en Ucrania. Entonces, en el caso del metal, el Tribunal Superior de Justicia de Cataluña garantizó a las plantillas barcelonesas una subida de sueldo del 7% «que no nos querían pagar». «Y, aun así, el sector funciona perfectamente. No ha caído el mundo», sentencia Rueda, negando las alarmas empresariales sobre los efectos de las subidas de sueldos. Con todo, los sindicatos aseguran que «no se dará ningún paso atrás cuando ya hemos conquistado elementos importantes». El representante de CCOO ve estos retrocesos en el ámbito salarial una estrategia negociadora. Acusa a la UPM, de hecho, de «querer llevarnos al abismo» para acabar sacando adelante el convenio solo con las mejoras salariales, «y que el resto caiga». «Pero, esta vez, no será así».
La distancia entre las dos partes de la mesa, por ahora, es total. Fuentes, sin embargo, es optimista; no por las concesiones que puedan hacer los patrones, sino por la capacidad de movilización del sector. «Mantienen el enfrentamiento hasta que se dan cuenta de que la situación de bloqueo solo lleva al conflicto duro», sostiene el ugetista. Ambos sindicatos consideran que las plantillas están tan preparadas para salir a la calle como en 2022, cuando sentaron a los empresarios a la mesa en medio de la huelga. «El día 1 de julio hicimos una jornada de concentración improvisada y tuvimos un resultado fantástico; y lo hicimos sin forzar la máquina», avisa el representante del metal.
El atasco de la reducción de jornada
Los sindicatos hace tiempo que alertan del riesgo que supone para los nuevos convenios colectivos el bloqueo de la reducción de jornada por ley. Para el mundo empresarial, las 37,5 horas deberían formar parte de la negociación colectiva, y, por tanto, en algunos ámbitos bloquea las conversaciones para los acuerdos marco, tanto estatales como locales. Para Fuentes, frenar la aprobación del convenio por esto no tiene sentido, en tanto que «es una reforma que hará el gobierno español y, por tanto, nos tendremos que adaptar a las condiciones que ponga, de una forma u otra». Rueda, por su parte, denuncia que la UPM ha rechazado las aproximaciones sindicales para poner la cuestión sobre la mesa de la negociación colectiva. «La CEOE dice que es una aberración sacar esto del diálogo entre empresas y sindicatos pero, cuando lo proponemos, nos dicen que ni hablar. Hace 30 años que estoy en el sector, y nunca se ha rebajado la jornada de forma significativa», critica. La única modificación que se ha hecho al respecto ha sido un permiso retribuido de 12 horas que, de hecho, también se tuvo que llevar al TSJC.
Más allá del estado de las nóminas, los trabajadores del metal de Barcelona exploran ampliar los derechos de las plantillas con, por ejemplo, mejores garantías de seguridad laboral; o proyectos de igualdad más ambiciosos. Desde CCOO hacen referencia, entre otras cuestiones, a fijar por convenio ayudas a trabajadoras que hayan sido víctimas de violencia machista. Entre otras cosas, se plantea flexibilizar el turno de la persona afectada para evitar cualquier contacto con su agresor; o una posible excedencia de seis meses garantizada por el acuerdo sectorial.
La bandera patronal del absentismo
Otra de las posiciones patronales que denuncian los sindicatos es la campaña contra lo que llaman absentismo laboral, que se ha apropiado de buena parte de su discurso últimamente. Según UGT y Comisiones, la UPM busca «añadir una referencia al absentismo» en el convenio, un punto que la parte social no acepta. «La consigna es que los trabajadores faltan al trabajo porque quieren, y que los médicos facilitan la baja. Pero absentismo significa ausencias porque quieres; todo lo demás son derechos laborales», argumenta Rueda. A pesar de que, de cara a este convenio, aún no hay una propuesta cerrada, desde Comisiones consideran que concederlo abriría la puerta a, en el futuro, aplicar cláusulas regresivas. «Quieren poner la pica en Flandes para que, después, acabemos hablando de medidas concretas», sostiene el secretario general de industria; como represalias contra los trabajadores que estén de baja o en permisos reconocidos por el convenio más de un porcentaje de la jornada anual. Fuentes se opone diametralmente: «las mejoras a la ley de familias deben aplicarse al convenio, y hasta en esto nos están poniendo peros». En estas condiciones, todo parece abocado a un choque directo el próximo octubre, en paralelo a los que se prevén en convenios colectivos de la relevancia del de la construcción o las oficinas y despachos. Barcelona, pues, espera un nuevo otoño laboral caliente.
