Una nueva auditoría elaborada por Eticas Tech en colaboración con Taxi Project y el Observatorio TAS ha encontrado varias rendijas en el algoritmo de las VTC de plataformas. Según el estudio, el software que organiza los servicios de firmas como Uber, Bolt o Cabify provoca «discriminación contra los trabajadores de plataformas«. La entidad asegura en su documento que las plataformas de movilidad compartida incumplen la normativa de trabajo en cuestión como las ausencias justificadas a la actividad laboral. «Los algoritmos pueden sancionar los conductores» mediante penalizaciones que pueden llegar a bloquear el acceso a la aplicación –la única manera de encontrar carreras–, un procedimiento conocido como «robodespido».
Según uno de los conductores consultados por Etica y Taxi Project para la elaboración del estudio, los conductores «no pueden rechazar ni un solo minuto de las horas asignadas» bajo ningún motivo –incluso aquellos justificados por la legislación laboral–, ya que se expondrían en un importante riesgo de «multas, recortes salariales o incluso despido» por parte de un perfil de empresas que continúan asegurando que sus colaboradores son trabajadores por cuenta propia. Además de la severidad de las sanciones, la opacidad del mismo software bloquea el acceso a cualquier información sobre los comportamientos que pueden ser castigados. «El proceso de decisión en las aplicaciones de movilidad compartida no especifica qué constituye una excesiva o injustificada cancelación de carreras», denuncian los autores del documento.
En este sentido, las organizaciones detrás de la auditoría exigen una mejor aplicación de la normativa laboral hacia la actividad de plataformas. En primer lugar, reclaman la inclusión de los conductores de aplicaciones de movilidad compartida en las provisiones previstas por la Ley Rider, con el correspondiente reconocimiento como trabajadores por cuenta ajena –y no contratistas autónomos– . Por otro lado, si bien Eticas y Taxi Project alaban la ambición de la norma en el control de las aplicaciones sobre sus trabajadores, reclaman «mecanismos de aplicación más robustos» en ámbitos como la transparencia algorítmica.
Discriminación socioeconómica
Más allá de los incumplimientos en legislación laboral, la auditoría denuncia «discriminación geográfica por precios» en el establecimiento de cuotas de los algoritmos de las VTC. «Las plataformas cobran ratios diferentes por el mismo servicio en localizaciones diversas», apuntan los autores. Según los hallazgos detallados al documento, «los consumidores en barrios con bajos ingresos tienden a pagar cuotas más elevadas por sus viajes a las VTC». Esta tendencia, aseguran, coincide con las conclusiones de varios estudios recientes, apuntando que «los distritos con grandes poblaciones no blancas, con más altos niveles de pobreza, residentes más jóvenes y altos niveles educativos se asocian con costes más altos» en los servicios de este tipo de aplicaciones.
En este sentido, los autores del informe –si bien reconocen que la muestra para estas conclusiones no es la más ancha– cuestionan el cumplimiento por parte de los servicios de plataformas de la Ley de protección general de los consumidores y usuarios. «La natura opaca de los algoritmos de precios de Uber, Cabify y Bolt hace difícil determinar si usan criterios objetivos por las diferencias en las condiciones de acceso, pero nuestro análisis sugiere que este problema reclama una investigación más profunda, tanto legal como social», plantean los auditorios.
Prácticas anticompetitivas
Según los datos facilitados por Eticas y Taxi Project, los algoritmos de precios de las tres principales plataformas de movilidad compartida en el Estado muestran «altas correlaciones de precios» en las rutas en que coinciden, especialmente alrededor del sistema de precios de Uber. Las coincidencias, aseguran, sugieren una «coordinación de los algoritmos de Cabify y Bolt» con las escalas de ratios por carrera de Uber. Los autores denuncian el fenómeno como una «posible violación de la ley de defensa de la competitividad» del Estado. «Una coordinación indirecta de precios con el algoritmo crea un terreno de juego desigual y hace daño al resto de actores del mercado, como ahora el taxi u otras nuevas empresas», concluyen.
