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Cop de puerta de la CEOE a negociar la reducción de jornada laboral

El Comité Ejecutivo extraordinario de la Confederación Española de Organizaciones Empresariales (CEOE) ha rechazado por “unanimidad” la propuesta del Ministerio de Trabajo para negociar la reducción de la jornada laboral a 37,5 horas semanales. “CEOE y Cepyme, desde la responsabilidad, no pueden apoyar la propuesta”, ha sentenciado en un comunicado. La medida debería entrar en vigor a partir de 2025, pero las patronales no quieren ni oír hablar de ella.

El Ministerio de Trabajo y los sindicatos hace tiempo que tienen un acuerdo, pero las negociaciones con la patronal han sido infructuosas y no han logrado encontrar un punto de acuerdo. “Modificar por ley cuestiones que son materia propia de los convenios colectivos, como la reducción de jornada, y que, de hecho, ya se están pactando de manera bilateral en los convenios, supone una intromisión en la autonomía de la negociación colectiva, consagrada en el artículo 37.1 de la Constitución”, defienden.

Una imagen de archivo de la vicepresidenta segunda del gobierno español, Yolanda Díaz; el presidente de la CEOE, Antonio Garamendi, y el secretario general de CCOO, Unai Sordo / Europa Press
Una imagen de archivo de la vicepresidenta segunda del gobierno español, Yolanda Díaz; el presidente de la CEOE, Antonio Garamendi, y el secretario general de CCOO, Unai Sordo / Europa Press

Golpe a la negociación colectiva

Las dos organizaciones empresariales advierten que, si se aprueba por ley la reducción de jornada, se debilitará el marco de la negociación colectiva, que ha sido “fundamental para mantener la paz social durante los últimos 40 años”. Además, advierten que, en la práctica, “abocará a muchas empresas, especialmente pymes y autónomos, a una reorganización forzada que llevará al límite su capacidad de organización interna y su supervivencia”.

Las patronales, contrariamente a lo que defienden Trabajo y los sindicatos, consideran que la medida “difícilmente” servirá para aumentar la productividad del tejido productivo español, que en el 98% está formado por pymes y autónomos. También pone en riesgo la supervivencia de los sectores que más aportación hacen al PIB, que son los servicios y el turismo. “Adoptar medidas como esta, con carácter general, tiene poco sentido si se tienen en cuenta las grandes diferencias que existen entre los diferentes sectores económicos y entre comunidades autónomas”, insisten.

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