El abuso de la temporalidad en el sector público podría costar miles de millones de euros a las administraciones españolas. El estado, las comunidades y los ayuntamientos podrían tener que pagar unos 3.000 millones de euros en indemnizaciones laborales a trabajadores públicos que han estado con un contrato laboral más tiempo del permitido por la normativa de la Unión Europea, según estimaciones del despacho laboralista Zeres Abogados. Su observatorio calcula que alrededor del 30% de los trabajadores públicos temporales podrían recibir una indemnización que superaría “holgadamente los 10.000 euros en buena parte de los casos” por abuso de temporalidad.
El despacho de abogados laboralistas avisan que hay varias sentencias europeas pendientes de dictaminar que podrían obligar a las administraciones a pagar indemnizaciones millonarias “si no los hacen indefinidos”. Las indemnizaciones por abuso de temporalidad pueden ser de 33 días por año trabajado o incluso superiores, según ha reconocido el Tribunal Superior de Justicia de Galicia en aplicación de la doctrina del Tribunal de Justicia de la Unión Europea (TJUE) en un caso llevado por el propio despacho. El último Observatorio Zeres apreció que en el España hay un millón de trabajadores públicos temporales, un tercio de los cuales se encontraría en situación de abuso de temporalidad.
Las sentencias del TJUE, con sede en Luxemburgo, ha rechazado repetidamente el abuso de temporalidad en el sector público, donde hay trabajadores que encadenan contratos temporales durante más de tres años. La justicia europea considera “inválidas” las soluciones propuestas por España, como el mantenimiento de los afectados hasta que se convoquen procesos selectivos para incorporarse a la función pública o pagar compensaciones económicas con un límite máximo de 20 días por año trabajado con un tope de 12 meses.
Las dos alternativas que propone Europa
El socio director de Zeres, el laboralista Fabián Valero, recuerda que la justicia europea ha dado dos alternativas a las administraciones públicas incumplidoras: pagar una compensación económica justa a los trabajadores afectados o hacerlos fijos. Según Valero, la segunda posibilidad es la que “genera más rechazo en las administraciones públicas, a pesar de que es la medida que recomienda el TJUE para frenar la elevada tasa de temporalidad que hay en España”.
Respecto a las indemnizaciones, la justicia europea asegura que “no poder estar limitadas a 20 días por año trabajado”, por lo cual las cantidades finales son “difíciles” de calcular. “En cualquier caso, pueden ser de miles de euros, más si tenemos en cuenta la posibilidad que se indemnice no solo un posible despido, sino el hecho de haber estado en una situación de fraude”.
