La campesinado ha empezado temprano su nueva semana de movilizaciones contra las instituciones comunitarias. Campesinos gerundenses cortan desde las doce y media de la madrugada la AP-7 a la altura de Pontós, en el Alt Empordà. Los primeros tractores han bloqueado la vía pública durando toda la noche, si bien se espera que se añadan más manifestantes durante la mañana. También han conseguido cortar la N-II, que transita por debajo de la autopista, con arbolado cortado de la zona. Las marchas, convocadas por Unión de Campesinos y la plataforma Revuelta Campesina, se habían concretado para las ocho, si bien la protesta se ha avanzado, y se espera que se sostenga durante el resto de la jornada.
A pesar de que el campo catalán continúa identificando una serie de agravios que afectan sus condiciones de vida, las protestas de esta semana tienen un foco claro: las instituciones comunitarias. En concreto, el campesinado del país apunta a los tratados de libre comercio de la Unión Europea con países terceros, culpables, en sus ojos, del «dumping de precios» que sufren por parte de productores menos regulados y con costes más reducidos. En este sentido, Unión de Campesinos y Revuelta Campesina de Girona han optado para establecer sus cortes cerca de los pasos fronterizos con Francia, en una acción conjunta con el sindicato francés Confédération Paysanne, que también participará en «algunos puntos de concentración».
Contra el tratado de Chile
En concreto, los campesinos catalanes dirigen su llamamiento a los parlamentarios europeos para que voten en contra del tratado comercial con Chile, que se debatirá al legislativo comunitario esta misma semana. Desde la Unión denuncian que, si bien se han introducido cláusulas para igualar las condiciones de producción europeas con las de los agricultores y ganaderos chilenos, estas no son vinculantes. Por lo tanto, las suyas reclamaciones en cuanto al comercio internacional no se aplicarán a la práctica. En caso de que se acabe aprobando el tratado, denuncian desde Unión de Campesinos, «no se podrá aceptar como modelo a seguir», en cuanto que no introduce las regulaciones que exige el sector en toda Europa.
Más allá de la cuestión comercial, el campesinado reitera la necesidad de reducir la burocracia que sufre el sector. A pesar de que el ministerio de Agricultura –tal como confirmó su secretario general Fernando Miranda en una reunión con los campesinos la pasada semana– ya se ha comprometido a retirar medidas polémicas, como por ejemplo la obligatoriedad del Cuaderno de Camp Digital, la principal organización agrícola catalana dirige la crítica hacia Bruselas, que considera «la principal emisora» del papeleo que castiga los productores.
