Madrid empieza a sufrir la tensión generada por las protestas del campesinado. Las marchas «pacíficas» de los productores de todo el Estado –con medio millar de catalanes a sus filas, coordinados por Unió de Pagesos– han provocado las primeras reacciones policiales durante la mañana, con cargas contra los manifestantes. La concentración, que se dirige al ministerio de Agricultura, ha superado las expectativas de los organizadores. Según Unión de Uniones, se esperaba una afluencia de entre 500 y un millar de tractores provenientes principalmente del campo castellano; si bien finalmente se han acercado cerca de 1.500 vehículos. El éxito de la convocatoria, de hecho, ha levantado la resistencia de las autoridades. «Quieren que entren 500 tractores, pero no están dispuestos a dejar pasar los otros 900 que están retenidos en la entrada de Madrid», declara el coordinador de Unión de Uniones Luís Cortés; asegurando que los que ya colapsan las calles de la capital española «los esperarán hasta que entren».
La marcha, que tenía que acabar a la madrileña Plaza de la Independencia, estaba prevista desde hacía semanas. Aun así, las administraciones no parecen preparadas para su recibimiento. El ministro de Agricultura, Luis Planas, no está presente para recibir los campesinos. «Ha huido como un conejo hacia Bruselas», ironiza el coordinador de Unión de Uniones. Los golpazos de las uniones del campo español hacia el ministerio han estado constantes: sin ir más lejos, tildaron su paquete de 18 medidas para paliar la crisis del sector de «humo» y «puro maquillaje». Más allá de la carencia de respuesta de Agricultura, sindicatos agrarios afean la mala preparación de la Delegación del Gobierno en la comunidad autónoma. «Han incumplido los plazos y han querido cambiar todos los recorridos», espetan las organizaciones campesinas. Así, Cortés ha argumentado que «si ellos incumplen la Ley de Seguridad Ciudadana, nosotros también lo haremos».
Medidas «superficiales»
Unión de Uniones ha mantenido, así, su manifestación a Madrid a pesar de la respuesta del ministerio de Agricultura de la pasada semana. El ministro Planas, en una comparecencia a raíz de las acumuladas movilizaciones campesinas –y después de una reunión con las OPAs del campo, Asaja, UPA y COAG– puso sobre la mesa un paquete de 18 medidas centradas en algunos de los temas que han levantado las marches campesinas, como por ejemplo la competencia desleal de los mercados internacionales o las regulaciones ambientales. A pesar de la voluntad del titular del ramo, Unión de Uniones ha criticado la carencia de concreción de algunas de las medidas, y ha reclamado ampliar y aterrizar el marco regulador en beneficio del campesinado. Entre otros ejemplos, los sindicatos agrarios exigen endurecer la Ley de la Cadena Alimentaria, e identificar con cifras concretas de cuota de mercado qué cadenas de supermercados tienen «posiciones de dominio» sobre la distribución alimentaria. También reclaman aplicar las cláusulas espejo a los tratados internacionales, unos añadidos a los entendimientos que obligan los países exportadores a cumplir la normativa europea –hecho que disminuiría la diferencia de precios que hunde las ganancias del campesinado local–. Ante la inacción ministerial, Unión de Uniones ha ido un paso más allá en su crítica a Planas: «si esto es el que propone el ministro, el ministro no puede continuar siéndolo ni un minuto más».
Afluencia desde Cataluña
Unió de Pagesos es, como recordaba recientemente su presidente Joan Caball, «una de las grandes organizaciones» de Unión de Uniones. Así, Cataluña ha levantado una flota de medio millar de manifestantes para reclamar ante el ministerio de Agricultura «poder trabajar y vivir dignamente». «El movimiento de protestas que se ha iniciado, hasta que no haya respondidas reales no tiene que parar», declara Caball; profundizando en la crítica de la organización al nuevo paquete regulador que ha puesto sobre la mesa el ministro Planas. En este sentido, el presidente ha mostrado su rechazo a la reacción de las autoridades ante la movilización campesina. «Todos querríamos estar en casa, sobre el tractor, haciendo el trabajo que nos toca», declara el campesino; acusando «los poderes del Estado» de impedir el ejercicio del «derecho a la manifestación» por parte de los trabajadores del campo.
Rendijas políticas
La línea política de las manifestaciones de campesinos ha estado marcadamente divergente a los varios territorios del Estado. En muchas regiones, la extrema derecha se ha acercado e incluso ha colaborado. Miembros de la misma Unión de Campesinos incluso los acusan de estar detrás de algunas de las convocatorias, especialmente en el centro de la península; y el fines hace poco portavoz y asesor jurídico de la plataforma 6-F –el espacio que ha articulado las protestas españolas, sin presencia en Cataluña– era el ultra Xaime da Pena, el abogado detrás de la financiación de la difamada lona de Desokupa contra Pedro Sánchez y próximo a figuras centrales de la reacción en el Estado, como por ejemplo el extremista Alvise Pérez.
Los puntos del discurso de la ultraderecha han tenido representación a la marcha sobre Madrid; así como lo han tenido las esteladas y otros símbolos democráticos, especialmente por parte del campesinado catalán. Ahora bien, Caball ha sacado hierro a las divergencias, apuntando que la protesta ha dado espacio porque «todo el mundo pueda defender legítimamente sus posiciones». «Aquí hoy el que somos es campesinos, y todo el resto sobra», declara el mismo presidente.
